Redacción Canal Abierto | Las comunidades de Vaca Muerta que integran la Confederación Mapuche de Neuquén iniciaron este 16 de septiembre un bloqueo a varias plantas de “tratamiento” de residuos petroleros de la zona, los popularmente conocidos como “basureros del fracking”. La intención es la de visibilizar la grave situación ambiental y la falta de respuesta por parte del gobierno provincial a sus demandas históricas.
“Vamos a permanecer los días que sean necesarios en estos puntos de acción, a la espera de respuestas. No queremos la “saraza” de 40 reuniones que hemos mantenido hasta ayer. No son “mesas de diálogo”. Son “mecedoras” para ganar tiempo y acrecentar la contaminación y la exclusión de la población local mapuche y criolla criancera”, expresó la Confederación en un comunicado con el que anunció el comienzo de los bloqueos. “Sólo pedimos que el gobernador (Rolando) Figueroa deje de actuar al margen de la Ley y cumpla sus obligaciones de gobernante de todos y no sólo de las corporaciones que hoy actúan sin control alguno”.
Los bloqueos se dispusieron sobre los ingresos a las plantas de Servicios Ambientales de Neuquén (SAN), INDARSA, COMARSA (empresa denunciada penalmente por contaminación y defraudación, causa en la que la justicia trabó un embargo por 7 millones de dólares a los directivos imputados), Ecopolo y Treater.
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Las demandas
El pliego de requerimientos de la la Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche, que, según sostienen, el gobernador Figueroa desoye y dilata en dar respuestas incluye:
– El registro de las personerías jurídicas de varios Lof (comunidades): Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura, Ragilew Cardenas y Xem Kimvn. Este marco permite a las comunidades tener resguardo legal y poder llevar adelante los trámites por la tenencia ancestral de sus tierras, entre otras cosa.
– Conclusión del Relevamiento de los lof Campo Maripe y Wirkalew y mensura de las tierras del Lof Kaxipayiñ comprometidos por el gobierno anterior.
– Clausura de los “basureros petroleros” que funcionan al margen de las normas ambientales, con la complacencia de la Secretaría de Ambiente.
– Relevamiento (en el marco de la vigencia de la ley 26.160 de 2006 y sus sucesivas prórrogas) a las Lof Mapu Manuel Segundo, Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura, Ragilew Cardenas y Xem Kimvn
– Creación del Registro de Comunidades y organizaciones mapuche comprometida por Decreto del Ejecutivo Provincial de Febrero de 2023.
– Aplicación de la educación intercultural en los departamentos Confluencia, Añelo y Pehuenches.
– Provisión de los servicios de gas, corriente eléctrica y agua de red para los territorios comunitarios invadidos por Vaca Muerta, incluyendo a la población rural (criollos, fiscaleros y campesinos).
“Esta medida es por la situación de las personerías jurídicas de las comunidades que el gobierno adeuda desde el 2013. Ese año, la Confederación le ganó un juicio a la provincia de Neuquén por lo cual tenían que registrar las personerías”, explica en diálogo con Canal Abierto Lefxaru Nawel, miembro de la Confederación e integrante del equipo del CELS, pasado el mediodía de este martes 17 de septiembre.
Posteriormente, en el 2022, por decreto se creó el Registro de Comunidades y organizaciones mapuches. “Se fijó un plazo para junio de 2023 en el cual tenían que crear el Registro Especial y no lo hicieron. Ya va un año y la situación del derecho a la consulta y de los relevamientos sigue igual. Esto se ve profundizado por el RIGI, que incluye como foco de conflicto además del petróleo a las mineras. Eso nos preocupa muchísimo”, remata el abogado mapuche.
Un fiscal rápido para los mandados
En horas del mediodía de ayer, cuando los bloqueos se habían iniciado a las 8 de la mañana, la Confederación recibió la notificación del Fiscal de Delitos Económicos Juan Narváez que ordenaba el desalojo por la fuerza de los bloqueos en caso de que los comuneros no desistieran de su acción. El funcionario estableció en la nota un plazo perentorio para dar lugar a la medida.
“Más allá de la orden de desalojo nosotros estamos en el lugar, en los seis cortes simultáneos que estamos sosteniendo. Recién hubo asamblea de las autoridades y decidieron permanecer”, narra Lef.
“Reaccionó el fiscal de Delitos Económicos, no el Fiscal de Delitos Ambientales como correspondería a nuestra denuncia”, declararon desde la entidad originaria. “Llamamos a la cordura y a la justicia (al poder Ejecutivo y al Judicial) para que no respondan con amenazas, sino con las medidas justas y urgentes que nuestra vida comunitaria le está exigiendo. Nosotros vamos a permanecer aquí todo el tiempo que sea necesario hasta que las respuestas lleguen”, concluye un comunicado de respuesta a la amenaza judicial.
Aún, no hay respuestas del Estado más allá de la amenaza judicial. “Las empresas y el gobierno insinúan que se le va a dar ingreso al Comando Unificado de Bullrich, recientemente creado hace una semana. Nosotros hicimos esta acción también en repudio a la disposición del comando de fuerzas federales”, concluye Nawel.