Redacción Canal Abierto | La visita de diputados de la bancada oficialista a represores condenados por delitos de lesa humanidad durante el genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar, terminó siendo un tiro en el pie para los legisladores implicados y para La Libertad Avanza.
Entre la justificación y distintos grados de desentendimiento, los visitantes Lourdes Arrieta, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra fueron entendiendo que ni aún en el contexto en el que una militante negacionista llega a la vicepresidencia de la Nación, relativizar el Nunca Más es gratis y hoy enfrentan pedidos de expulsión de la Cámara baja.
Con el correr de los días, el rumor se fue transformando en certeza y esta se fortaleció con una foto en la que, cual personajes del año de la revista Gente, legisladores y genocidas posan en el pabellón.
Pero, ¿quiénes son y qué hicieron las personas allí confinadas, a las que la diputada Lilia Lemoine describió como “octogenarios condenados a pena de muerte en goteo”?
El más conocido, incluso para quienes nacieron décadas después del horror, es Alfredo Astiz. El marino se había infiltrado conocido como “el Ángel de la muerte” y condenado por infiltrarse en el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz. Allí se juntaban familiares de desaparecidos, condición por la que se hizo pasar bajo el nombre de Gustavo Niño. Sus informaciones fueron la base para la desaparición de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. También logró infiltrarse en el Comité Argentino de Información y Solidaridad en París.
Su verdadera identidad fue descubierta por los militantes cuando vieron su cara en una revista. La foto daba cuenta de la rendición de la división que comandaba sin disparar un solo disparo contra el ejército británico.
Astiz beneficiario de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante el gobierno de Alfonsín. A partir de esto gozó de plena libertad para circular por el país. No así allende las fronteras, ya que pesaban sobre él dos pedidos de captura internacional. Uno de Suecia, por la desaparición de la joven sueco-argentina Dagmar Hagelin, y otro de Francia, por las de Domon y Duquet.
Sin embargo, fue uno de los primeros alcanzados por la justicia popular, cuando un militante lo reconoció en un bar de Bariloche y le dio una trompada.
La Justicia recién logró avanzar sobre él tras la anulación de las leyes de impunidad. En 2011 fue condenado a prisión perpetua por los crímenes cometidos en la ESMA.
Raúl Guglielminetti es a quien señalan como la persona que entregó a los diputados oficialistas el proyecto para que los condenados por delitos de lesa humanidad cumplan su pena en sus hogares.
Su condición de civil no le impidió participar de la represión ilegal. Sindicado como miembro de la Triple A y la banda de Aníbal Gordon, siguió su tarea una vez instaurada la dictadura. Tiene condenas por su accionar en el Centro Clandestino de Detención y Exteminio Automotores Orletti.
La caída de la dictadura lo trató mejor que a muchos de sus colegas. No sólo sus fechorías pasaron por alto en los albores, sino que pudo mantener su puesto y llegó a ser custodio personal del entonces Presidente Raúl Alfonsín.
La noche le llegó cuando la investigación por el secuestro y posterior asesinato del empresario Osvaldo Sivak llevó a la superficie al Grupo Alem, un equipo de inteligencia paralela que se dedicaba a secuestos extorsivos. Si bien la Justicia no probó que Guglielminetti hubiera participado en ese caso puntual, su prontuario salió a la luz y su pasado lo llevó al banquillo de los acusados.
Las leyes de impunidad lo salvaron del juicio y castigo. Pero todo cambió cuando éstas fueron anuladas a comienzo de siglo. En 2006 fue capturado por Interpol en una quinta en Mercedes.
Mario “El Cura” Marcote fue miembro del Servicio de Informaciones y está condenado a 17 años de prisión por hecho ocurridos en Rosario.
Los jueces Jorge Sebastián Gallino, Cintia Graciela Gómez y Mateo Busaniche consideraron a Marcote coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público, por mediar violencia y amenazas y por su duración superior a un mes, en perjuicio de Nilda Virginia Folch y José Baravalle; por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público, por mediar violencia y amenazas, en perjuicio de Ricardo Miguel Chomicki y Graciela Porta; por la aplicación de tormentos calificados contra un perseguido político, en perjuicio de Chomicki; y por el delito de violación agravada por ser el imputado encargado de la guarda de la víctima, en perjuicio de Nilda Folch.
Miguel Britos, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal cumple su condena por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).
En 2021 fue condenado a perpetua al ser encontrado coautor responsable de homicidio calificado por alevosia y por haber sido cometido por el concurso premeditado de dos o más personas de Eduardo Edelmiro Ruival en concurso con la privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, como por mediar violencia y amenazas, que damnificó Adriana Claudia Marandet, quien permanece desaparecida.
Marcelo Cinto Courtaux, jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. Su hijo, que lleva su mismo nombre, fue asesor de la Vicepresidenta Victoria Villarruel durante su mandato como diputada nacional.
En 2014 fue condenado a prisión perpetua por los crímenes contra militantes montoneros que participaron de la Contraofensiva. Fue arrestado en 2017, luego de pasar tres años de prófugo.
Los policías que participaron del opertivo que lo detuvo encontraron que llevaba un recorte periodístico referido al periodista y abogado en causas por delitos de lesa humanidad Pablo Llonto. Además de una foto, se resaltaba su condición de docente en la facultad de Periodismo y Ciencias de la Comuniación de la UNLP.
En septiembre del año pasado pidió el beneficio de la prisión domiciliaria alegando su edad. Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de San Martín, que es el que lo había condenado, le denegó el pedido, decisión que fue convalidada por la Cámara de Casasión.
Durante los años de plomo, Julio César Argüello integró la Brigada de Investigaciones de la policía bonaerense. En 2012 recibió una condena perpetua por crímenes cometidos en el denominado “Circuito Camps”, que tenía entre sus ejecutores a Miguel Osvaldo Etchecolatz. En 2016, el Tribunal Oral Federal N° 1 condenó al propio Etchecolatz por la desaparición en 1977 del poeta plantense Daniel Omar Favero, de 19 años, y su pareja María Paula Álvarez, de 22. Ambos eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista. En esa misma causa, Argüello, fue condenado a 25 años de prisión.
Honorio Carlos Martínez Ruíz fue agente de la SIDE y está condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti. Apodado el «Pajaro», en 2005 fue detenido por estar vinculado a un robo de cajas de seguridad en el Banco Nación.
Juan Manuel Cordero es uruguayo y fue parte del Servicio de Información de Defensa (SID) de Montevideo. En Argentina actuó junto a la banda de Aníbal Gordon. Bajo el apodo de “Manolo” ofició de enlace entre ambos sistemas represivos en el marco del Plan Cóndor, por lo que fuecondenado a 25 años de prisión por crímenes lesa humanidad en la causa que investigo el plan de represión conjunta entre los distintos países del Cono Sur.
Carlos Guillermo Suárez Mason lleva el mismo nombre que su padre, tristemente célebre por estar al frente del Cuerpo I del Ejército. Se lo conoce como “El hijo de Sam” y, a diferencia de su progenitor, se formó en la Armada y participó de la represión en la ESMA, por lo que en 2006 fue condenado a prisión perpetua.
En 2012 hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aduciendo que el proceso contra los genocidas constituía una violación a los derechos humanos. En 2021, el organismo rechazó el pedido al considerarlo inadmisible.
Para el ex policía Gerardo Arraez, la visita de políticos de La Libertad Avanza no fue una novedad. Es uno de los nombres a los que solía visitar la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, en sus años como activista en defensa de los genocidas.
Arraez fue condenado a 25 años de prisión por 126 hechos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo). Entre los delitos de los que se lo encontró culpable hay desde torturas físicas hasta «el paseo de embarazadas» en cautiverio durante la última dictadura.
Adolfo Donda es otro nombre conocido. Fue parte del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA. Entre las aberraciones por las que se lo encontró eculpable, se destaca haber participado del proceso de apropiación de su sobrina, la ex diputada Victoria Donda, dada a luz por la cuñada del marino estando en cautiverio. En el juicio que lo condenó, saltó a la luz la información de que había participado del secuestro y asesinato de su propio hermano, José María Laureano Donda.
Antonio Pernías también fue miembro del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA y era conocido en los pabellones “Trueno” o “la rata”. Realizó tareas de inteligencia y estuvo a cargo del personal esclavo que funcionaba en el mayor centro clandestno de detención.
Además, su padre facilitó una quinta en Del Viso en la que funcionaba otro «pozo».
Juan Carlos Vázquez Sarmiento, es el único integrante de la Fuerza Aerea que participó del encuentro. Conocido como “El Colo” o “El Colorado”, fue parte del equipo de inteligencia de la fuerza. Entre las causas por las que fue condenado a 15 años de prisión el año pasado hay secuestros, torturas y la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro. Fue uno de los últimos en ser juzgado, ya que pasó casi 20 años prófugo de la Justicia.
El 26 de agosto afrontará un nuevo proceso, en el que se unifican dos causas: la primeraborda 127 casos de víctimas de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, y tres homicidios en el ámbito del circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense, integrado por los centros clandestinos de detención Mansión Seré, la I Brigada Aérea de Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la Comisaría de Castelar, la Comisaría de Haedo, la Comisaría 1ª de Morón, el Destacamento de Paso del Rey, la VII Brigada Área de Moreno, la Subcomisaría de Francisco Álvarez y la Comisaría de Moreno, entre otros.
La otra es la denominada causa RIBA, por la que en 2016 fueron condenados Omar Rubens Graffinga y Luis Tomás Trillo. Vázquez Sarmiento no fue alcanzado entonces por encontrarse prófugo.