Redacción Canal Abierto | En la Ciudad de Buenos Aires hay 49 barrios populares en los que viven 80.600 familias. En ellos, el nivel de acceso a los servicios “es crítico”, al igual que la situación de hacinamiento habitacional. Así lo explica Victoria Freire, legisladora porteña por Unión por la Patria y referente del Frente Patria Grande en una entrevista con Canal Abierto.
Los números son contundentes: “El 64% no accede a la red formal de electricidad, el 100% no accede a la red formal de gas y el 90% no accede a la red formal de agua y cloacas”. “Una realidad totalmente desacoplada del resto de la Ciudad”, denuncia.
En ese marco, la dirigenta impulsó y días atrás consiguió la adhesión a la Ley Nacional n° 27.453 que en 2018 creó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, y al Registro Nacional de Barrios Populares.
La medida -detalla- permite fortalecer esa política “en términos del relevamiento y del acceso a los certificados de vivienda familiar para avanzar en la titularidad, y además, crea un Fondo para obras”.
“Contar con herramientas como esta ley, que favorecen la urbanización y la regularización de dominio y el acceso a servicios es muy importante, pero no es suficiente”, aclara. En ese sentido, “hay que poder pelear para que estas herramientas legislativas puedan contar con presupuesto para que estas obras efectivamente se lleven adelante”. En ese marco, el debate del Presupuesto 2025 es clave.
En la Legislatura también se está discutiendo un nuevo Código de Planeamiento Urbano, que según Freire, “no estipula ninguna medida sobre el acceso a la vivienda”. “De hecho, en el mapa de la Ciudad los barrios populares aparecen como una zona gris”, grafica.
Una política de “limpieza” del espacio público
A 10 meses del inicio de la gestión de Jorge Macri como jefe de Gobierno, Freire manifestó su preocupación por las políticas hacia las personas en situación de calle y los trabajadores del espacio público.
“No porque antes no hubiera una política que les daba la espalda, pero ahora lo que hay es una defensa de la persecución y de la ‘limpieza’ de estas personas de las veredas, parques y calles. Además, haciendo un alarde de operativos que ni siquiera dan una solución de fondo. Esto, en un contexto crítico en términos económicos y sociales”, cuestionó.
La referente de Patria Grande también analizó las políticas securitarias del Gobierno porteño –“alineado totalmente con el Gobierno nacional y con Patricia Bullrich”- y se refirió a su participación en el Mapa de la Policía, iniciativa que impulsa junto a distintas organizaciones sociales y de Derechos Humanos.
“En general, (en la Legislatura) las propuestas de la oposición no son abordadas, entonces, siempre hay un límite de hasta dónde podemos alcanzar en la denuncia, en la investigación e incluso en la propuesta de políticas mejores. Por ejemplo, con el desborde de las alcaidías y comisarías y la situación de los detenidos”. Ante esto, el Mapa surge como una respuesta “para poder investigar, saber qué pasa y denunciar”.
“Nuestra tarea como legisladores y fundamentalmente como militantes tiene que ver con poder trabajar de una forma colaborativa, en generar espacios y herramientas que sean de acceso para todas y todos a quienes nos importa visibilizar lo que no se muestra en otros medios, y tratar de ir imaginando qué ciudad necesitamos construir, sin colaborar con este estado de indiferencia que nos proponen”, planteó.