Redacción Canal Abierto | El veredicto sobre el caso “Megaproyecto Vaca Muerta” fue presentado en la mesa de entradas de la Casa de Gobierno de Neuquén por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) este 4 de noviembre. Un día después los jueces del tribunal ético explicaron los pormenores a referentes del ambientalismo y periodistas en la sede del Cedinci en la ciudad de Buenos Aires.
En esta segunda visita a la provincia, el actual gobernador Rolando Figueroa no recibió a la delegación de la organización como lo había hecho su antecesor Omar Gutiérrez, en abril de 2023, al culminar la visita de campo de los jueces y las organizaciones anfitrionas.
“Este tribunal, creado en enero del 2014, es una plataforma ética de la sociedad civil que da voz a las personas sin voz y, por supuesto, a la naturaleza. Una plataforma en donde se reivindican y se escuchan los conflictos socioambientales a través de espacios en donde jueces y juezas de todo el mundo, personas que hemos escogido por su trayectoria ética y moral escuchan testimonios de personas que viven en zonas de sacrificio que están viviendo conflictos socioambientales. El tribunal busca resaltar estas violaciones de derechos de los defensores de la madre tierra y los derechos violados de la misma naturaleza”, explica a Canal Abierto Natalia Greene, activista y politóloga ecuatoriana, impulsora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN), secretaria de este Tribunal.
La publicación de la sentencia concluye un proceso que se inició en diciembre de 2019 con la presentación del caso en el V Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en Chile, continuó con la visita de campo en marzo y abril de 2023 para recolectar evidencia en terreno y, finalmente, ahora se dan a conocer las conclusiones.
“El veredicto del caso Vaca Muerta, que tiene más de 70 carillas, es un veredicto interesante. Recoge varios de los testimonios que escuchamos en la ciudad de Neuquén, en Añelo, en Sauzal bonito, en ciertos lugares donde están viviendo los problemas de los sismos por el fracking, la falta de agua y la destrucción de los territorios por toda esta fractura no convencional”, explica Greene, quien estuvo involucrada en el proceso Constituyente de su país -2007-2009- que culminó redactando la primera Carta Magna del mundo que incorpora a la naturaleza como sujeto de derechos.
“Constatamos violaciones a los derechos de las comunidades mapuches; la contaminación que producen los basurales petroleros y otras realidades tan crudas que se viven en esta zona. Pese a que Argentina lo ve como el gran Eldorado, la salvación económica, el lugar es una zona de sacrificio. El tribunal vino a resaltar cómo este megaproyecto viene violando derechos humanos colectivos y los derechos de la naturaleza”, destaca la ambientalista ecuatoriana.
“He visto ríos secos, las huertas secas porque se llevan el agua para la fractura hidráulica. Se necesitan 50 millones de litros de agua por cada pozo de fracking; hay casos en que puede llegar a 140 y a 200 millones de litros de agua por un pozo”, sostuvo el juez del tribunal Alberto Acosta, también ecuatoriano, economista, intelectual, presidente de la mencionada Asamblea Constituyente de 2007.
La sentencia
El Tribunal en su veredicto responsabiliza al Estado Argentino “por la violación de los derechos humanos, ambientales y de la naturaleza, al promover el proyecto Vaca Muerta en la norpatagonia argentina”, expresa el texto de la sentencia.
“Reconoce de modo irrefutable la violación a los derechos de la Naturaleza y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas que ancestralmente han sido y continúan siendo, protectores y guardianes de sus territorios, así como de las otras comunidades de habitantes en el territorio de Vaca Muerta, destacándose las afectaciones contra sus territorio, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, así como los daños provocados contra los seres no humanos que habitan sus ecosistemas, todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio”.
El fallo, que no es judicial ni vinculante, condena a las autoridades del Estado Argentino desde 2012 hasta la fecha y ordena el cese inmediato o suspensión preventiva y precautoria de los proyectos e iniciativas que provoquen afectaciones estructurales contra el ambiente. También expresa su preocupación por la militarización y policialización de los territorios de comunidades campesinas e indígenas.
Luego, declara los ríos Neuquén, Colorado y Limay como sujetos de derecho, “por constituir la fuente hídrica más importante para la supervivencia de los pueblos, las comunidades y especies” de la región. Tambien declara como zona de exclusión del fracking y de cualquier iniciativa extractivista, “a los valles del Río Negro y Neuquén, los ríos, lagos y zonas económicas productivas regionales de baja y mediana escala, con el objeto de reservar el derecho de las generaciones presentes y futuras a habitar la tierra de una manera más respetuosa y armónica”.
También ordena medidas de reparación integral y exhorta a todos los niveles del Estado nacional y de las provincias implicadas a una serie de acciones, entre las cuales se destaca la exhortación a “iniciar una transición energética justa y popular, que incluya un abandono progresivo y ordenado de la explotación de combustibles fósiles”.
Natalia resume la intención del tribunal y del trabajo que realizan: “El veredicto busca crear una herramienta de jurisprudencia modelo que pueda ser utilizada para identificar y entender lo que está pasando realmente en el territorio, que se puedan tomar acciones y que también empodere y fortalezca la lucha de las personas personas que viven en el territorio, que están tratando de resistir ante este megaproyecto de Vaca Muerta”.
Foto: Alejo Di Risio (AAdeAA)