Redacción Canal Abierto | Las postulaciones de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para ocupar los puestos vacantes en la Corte Suprema no dejan de generar rechazos.
En esta oportunidad, distintas organizaciones civiles especializadas en Justicia y derechos humanos, de la academia y del periodismo han convocado a una “audiencia pública ciudadana” ante lo que consideran una ausencia de espacios de participación para debatir sus designaciones.
Se trata de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano y Human Rights Watch, las cuales plantean la necesidad de ampliar la discusión sobre quiénes serán los sustitutos de Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará en diciembre, y de Elena Highton de Nolasco.
“La ciudadanía tiene derecho a participar en esta decisión. Sin embargo, a pesar de que se presentó un pedido explícito ante el Senado, no se han garantizado hasta el momento instancias de participación que permitan una discusión plural y real sobre los antecedentes, la idoneidad y la independencia de los postulantes, ni sobre su compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos”, sostienen.
La necesidad de un debate profundo
Como detallan en la convocatoria, la Constitución Nacional —en su artículo 99, inciso 4— prevé que los jueces del Máximo Tribunal serán designados por el Presidente con acuerdo del Senado. Lijo y García Mansilla fueron propuestos por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia envió los pliegos al Poder Legislativo, y la Comisión de Acuerdos del Senado fijó las fechas para las audiencias públicas de cada uno de los candidatos el 21 y 28 de agosto.
“Esta decisión se adoptó pese al pedido de 13 organizaciones de la sociedad civil de no dar a inicio dicho a proceso, a efectos de no convalidar el accionar manifiestamente inconstitucional del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene la obligación de garantizar una composición diversa en materia de género en el máximo tribunal”, aseguraron en su pedido al Senado.
Es por eso que desde las organizaciones convocan a una audiencia pública ciudadana con el fin “de promover un debate técnico, informado y profundo sobre las personas propuestas para integrar la Corte”.
La cita es el jueves 22 de agosto de 16 a 19 en el Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación (Rivadavia 1841, Ciudad de Buenos Aires). Para participar, se requiere inscripción previa en bit.ly/AudienciaPublicaCiudadana.
Una discriminación “evidente”
Durante la jornada, referentes de las organizaciones convocantes expondrán sus posturas sobre las candidaturas propuestas y habrá un espacio abierto para que la ciudadanía pueda manifestar su opinión.
También habrá un panel sobre la igualdad de género en la Corte compuesto por especialistas de Amnistía, la Universidad de Buenos Aires y la Red de Mujeres para la Justicia, uno de los argumentos recurrentes que aparecen en las 7.000 observaciones a los nombramientos de Lijo y García Mansilla presentadas ante el Ministerio de Justicia.
La Red de Mujeres para la Justicia —colectivo integrado por mujeres abogadas, juezas, funcionarias judiciales, de los ministerios públicos fiscales y de la defensa que reúnen las condiciones para ser magistradas de la Corte— impulsó recientemente un amparo colectivo para que la Justicia declare inconstitucional y anule el nombramiento de ambos candidatos a integrar la Corte Suprema, “por violar sus obligaciones convencionales, constitucionales y reglamentarias”. Su designación completaría un tribunal de cinco varones.
Desde la Red sostienen que “en 162 años de historia, solo tres mujeres (frente a 104 hombres) lograron alcanzar el cargo de jueza de la Corte Suprema. Frente a ello, es un deber del Poder Ejecutivo promover mujeres para la Corte que reúnan las altísimas cualidades, idoneidad y compromiso con los derechos que se requieren para semejante función”.
Por su parte, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) también elevó al Senado una carta para que rechazase la designación y considere la postulación de mujeres para cubrir los cargos, ya que esta composición constituiría “una discriminación evidente por motivos de género, y va en contra de los principios de equidad y representatividad en el ámbito judicial”.
Sin embargo, pocos días atrás el gobierno de Javier Milei, en línea con el accionar sobre políticas de género desplegado desde su asunción, informó que no respetará la paridad de género en la designación de nuevos jueces para el Supremo Tribunal. Lo hizo a través de un escrito de la Procuración del Tesoro, órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado que depende de Rodolfo Barra, en respuesta al pedido presentado por un grupo de organizaciones feministas vinculadas al Poder Judicial que vienen reclamando hace tiempo más presencia de mujeres en el máximo tribunal.
Foto: Cedoc Perfil