Redacción Canal Abierto | El 30 de agosto pasado se llevó adelante en la localidad de Ingeniero Jacobacci, Río Negro, la audiencia pública no vinculante por el proyecto Calcatreu, un emprendimiento extractivo minero de oro y plata que el gobierno provincial de Alberto Weretilneck se desvive porque comience a funcionar.
El yacimiento, ubicado 60 kilómetros al sur de la localidad, la más grande de la Línea Sur, fue concesionado a la multinacional Patagonia Gold Corp, encabezada por Carlos Miguens Bemberg, uno de los ex dueños de Cervecería Quilmes. El proyecto se paralizó en 2005 debido a que la ley 3981 prohibió en la provincia la utilización de cianuro y mercurio para, por lixiviación, obtener los minerales. Luego, el 29 de diciembre de 2011, la Legislatura provincial volteó esta ley y el emprendimiento está hoy en etapa de exploración y estudios geofísicos.
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Las organizaciones sociales y ambientales que se oponen a esta iniciativa no participaron de la audiencia a la que calificaron como un montaje para obtener una falsa licencia social, un mero trámite. El propio obispo de General Roca señaló semanas atrás que estas “audiencias públicas son obras de teatro en las que todos los actores están pagos”.
El Concejo Deliberante de Jacobacci, aprovechando la posibilidad prevista en la carta orgánica del municipio, en la sesión del 17 de septiembre votó a favor de la convocatoria a un plebiscito vinculante sobre el proyecto Calcatreu. Tres de los cinco concejales que componen el cuerpo legislativo local votaron a favor de la propuesta presentada por el bloque de Unión por la Patria. Días después, el intendente José Mellado utilizó su derecho a vetar la ordenanza aprobada. Ayer, 17 de octubre, el Concejo, nuevamente por mayoría de 3 sobre 2, rechazó el veto del jefe comunal. En ambas ocasiones estuvo ausente el concejal Berthe, del oficialista Juntos Somos Río Negro.
Tras la promulgación de la norma vecinal, la consulta popular debe realizarse en un plazo máximo de 90 días. Mirko Antehuil, presidente del concejo e impulsor de la iniciativa, donó su salario para financiar en parte los costos del proceso. De esta forma, proponen zanjar un debate de décadas en la localidad y poner blanco sobre negro la supuesta licencia social para llevar adelante el proyecto.
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