Redacción Canal Abierto | La multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 23 de abril fue quizás el primer gran golpe al relato que busca instalar el Gobierno, que en los días siguientes no tuvo otra alternativa que anunciar una actualización de los gastos para el funcionamiento de las instituciones.
Sin embargo, la falta de dinero para pagar la electricidad o encender las estufas en las aulas era sólo una pequeña parte del problema, sobre todo en un sistema donde aproximadamente el 90% de los recursos van destinados a salarios.
Un informe realizado por investigadores las Universidades Nacionales de Río Negro y de San Martín reveló que más del 85 % de las y los docentes cobran por debajo de la línea de pobreza.
También estiman que entre diciembre de 2023 y julio de 224, los salarios del sector perdieron un 33,3% de su poder adquisitivo.
Canal Abierto dialogó con el secretario adjunto del gremio universitario CONADU Histórica, Oscar Vallejos, sobre los alcances de la crisis presupuestaria, los reclamos salariales y la embestida del Gobierno.
Como sucediera con la fórmula de movilidad aprobada en el Congreso, Javier Milei anticipó que también vetará el financiamiento universitario que tratará el Senado en las próximas horas.
La excusa es siempre la misma (“no hay plata”), al igual que la desacreditación como estrategia: “los legisladores son degenerados fiscales que aprueban nuevos gastos para reventar el superávit fiscal y desestabiliza el Gobierno, tienen que decir de dónde sacamos los recursos”.
Los números, sin embargo, son un problema para este relato y ya casi mantra oficialista. Un informe del Centro de Estudios para la Recuperación de Argentina (Centro RA) de la Facultad de Económicas de la UBA reveló que el recorte sobre el sistema universitario es equivalente al beneficio impositivo que obtuvieron los sectores más pudientes del país con la reciente baja del impuesto a los Bienes Personales, estipulada en la Ley Bases y el Paquete Fiscal.
Es un esfuerzo fiscal de 0,14% del PBI con el que las casas de altos estudios financiarían sus gastos, además de hospitales, la actualización de los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
El informe agrega también que ese dinero ni siquiera se aproxima a los 0,22% del PBI aportados desde el Estado para el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que en los hechos beneficia a unos pocos empresarios. Entre ellos, Nicky Caputo, primo del ministro de Economía y amigo íntimo del ex mandatario Mauricio Macri.
Entrevista: Diego Leonoff (@leonoffdiego)