Redacción Canal Abierto | Con el decreto 846, publicado en el Boletín Oficial el viernes 20 de septiembre, comenzaron a sonar las alarmas. Y es que el nuevo DNU habilita al Gobierno a reestructurar la deuda externa sin pasar por el Congreso y la pregunta que se impone es: ¿Por qué el Ejecutivo no puede esperar a que el asunto se debata en las Cámaras?
Además, el decreto tampoco respeta la Ley de Administración Financiera, que establece que esto sólo puede hacerse si el nuevo acuerdo es probadamente mejor que el anterior, lo que también invita a preguntarse qué consecuencias perjudiciales tendrá esta medida para las arcas públicas.
A raíz de esos interrogantes, rápidamente el economista Claudio Lozano alertó sobre una posibilidad que late tras el DNU: “Están dispuestos a repetir el megacanje de Cavallo-Sturzenegger, empeorando la situación del endeudamiento argentino”. A su opinión, recordando el acuerdo ruinoso de 2001, se están sumado otras.
En la misma línea, acaba de publicarse un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), dirigido por el economista Andrés Asiain, que se titula sin eufemismos: ¿Nuevo megacanje?
En él aseguran que, “imposibilitado de hacer frente a los vencimientos futuros con fondos propios, incluso a pesar de cierta estabilidad cambiaria, el Gobierno prepara el terreno para un nuevo megacanje”.
Lo que viene
Los vencimientos de deuda que debe enfrentar Argentina en los próximos tres años ascienden a más de US$ 50.000 millones. Y, a pesar del superávit comercial, el Banco Central no logra acumular reservas netas.
La explicación radica en que parte de los dólares obtenidos por el canal comercial —producto de que la recesión generada mantuvo muy bajas las importaciones— fueron utilizados por el Central para intervenir en el mercado de bonos soberanos con la intención de contener el precio de los dólares paralelos y achicar la brecha cambiaria.
“Esta estrategia, exitosa en términos cambiarios, fue la misma que le impidió acumular reservas netas en forma significativa, profundizando los problemas para los años venideros”, detallan desde el CESO.
La otra variable que ayudó para la estabilidad de corto plazo fue el Régimen de Regularización de Activos, conocido como blanqueo de capitales que, en su primera etapa —ahora extendida hasta el 31 de octubre— permite ingresar sin ningún tipo de costo activos por hasta US$ 100.000 “o incluso montos mayores si se realizan determinadas inversiones autorizadas por el Ministerio de Economía, entre las que se encuentran los títulos públicos y acciones locales”, detallan en el informe. Por eso, gran parte de esos fondos tuvieron como destino las cuentas comitentes, lo que incrementó la demanda de activos financieros locales, el aumento del precio de los bonos soberanos y la caída del Riesgo País.
“El problema de este blanqueo es que, a partir del 1 de octubre, los fondos ingresados hasta el 30 de septiembre pueden ser retirados sin previo aviso y/o pago de ningún tipo”, aclaran.
De cara a los vencimientos de enero de 2025, entonces, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ya está negociando un repo con el oro de las reservas del Banco Central como garantía con el Banco de Basilea.
Luego, utilizaría el nuevo DNU para un nuevo megacanje como el de 2001, de Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger, “un ejemplo de una reestructuración de deuda ruinosa”, aseguran en el CESO, ya que “empeoró el perfil de deuda e incidió en la política económica incluso hasta 2016, cuando Mauricio Macri decidió pagar US$ 9.000 millones a los holdouts, grupo de fondos acreedores que rechazaron la reestructuración negociada entre 2004 y 2010”.
Finalmente, sentencian: “Con la reciente suspensión del artículo 65 para las operaciones de canje se abre la pauta para un nuevo Megacanje. El Gobierno se habilitó para aceptar condiciones más onerosas para nuestro país (por ejemplo, alargando plazos y aumentando tasa) en una futura reestructuración de deuda. De esa manera, se continuaría el histórico programa del establishment local, de mantener la economía nacional sobreendeudada para que el poder de los acreedores externos y sus instituciones (bancos, calificadoras, organismos internacionales de crédito, la embajad, etc.) mantengan su influencia en los asuntos locales”.
Ilustración: Marcelo Spotti