Redacción Canal Abierto | Una investigación de la periodista Emilia Delfino para elDiarioAR junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) reveló en las últimas horas que Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo y ex asesora de funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, está involucrada en un entramado de sociedades offshore, departamentos en Florida y complejas estructuras financieras. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, referente central de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos que surgen de la filtración Pandora Papers.
Las sociedades vinculadas a Diago conducen a cinco propiedades en Miami que suman un total de US$2,6 millones.
La esposa de Ritondo, de 48 años, es una abogada que se ha desempeñado en el Estado porteño en diversas funciones. Trabajó como asesora en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires (noviembre de 2015). Además, aparece como empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (junio de 2017) y en la Auditoría General de la Ciudad (septiembre de 2014), donde se desempeñó como asesora del auditor del PRO Alejandro Fernández. Fue nombrada “investigadora senior” del Instituto Superior de Seguridad Pública del gobierno porteño.
Ritondo es el diputado más rico de Argentina, de acuerdo con un ranking realizado por Chequeado. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja declaró en 2023 un patrimonio de $1.541 millones, que representó un incremento del 1.709% respecto de lo que había declarado el año anterior. En sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida.
Los funcionarios públicos, incluidos los diputados y senadores, deben declarar el patrimonio de su cónyuge, pero en 2012 una resolución de Cristina Fernández de Kirchner dispuso que los bienes registrados a nombre de las parejas de los funcionarios son reservados. Sólo la Oficina Anticorrupción (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos. Por esa razón, el patrimonio de Diago es reservado.
La omisión maliciosa en la declaración de bienes ante la OA es un delito con penas de prisión de hasta dos años –excarcelable–, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado.
Diago debe declarar su patrimonio en el exterior ante la ahora Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) –antes AFIP–.
La nota cuenta que ElDiarioAR y CLIP consultaron al matrimonio a través de voceros de Ritondo si Diago declaró ante las autoridades del fisco su patrimonio en Estados Unidos durante los últimos diez años. También que se les envió un cuestionario para conocer su versión de los hechos, que nunca respondieron.
En los últimos días, además, Ritondo estuvo en las primeras planas de todos los medios ya que es uno de los principales promotores del proyecto Ficha Limpia, que propone impedir la participación en la gestión publica a quienes estén involucrados en casos de corrupción.
Redes offshore
Las conexiones de Diago con sociedades de las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos surgen de una serie de documentos internos de Overseas Management Company (OMC), un bufete especializado en la conformación de sociedades offshore, y de los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida.
El 3 de noviembre de 2014, Álvaro Castillo, del estudio jurídico Castillo & Associates, de Miami, escribió un correo electrónico a una ejecutiva de OMC en Panamá, en el que le adelantó que le estaba enviando una serie de documentos para activar una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, una de las jurisdicciones más opacas del Caribe. En ese momento, Ritondo era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente primero de la Legislatura porteña, en representación del bloque del PRO.
En el mail, Castillo afirma que envía todo los solicitado para el trámite: formularios, copia certificada de pasaporte, prueba de domicilio, una carta de referencia de un banco y una carta de consentimiento de quien asumiría como directora de la sociedad: Diago. Dos formularios detallan datos centrales de la firma que se estaba activando: Sunstar Point Ltd.
Sunstar Point fue adquirida por Romina Aldana Diago a principios de 2014 para conformar una compleja estructura financiera, de acuerdo con los documentos. En el formulario, la mujer informó en noviembre de 2014 que sería directora, representante y beneficiaria final de la compañía offshore, radicada en Islas Vírgenes Británicas. El objetivo de la firma era “ser propietaria de una propiedad inmueble en Florida”, Estados Unidos, valuado en US$650.000.
La compañía Sunstar Point también tenía una cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida, según quedó asentado en otro formulario interno. “Origen de los fondos”: “Ingresos por negocios”, declaró Diago. También afirmó que su trabajo era “administradora de un estudio jurídico”. El formulario lleva la firma de la esposa de Ritondo.
Si bien Diago tenía control absoluto de Sunstar Point y era su beneficiaria final en los documentos, declaró que las acciones de la compañía offshore estarían a nombre de Warwick Trust, un fideicomiso radicado en Florida y creado un par de meses antes, el 8 de septiembre de 2014. Dejó asentada direcciones personales en el barrio de Palermo, su correo electrónico personal y su número de teléfono. También su número de pasaporte argentino.
El objetivo de Warwick Trust era administrar bienes de Diago en el extranjero y el fideicomiso es administrado por la propia Diago. En septiembre de 2014, cuando lo constituyó, estableció que el bien en el extranjero que quería proteger con esta estructura era el 100% de las acciones de Sunstar Point (aunque la sociedad se terminaría activando legalmente unas semanas más tarde).
Diago estableció que tras su muerte o incapacidad, Cristian Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales de estos serían los dos hijos del matrimonio.
Nuevo director
El formulario de Sunstar Point se actualizó en 2018, cuando Ritondo llevaba ya dos años como ministro de Seguridad del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Ante el estudio OMC, la sociedad offshore declaró una nueva dirección física en un departamento del condominio Beachwalk, en Hallandale Beach, en el sur de Florida. La propiedad estaba entonces valuada en US$498.900, de acuerdo a las publicaciones del sector inmobiliario encontradas en documentos públicos gracias a la colaboración de la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
La publicación dio a conocer que el edificio de Hallandale se construyó en 2014 –mismo año de constitución del fideicomiso y de la apertura de la sociedad offshore.
En los documentos firmados en noviembre de 2018, Diago siguió siendo la beneficiaria final de la sociedad offshore y Warwick Trust –el fideicomiso constituido por ella misma– continuaba siendo el titular de las acciones de la compañía. Pero, además de modificar la dirección, surgen dos cambios más con respecto a los documentos de 2014: la cuenta bancaria de la sociedad pasa a estar en una sucursal porteña del Banco Santander Río y asume un nuevo director: Javier Petrera, quien declaró ante OMC que era empresario y presidente de la empresa Dynamica, en Buenos Aires. El equipo argentino informó que también intentó comunicarse con Petrera pero no recibió respuestas.
Enrevesado
La conexión entre Diago y la familia Ritondo con el fideicomiso y la sociedad Sunstar Point –cuenta el texto firmado por Delfino- no es posible de establecer a través del rastreo de documentos públicos. Esa relación estaba bien guardada en los archivos privados de los estudios OMC y Castillo Associates.
El entramado se complejiza aún más, cuando se suman otras dos compañías a la red de sociedades en el extranjero. En abril de 2015, aquel departamento del condominio Beachwalk quedó a nombre de una nueva sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware, una de las jurisdicciones más turbias de Estados Unidos, de acuerdo a los documentos hallados por OCCRP.
Llegar a los dueños reales de Ilustre LLC es difícil. La sociedad tiene como accionista a otra sociedad: Bonita Holdings 39 LLC, según los registros públicos de Miami. Se trata de otra sociedad pantalla que hace difícil conocer la identidad de los dueños del departamento. Sin embargo, en 2021 aparece una pista en un documento público: el nombre de Diago figura como integrante de Bonita Holdings 39.
Ilustre y Bonita
La propiedad de Beachwalk fue vendida seis años más tarde, el 16 de agosto de 2021, a una pareja. Sunstar Point y Bonita Holdings 39 tiene un segundo domicilio donde mantiene los registros corporativos de la sociedad, en las oficinas del 1390 Brickell Avenue, apartamento 200. A pasos de allí, en el departamento 104, se guardan los documentos corporativos de Ilustre LLC. Bonita Holding e Ilustre LLC tienen, además, a la misma agente inmobiliaria a cargo de representar a los dueños de sus propiedades: María José Pérez-Millan.
“Vamos por más”
El explosivo artículo periodístico publicado ayer da a conocer que Diago también figura en los registros públicos de Florida en una cuarta sociedad. La abogada aparece por única vez como administradora en un documento de la firma Goformore, radicada en Florida y fundada en 2012. Un año más tarde su nombre desaparece de los registros públicos de la sociedad.
Goformore LLC es actualmente dueña de tres propiedades en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares.
Goformore tuvo un cuarto inmueble, en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach, adquirido en marzo de 2013 por US$580.000 a una empresa del ahora funcionario Juan Alberto Pazo (denominada Harbour House 1533 Corp.). Pazo fue nombrado este sábado 7 de diciembre al mando de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP-, el organismo encargado del control tributario y la recaudación de impuestos.
Un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, Goformore vendió la propiedad en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.
Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan, quien sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Además de figurar como representante de Ilustre LLC y Goformore, Pérez Millán aparece en alrededor de 14 empresas en Florida, y su perfil público la identifica como una agente profesional que actúa en representación de terceros.
Ante una primera consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa con Goformore realizada en abril de 2024, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.
El equipo periodístico solicitó a la Legislatura porteña copia de las declaraciones juradas de Ritondo entre 2013 y 2015 para saber si el entonces legislador había declarado vínculos con algunas de estas sociedades y departamentos de Florida, pero en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública respondieron que ya no cuentan con copias de los documentos. Para los legisladores que terminaron su mandato antes de 2020, la ley porteña plantea que pasados los 5 años desde la finalización del mandato, las declaraciones juradas “dejan de estar disponibles”, respondieron.
Hace pocos meses, Ritondo celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”.
ElDiarioAR informó que la investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR). Acceder a los documentos confidenciales y públicos de estas compañías extranjeras fue posible gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y a la colaboración del equipo ID de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que asiste a periodistas en la búsqueda de documentación.
La nota original se puede ver en eldiarioar