Redacción Canal Abierto | Como parte de un presunto plan económico refundacional, el Gobierno ha comenzado lo que denomina “la fase dos” de su programa. Pero esta fase, según los economistas, también plantea un frente de conflicto con distintas fracciones de capital. Entre ellos, el bloque exportador y los acreedores institucionalizados —con el FMI a la cabeza— que defienden el ajuste inflacionario como la salida por excelencia a los recurrentes cuellos de botella del mercado cambiario.
Se trata de un plan que puede resumirse en la intervención en el mercado cambiario —a través de la compra de divisas en el mercado financiero (contado con liquidación, CCL)—, la flexibilización del pago de importaciones, el congelamiento de la base monetaria —gracias al traspaso del pasivo del Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional a través de las Letras del Tesoro (LECAPs)—, y la profundización del ajuste para reducir la inflación.
Pero en un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) , liderado por el presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, aparecen algunas alertas sobre los nuevos frentes que esta etapa abre, y la necesidad de impulsar una alternativa.
El fin de la armonía
Según los expertos, la primera etapa “tuvo una meta bien concreta, lograda con éxito, que fue la realización de una enorme transferencia de ingresos desde el trabajo a los propietarios de capital en todas sus formas”.
A través de un rápido y brutal cambio de precios relativos que permitió retrasar los salarios y reordenar el esquema de rentabilidades, esta etapa inicial concluyó con la aprobación de la denominada Ley Bases y que contiene, entre las diversas desregulaciones, una reforma laboral “con el objetivo de legalizar las prácticas flexibilizadoras para la contratación laboral, y un régimen de inversiones (el famoso RIGI) con generosas exenciones tributarias, cambiarias, de todo tipo para los grandes capitales”, destacan los economistas.
Luego aseguran que, hasta aquí, la relación entre el gobierno nacional y el bloque de poder “ha venido transitando un sendero de armonía” que permitió concretar varios anhelos: “contener el gasto público, pulverizar el salario y sellar el pacto entre caballeros con una escalada represiva que discipline de aquí en adelante la protesta social en las calles”.
Pero en la fase dos, el objetivo de erradicar la inflación a cualquier precio conduce “irremediablemente a fricciones con el bloque interno del poder que ha recurrido históricamente a la estrategia del ajuste inflacionario para relanzar los ciclos de negocio”, plantean en el IPyPP.
“La disconformidad con un dólar atrasado (como suele repetirse) desde la perspectiva exportadora ya se viene experimentando en los últimos meses con la menor liquidación de la cosecha. Hasta el momento, el remanente no liquidado asciende a aproximadamente a US$ 14.000 millones, un valor que implica situarse US$ 5.000 millones por debajo del 2022”, recalcan. La situación se agrava por un panorama de precios internacionales desfavorable.
Pero una nueva devaluación conllevaría una espiral inflacionaria que, si bien recompondría a corto plazo la rentabilidad de los exportadores y permitiría mejorar la acumulación de reservas del BCRA para satisfacer las demandas de los acreedores externos, comprometería las elecciones de medio término del año que viene.
Además, “el orden de precios relativos que establece la dolarización endógena y el ajuste inflacionario supone que los precios de los alimentos y la energía deben alinearse con los precios internacionales. Esto conduce a precios relativos compatibles con una salida extractivista y un fuerte proceso de desindustrialización”, señala el Instituto.
“Parece difícil que la inestabilidad financiera no se termine imponiendo por fuera de la voluntad de los planes de Gobierno”, aseguran en el informe.
La alternativa a la agenda dominante
Desde el IPyPP, Lozano detalla que el plan actual plantea para el pueblo “una encerrona entre la dolarización endógena y el ajuste inflacionario, un falso debate que propone dos estrategias destinadas a profundizar el malestar social consolidando esquemas de negocios distintos pero que comparten un elemento común: la postergación del salario, de los ingresos de la población, del empleo y de las unidades económicas de menor tamaño”.
Por eso, asegura que las alternativas para abordar el momento actual son más amplias que las que baraja la gestión de Javier Milei. “La resistencia social a la catástrofe humanitaria que las políticas actuales están generando no tiene solución en ninguna de las dos variantes que el poder promueve”, afirma el ex director del Banco Nación.
En un análisis que concibe a la inflación como un fenómeno político, Lozano propone instaurar un orden en el sistema de precios que garantice “por consenso o coerción una determinada pauta de distribución de los ingresos y la riqueza”.
“La estrategia antiinflacionaria que necesita Argentina debe combinar alimentos y energía a precios accesibles, tarifas e infraestructura basadas en sus costos de producción. De esta manera, se incrementa el poder adquisitivo, se amplía el mercado interno de base popular y se reducen los costos para la producción local”, manifiesta.
Asimismo, advierte que este camino exige articular el enfoque macroeconómico con “cambios estructurales imprescindibles” entre los que destaca “la revisión de la deuda pública y la cancelación del acuerdo con el FMI”.
En concreto, se trata de un abordaje integral que involucra desacoplar los precios internos de los internacionales, impulsar el control de precios social comunitario, implementar un congelamiento general por un período limitado, utilizar herramientas legales y vigentes de intervención estatal para evitar comportamientos especulativos y generar un acuerdo social para la producción, con mesas de concertación y control por cadena de valor.
“El objetivo de esta estrategia es establecer un orden con una distribución progresiva de los ingresos, ampliar el mercado interno, desarrollar economías regionales, agregar valor, incorporar progreso técnico y ahorrar divisas. Para ello, se precisa la conformación de un esquema de precios con tarifas de energía más bajas, salarios reales más altos, alimentos asequibles y tasas de interés más bajas, promoviendo así el desarrollo industrial y combatiendo la inflación”, concluye.
Ilustración: Marcelo Spotti