Redacción Canal Abierto | La comunidad universitaria volvió a salir a la calle ante la amenaza del gobierno de Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario. Con una tarde más templada, se volvió a repetir la escena del 23 de abril pasado, cuando la motosierra gubernamental ponía en jaque la mera posibilidad de que las casas de altos estudios pudieran estar abiertas pasado el primer semestre.
Nuevamente, la convocatoria fue hecha por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “No al veto, sí a la educación pública” fue la consigna de la jornada.
Ni el fuerte despliegue policial ni las amenazas de Patricia Bullrich amedrentaron al más de un millón de personas que se movilizaron al Congreso a exigirle a los legisladores que, en caso que el Presidente cumpla su promesa y anule la ley, no se repita lo ocurrido con la actualización jubilatoria, cuyo veto no pudo ser desechado por el cambio de voto de algunos diputados que habían votado a favor de la ley. Movilizaciones similares también se dieron en distintas ciudades del país.
La marcha también sirvió para congregar a distintos sectores cuyos derechos vienen siendo embestidos desde la asunción de Milei: jubilados, centrales obreras, organizaciones sociales y trabajadores de Aerolíneas Argentinas.
A pesar de que el acto central estaba convocado para las 17 horas, pasado el mediodía las inmediaciones de la sede del Poder Ejecutivo estaban bastante concurridas. Media hora después de la hora anunciada, la presidenta de la FUA, Piera Fernández, leyó el documento concensuado por las organizaciones convocantes.
“Hace cinco meses convocamos a una manifestación nacional con la preocupación por el desfinanciamiento que estaba experimentando el sistema universitario y científico. En aquella gesta colectiva de abril, con plazas y calles de todo el país colmadas por la sociedad argentina, alzamos nuestra voz en defensa de la universidad pública, la educación y la ciencia”, comienza el texto.
“La reconducción del presupuesto 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario. El profundo desfinanciamiento del sistema científico puso en jaque su desarrollo. Nunca aparecieron respuestas a más de 100 obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar sus estudios”, prosigue.
Y señala que “soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca, sistemáticamente, desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Fueron infructuosos todos los intentos que promovimos para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades y encontrar soluciones”.
“La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento”, describe en otro pasaje.
“El Sr. Presidente de la Nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la ley de financiamiento universitario!”, expresa.
“Esta ley aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente, porque no compromete fiscalmente al Estado, demandando solo el 0,14% del PBI para su implementación”, plantea.
Y exige “que reconsidere el proyecto de presupuesto 2025. Queremos advertirlo con la gravedad que el problema tiene. Si el proyecto de presupuesto para el 2025 no se modifica, la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso. Nunca antes lo solicitado por el sistema universitario estuvo tan lejos de lo que el Gobierno propone para su tratamiento. Tan solo la mitad de los recursos reclamados –mínimos para funcionar– fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024″.
“Es un error no reconocer que en las universidades no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que la Nación enfrenta. Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico. Los países desarrollados invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer depende de cuánto más y cuánto mejor se hagan las cosas allí. Es con más ciencia y educación superior pública y de excelencia, no con menos″.
“Si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades, no se privilegian estas áreas, el desarrollo de la Nación y la posibilidad de desandar sus profundas desigualdades será una utopía”, agrega.
Y concluye: “La columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres y la universidad pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente. Que no despojen al pueblo argentino de sus sueños de grandeza. Que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas con el conocimiento y con el trabajo con niñas, niños, jóvenes y personas adultas que transitan nuestras aulas y laboratorios. Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible”.
Foto de portada: @dicoluciano