Redacción Canal Abierto | En línea con el accionar sobre políticas de género desplegado desde su asunción, el gobierno de Javier Milei informó que no respetará la paridad de género en la designación de nuevos jueces para la Corte Suprema de la Nación.
Lo hizo a través de un escrito de la Procuración del Tesoro, órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado que depende de Rodolfo Barra, en respuesta al pedido presentado por un grupo de organizaciones feministas vinculadas al Poder Judicial que vienen reclamando hace tiempo más presencia de mujeres en el máximo tribunal.
Para la Procuración, el asunto se trata de una “discusión social” que el Gobierno no está obligado a atender. “Se advierte que es un parámetro a tener en cuenta, pero no una obligación. No establece que debe asegurarse la propuesta de una mujer o un determinado cupo”, asegura el escrito.
No hacerlo significa, además, poder sostener las postulaciones de Manuel García Mansilla, para sustituir en diciembre a Juan Carlos Maqueda, y de Ariel Lijo, para ocupar la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco. Esto completaría un tribunal de cinco varones, en el caso de que sus pliegos fueran aprobados, lo que según la Procuración considera que se sustenta en “sus cualidades profesionales, técnicas, laborales y personales, y no en la aplicación de criterios discriminatorios”.
De discriminaciones y oportunidades
El pedido tomó forma de amparo colectivo —impulsado por la Red Mujeres para la Justicia, en representación de un colectivo integrado por mujeres abogadas, juezas, funcionarias judiciales, de los ministerios públicos fiscales y de la defensa que reúnen las condiciones para ser magistradas de la Corte—, para que la Justicia declare inconstitucional y anule el nombramiento de otros dos varones a la Corte Suprema, “por violar sus obligaciones convencionales, constitucionales y reglamentarias”.
Desde la Red —junto con Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)— sostienen que “en 162 años de historia, solo tres mujeres (frente a 104 hombres) lograron alcanzar el cargo de jueza de la Corte Suprema. Frente a ello, es un deber del Poder Ejecutivo promover mujeres para la Corte que reúnan las altísimas cualidades, idoneidad y compromiso con los derechos que se requieren para semejante función”.
Luego agregan: “La discriminación estructural e histórica de las mujeres en la sociedad les ha impedido el acceso a los puestos de mayor jerarquía en el Estado en general, en el Poder Judicial en particular, y más específicamente en la Corte. Pese a que, en el sistema judicial argentino, el 57% del personal del Poder Judicial está conformado por mujeres, ellas ocupan solo el 31% de los cargos de magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal y solo el 29% de las máximas autoridades del Poder Judicial”.
El amparo fue presentado el 18 de junio pasado ante el Juzgado 8 en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, quien aceptó su competencia. Pero luego rechazó dictar la medida cautelar para evitar la designación de Lijo y García Mansilla hasta que no se resolviera el planteo de fondo.
Un lucha de larga data
En 2021, la Red ya había enviado una carta al entonces presidente Alberto Fernández tras la renuncia de Highton de Nolasco bajo la premisa “Una Argibay en la Corte”, para que en “un paso sustancial hacia la consolidación de una democracia seria” se designase “a una feminista en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
La carta hacía referencia a Carmen Argibay quien, si bien no fue la primera mujer en ocupar un cargo en el máximo tribunal, fue la primera en ser nominada por un gobierno democrático y, sin dudas, fue la primera feminista en esa banca.
Si bien existen distintos proyectos de ley en el Congreso para legislar sobre la paridad de género en la Corte Suprema —como en el impulsado por las diputadas de Unión por la Patria Gabriela Estévez y Mónica Macha, entre otros—, los mismos aún no se han tratado.
Por otro lado, el 12 de julio un grupo de doce organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores para que no dé inicio a la audiencia pública de designación de los dos jueces propuestos por el Poder Ejecutivo “por ser inconstitucional y discriminatoria”.
En ella explicaban que “los momentos de mayor participación política de las mujeres en el máximo tribunal coincidieron con importantes avances en materia de género”, como la creación de la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte”.