Redacción Canal Abierto | A principios de octubre y casi sin repercusión ni debate público, la Cámara de Diputados dio media sanción y giró a la Cámara de Senadores el proyecto que Patricia Bullrich promociona pomposamente como una “Ley Antimafias”.
Hoy la iniciativa oficialista espera dictamen de la Cámara Alta, un primer paso para la aprobación de lo que muchos especialistas califican como una verdadera “reforma constitucional que instala el Estado de Sitio”.
De aprobarse, según promete la ministra de Seguridad de Milei, endurecería las penas para los integrantes de organizaciones delictivas, en particular las dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
Sin embargo, son varios los cuestionamientos vinculados a la ampliación de facultades policiales en las calles, a contrapelo de los principios básicos de uso de la fuerza letal que establece la legislación. Allanamientos y detenciones casi sin intervención judicial son algunas de las aberraciones analizadas por juristas durante un encuentro realizado en la CTA Autónoma.
Otro ejemplo que genera dudas entre los especialistas es que la pena más alta que reciba un miembro de las supuestas organizaciones delictivas se aplicará también para el resto de los integrantes de la banda (más allá del nivel de participación en el crimen en cuestión).
El proyecto crea también la figura de la Zona de Investigación Especial, que habilita a las fuerzas de seguridad a detener a una persona por 48 horas por averiguación por la comisión de determinados delitos. Y, si hay una autorización judicial, esta detención podría extenderse por 15 días.
En otro artículo, establece una serie de supuestos bajo los cuales se podría presumir la existencia de una vinculación con una organización criminal. Entre ellos, cuando “estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado nacional o el personal que presta funciones en ella”, algo que rápidamente hace pensar en cualquier protesta en las inmediaciones o en un edificio público.
“Se busca la criminalización de referentes políticos, sindicales y sociales, en un contexto de que el gobierno espera una creciente resistencia popular a las sus planes”, señalaron.
El debate de contó con un panel de destacados especialistas como el Dr. Alejandro Alagia, profesor de derecho penal de la UBA; la Dra. María Laura Garrigós, abogada de la UBA, especialista en Derecho Penal ex Camarista; Matías Bailone, profesor titular de Derecho Penal Internacional de la Universidad Nacional de La Matanza, y Carlos Cruz, ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). La moderación de las ponencias estuvo a cargo de la Dra. Claudia Rocca, Presidenta de la rama Argentina de Asociación Americana de Juristas.
Por su parte, el secretario general de la Hugo “Cachorro” Godoy, CTA indicó que “la convocatoria de urgencia a esta reunión es porque estamos ante un hecho gravísimo y hay que tener una estrategia común. La serie de eventos represivos se iniciaron como «el protocolo anti piquetes» y todas las acciones del gobierno que, frente al crecimiento de la protesta genera estos instrumentos que van en contra del legítimo derecho de protesta». El dirigente también apuntó contra la Corte Suprema “que no trata la inconstitucionalidad del decreto 70/23 que le da poderes de facto a Milei”.