Redacción Canal Abierto | La caída sesión de la Cámara de Diputados dio un respiro al bloque de La Libertad Avanza. Es que, aunque no incluida en el temario del día, la visita al pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad del penal de Ezeiza de Beltrán Benedit y sus compañeros de bloque Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci, integrantes de la bancada oficialista, iba a estar en el centro de las alocuciones.
Esto hubiera permitido avanzar en el proyecto presentado por la diputada de Unión por la Patria Gisela Marziotta que plantea la expulsión del cuerpo de los legisladores que se fotografiaron con responsables de crímenes de lesa humanidad.
Qué dice el proyecto
Fundamentado en base a la “suma gravedad” que implica esta visita, que incluyó la entrega por parte de uno de los detenidos de un proyecto de ley que morigere sus penas, el proyecto fundamenta la decisión en que “representantes elegidos por elección popular e integrantes de un cuerpo legislativo de la democracia, acuden a la atención y promoción de represores que atentaron contra la democracia y fueron partícipes de crímenes de lesa humanidad que incluyeron secuestros, torturas y desapariciones de compatriotas”.
Y plantea que de acuerdo al artículo 66 de la Constitución Nacional, “la doctrina indica al respecto que la expulsión es la medida más grave que puede tomar la Cámara sobre uno de sus miembros. Que los motivos que dan lugar a esta medida pueden ser la comisión de delitos, pero también, según los precedentes de esta misma Casa, las declaraciones públicas, participación en escándalos públicos o privados de trascendencia pública o por desorden de conducta pueden motivar la expulsión”.
La presentación cuenta con las firmas de apoyo de otros 27 legisladores y va en dirección con las exposiciones realizadas por representantes de organismos en la audiencia convocada por la Comsión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para repudiar el hecho. Además, la mayoría del bloque de Unión por la Patria pidió la conformación de una comisión que aborde el hecho.
Los antecedentes
El proyecto trae al presento dos casos que funcionan como precedente para esta situación. Se trata de Antonio Domingo Bussi y Luis Abelardo Patti. Ambos fueron elegidos para ocupar una banca en la cámara baja, pero no llegaron a hacerlo dado que los diputados votaron en contra del tratamiento de su pliego y se negaron a tomarle juramento por su accionar durante los años de plomo.
El primero fue gobernador de Tucumán durante la dictadura y volvió a ocupar el mismo cargo en 1995, esta vez ganando la elección. En 1999 sacó los votos necesarios para ingresar como diputado nacional. Pero al momento de su asunción, la cámara decidió no tmarle juramento y rechazar su diploma por la “inhabilidad moral” que implica haber participado de la última dictadura.
La decisión se basaba en el arcículo 64 de la Constitución Nacional, que establece que “cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros; pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá”.
El genocida interpuso un amparo planteando que no podía ser rechazado por cuestiones éticas o políticas, ni exigírsele más requisitos de los que impone la Constitución Nacional. También argumentaba que no podía ser expulsado del cuerpo legislativosin haber sido incorporado.
Tanto la jueza de primera instancia, María Romilda Servini de Cubría como la Cámara Nacional Electoral consideraron que era una cuestión ajena a su competencia. Ambas instancias argumentaron su decisión en que no se trataba de una cuestión justiciable, por tratarse de “un acto institucional emitido para asegurar la organización del Estado”.
Entre apelaciones, recusros extraordinarios y amparos de uno y otro lado, pasaron los 4 años del mandato sin resolución de la cuestión de fondo. En 2007, la Corte Suprema tomó cartas en el asunto de manera testimonial, dándole la razón a Bussi.
En las elecciones legislativas de 2005, Luis Abelardo Patti fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Pero la Cámara de Diputados impugnó su asunción también por su participación en la represión ilegal.
A partir del fallo de Bussi, en 2008 la Corte Suprema de Justicia habilitó su asunción como diputado nacional. Pero diez días después el juez federal Alberto Suárez Araujo, a instancias del fiscal Jorge Sica, pidió a la Cámara de Diputados el desafuero de Patti en el marco de la investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos. El pedido fue aprobado por la cámara baja Patti fue detenido y trasladado al Penal de Marcos Paz en el mismo día.
El apoyo de la CTA Autónoma
En tanto, la CTA Autónoma se sumó a través de un comunicado al pedido de expulsión de los legisladores cuestionados.
En un escrito firmado por la conducción integrada por el Secretario General Hugo «Cachorro» Godoy y los adjuntos Ricardo Peidro y Mariana Mandacovic, la central obrera señala que “quien utiliza los fueros y los poderes democráticos para validar el accionar de la dictadura y el genocidio, actúa objetivamente contra la democracia, por lo tanto no solamente merece ser repudiado sino expulsado de sus fueros porque no honra la legalidad que le otorgó el pueblo”.
“El Congreso no puede seguir mirando para el costado respecto de esta actitud, y requiere que todas las fuerzas políticas y sociales exijamos un castigo ejemplificador para quienes utilizan los beneficios de la democracia para atentar contra ella”, continúa el escrito.
Y denuncia que “además de sacarse una foto provocadora, siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad al sostener el silencio y no decir dónde están los desaparecidos, dónde están los bebes apropiados y la complicidad sobre todos los juicios que todavía faltan por resolver”.
“Para este gobierno la categoría de negacionista es insuficiente: reivindican abiertamente la acción de la dictadura cívico militar. La expulsión debe servir para ponerle un freno a la intención de querer liberar a los genocidas que proponen desde diferentes sectores alentados por el gobierno. No vamos a permitir que se borre la memoria, ni mucho menos que se tensione la verdad en nombre de los 30.000 detenidos desaparecidos”, afirma.