Redacción Canal Abierto | El 7 de octubre se publicó en el Boletín Oficial el decreto 888/2024 donde el Poder Ejecutivo comunicó que procedería “a la disolución del Fondo Nacional de Emergencias, del Fondo Fiduciario PROGRESAR y del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE)”.
Hace pocos días, el 1 de noviembre —en el segundo “clip” que el vocero presidencial lanzó por YouTube para resumir el mes de gestión— Manuel Adorni explicó la medida y argumentó que esta disolución de debió a que se trataba de fondos “que no estaban operativos o que tenían ineficiencias” y que, aún “con títulos hermosos, bienintencionados” se habían usado para “financiar cajas de la política”. Sobre el FOBOSQUE, aseguró que éste no contaba con “ningún indicador” para medir el resultado de la gestión.
Pero, como cada vez que Adorni habla, sus dichos y la realidad no coinciden.
Lo que Adorni falseó
Si bien la Ley de Bosques 26.331 data de fines de 2007 y se reglamentó en 2009, el FOBOSQUE se creó en 2018, a través de la Ley 27.431, con el fin de administrar de forma más eficiente y transparente el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), creado por la norma original.
“El FOBOSQUE permitía realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, mejorando la transparencia del proceso, y fortalecer la capacidad de las provincias para controlar la deforestación ilegal y ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible”, expresaron distintas organizaciones civiles en un comunicado conjunto en el que alertaron sobre el impacto que tendrá esta medida y exigieron que el Parlamento garantice la restitución del fondo.
En él —la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Vida Silvestre Argentina, Círculo de Políticas Ambientales, WCS Argentina, Consciente Colectivo, REDAF, Habitar y Desarrollo, Eco House, Natura Argentina, Proyectar, Yuchan, ACERCA, Fundación Patagonia Natural, Banco de Bosques, Jóvenes por el Clima, ACEN, AVINA, Fundación Somuncurá, FIBO Impacto y Fundación Por el Mar— también consignaron que, en un contexto inflacionario, el FOBOSQUE permitía que los fondos no se deprecien con la pérdida de valor de la moneda argentina.
Como consecuencia —pese a que Adorni aduce falta de indicadores para medir su utilidad—, hubo mejoras. De acuerdo al medio especializado EcoNews, la tasa anual de deforestación desde que existe la Ley de Bosques “disminuyó año tras año hasta el 2019, cuando volvió a subir por los incendios”.
Por otro lado, el Gobierno alegó que la decisión de eliminar el FOBOSQUE se basó en un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que demostraría la falta de capacidades institucionales de las provincias para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos. Pero al día de hoy ese informe no se encuentra disponible.
Lo que implica
Esa mejoría paulatina que significó la Ley de Bosques es, sin embargo, insuficiente. En los casi 17 años que transcurrieron desde su aprobación se desmontaron más de 4,5 millones de hectáreas.
Según un informe de 2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Argentina está entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques entre 2000 y 2015. Entre 1998 y 2018, se perdieron alrededor de 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos, y el 43% de esa pérdida ocurrió entre 2007 y 2018.
A esto se le suman los incendios: entre 2020 y 2023, más de 2 millones de hectáreas fueron quemadas, lo que equivale a 98 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Los incendios ocurridos en 2022 ocasionaron una pérdida de 211.974 hectáreas de bosques nativos, con las mayores pérdidas registradas en Santiago del Estero, Formosa, Chaco y San Luis. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios son causados por la actividad humana.
En este marco, desde FARN alertan que el decreto 888/2024 implica que la Argentina “se quede sin herramientas para compensar a las provincias y a aquellos privados que hacen un esfuerzo para mantener los bosques nativos en pie, poniendo en altísimo riesgo a la biodiversidad y a los medios y modos de vida de las personas que habitan y dependen de estos ecosistemas”.
Además, la medida va en contramano de compromisos internacionales climáticos y de biodiversidad asumidos por nuestro país y de las tendencias globales que buscan resguardar que los productos agropecuarios no se vinculen con la deforestación. Es decir que el decreto podría atentar contra la inserción internacional de los productos argentinos, lo que vuelve a la decisión gubernamental “irracional también desde lo económico”.
El ejemplo español
Como botón de muestra de medidas similares a la disolución del FOBOSQUE, basta con mirar hacia España, donde el fenómeno meteorológico DANA —que provocó que en pocas horas cayera el equivalente a un año de lluvias— golpeó duramente a la región de Valencia.
En 2019, otra DANA asoló el sur de la Comunitat Valenciana. Como respuesta, a comienzos de 2023 se creó la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), un cuerpo especial autónomo que permitía coordinar a bomberos y forestales para mejorar la respuesta en situaciones de emergencia.
Pero a poco de arrancar, Valencia votó un cambio de gobierno, y el nuevo Ejecutivo de la Comunitat Valenciana del Partido Popular y Vox, presidido por Carlos Mazón, decidió eliminarlo como “primer paso de la reestructuración del sector público empresarial”.
Al cierre de esta nota, la DANA ya había dejado un saldo de 219 muertos, 130 viviendas que debieron ser desalojadas, 54.312 hectáreas dañadas y una cifra creciente de desaparecidos.