Redacción Canal Abierto | Los días 26, 27 y 30 de septiembre, en Bariloche, se llevará adelante el juicio oral a las y los integrantes de la lof mapuche Lafken Winkul Mapu acusados de usurpación de las tierras que recuperaron en Villa Mascardi reclamando su posesión ancestral.
Como escenario del proceso el Poder Judicial ha elegido una sede de Gendarmería Nacional, la fuerza implicada en la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado producida en el marco de una cacería sin orden judicial en otro territorio en conflicto con una comunidad mapuche en Cushamen, Chubut.
“Esta es la llamada causa madre, la que originó el Estado en 2017 cuando se produce la recuperación territorial de la lof, que se inicia por usurpación y termina con el desenlace fatal del asesinato de Rafita (Nahuel) y dos de sus compañeros heridos (Johana Colhuan y Gonzalo Coña)”, explica en diálogo con Canal Abierto Laura Taffetani, defensora de las y los miembros de la comunidad imputados junto al equipo de la Gremial de Abogados y Abogadas.
La causa por usurpación fue separada estratégicamente por la Justicia de la del crimen de Nahuel, proceso que en diciembre de 2023 tuvo su resolución con las condenas del prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión por el homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa y de 4 años y medio como partícipes necesarios del mismo delito a los agentes Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, integrantes de la patrulla de Albatros que ingresó en el predio en disputa reclamado por Parques Nacionales el 25 de noviembre de 2017.
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A este juicio se llega, luego de siete años, tras un asesinato y dos tentativas a manos de agentes estatales, tras dos desalojos violentos, tras la prisión de ocho mujeres con sus hijos que en algunos casos se extendió por ocho meses y borrando con el codo lo firmado por el Estado y la comunidad en sucesivas mesas de diálogo.
“En esta causa hubo varias mesas de diálogo y finalmente se llegó a un acuerdo en 2023 entre el gobierno nacional y la comunidad. Uno de los puntos acordados era que no se iba a ir por la vía penal para resolver el conflicto”, explica Taffetani.
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El acuerdo firmado entre Parques Nacionales y la lof fue homologado por el juez de primera instancia, Hugo Greca, pero fue apelado en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y anulado en esta instancia. Los firmantes de esta decisión unánime fueron los camaristas Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y el “huemul” Carlos Mahiques (uno de los beneficiados por el paseito organizado por Clarín a las tierras del Joe Lewis en Lago Escondido).
“Ya está escrita la condena”
“Tras la anulación del acuerdo, la causa se retomó con una violencia tremenda. Ya está escrita la condena. De todos modos la condena tiene que ser en suspenso pues la pena máxima es de tres años”, explica la letrada. “Hay una cuestión que ellos desconocieron en toda esta etapa previa. No se contempló que la machi (Betiana Colhuan) cuando se inició esta causa era menor de edad, por lo cual no le cabrían las penas que le caben a los adultos”.
Testimonio de la violencia mencionada fue la detención “preventiva” de Luciana Jaramillo y Romina Rosas -embarazada-, dos de las mujeres de la lof que ya estuvieron presas luego del desalojo de octubre de 2022, con la única excusa del juez Greca de “garantizar que estén presentes en el juicio”.
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También fue detenido por la Gendarmería Gonzalo Coña, dando lugar a un show en las redes por parte del Ministerio de Seguridad que anunció su captura como la de la “mano derecha de Jones Huala” y segundo al mando de la inexistente “organización por éste liderada”, según reza el fantasioso comunicado de la banda de Bullrich.
Lo cierto es que Coña se presentó voluntariamente en el puesto de Gendarmería de Las Heras, Santa Cruz, zona donde estaba trabajando en un campo aislado, una vez que se enteró que se había revocado la probation que la misma Justicia le había concedido en el marco de esta causa, como explica el periodista barilochense Santiago Rey en este hilo de X.
A las mujeres, “después tuvieron que liberarlas porque Romina tiene un embarazo de 7 meses y, además, están con sus hijos y eso les traía problemas. Les dictaron prisión domiciliaria a la noche, de las 22 a las 7 de la mañana, y tienen que ir a firmar todos los días una al Regimiento de El Bolsón y la otra a la comisaría de su pueblo”, narra Taffetani.
El ensañamiento y el apuro del juez por llegar a juicio sin interrupciones se debe a que la causa estaba cerca de prescribir en estos días.
Show para los “vecinos” de Bariloche y para aleccionamiento de los “indios”
El juicio oral tendrá lugar en un cuartel de la Gendarmería. Los lugares para presenciar el proceso son contados pero se ha reservado un sitio preferencial para los buenos vecinos racistas de la Junta Vecinal de Villa Mascardi. Seguramente Diego Frutos, presidente de esta asociación y denunciante en otra causa contra la lof, será de la partida. También tienen su lugar asegurado las autoridades de Parques Nacionales, cuyo presidente Cristian Larsen declaró días pasados en su perfil de la red social X, “Vamos hasta las últimas consecuencias para que a todos aquellos que usurpen o atenten contra nuestros Parques Nacionales les caiga todo el peso de la ley”, citando un posteo de la ministra Bullrich, quien también pidió un lugarcito en la sala pero el juez no se lo ha asegurado.
Al margen de estas declaraciones, desconociendo las leyes de Seguridad Interior, Larsen propuso al juez que estén presentes funcionarios del Ministerio de Defensa. ¿Querrá superar la construcción del enemigo interno que Bullrich viene fabricando desde la gestión Macri, y proponer al pueblo mapuche directamente como un otro extranjero?
“La condena -ya firmada- va a ser un mensaje para los vecinos de Bariloche y una amenaza para el resto de las comunidades mapuches, para otras recuperaciones que puedan suceder y para las que aún están en conflicto. Hay un retroceso muy grande en todas las causas de recuperación y Parques Nacionales ya declaró explícitamente que se va a dedicar a hacer negocios, para los privados todo”, concluye la defensora de la Gremial, quienes vienen acompañando a la lof desde el inicio del conflicto con sus múltiples instancias y atropellos al derecho indígena y a los derechos humanos.
El juicio será transmitido por YouTube. Los imputados en el proceso son Yéssica Bonnefoi, Gonzalo Coña, Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil, la Machi Betiana Colhuan Nahuel y Aylén Tapia. Tanto Coña como Tapia, no son miembros de la lof, se encontraban acompañando la recuperación territorial.