Redacción Canal Abierto | A partir de la resolución 379 publicada el martes en el Boletín Oficial, el ministro Mariano Cúneo Libarona dispuso la “finalización de las contrataciones del personal del Ministerio de Justicia y sus organismos dependientes por intermedio del Ente Cooperador, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), a partir del 31 de diciembre de 2024”.
Según informó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que hoy se moviliza a la sede central de la cartera, ubicada en Sarmiento 329 (CABA), la medida implica el despido de más de 2400 trabajadores y afecta los salarios de otros 2000 de planta permanente, con recortes que podrían significar la pérdida de hasta la mitad de los ingresos.
Así, porque la resolución también indica -en su artículo 2°- el “cese del pago de los incentivos al personal del Ministerio de Justicia y sus organismos dependientes, a partir del 31 de diciembre de 2024”.
“Los trabajadores no tenemos ninguna responsabilidad sobre la modalidad contractual que desde hace décadas nos vinculan al Estado. No podemos permitir que despidan de manera ilegal a más de 2400 trabajadores. No sólo son familias que quedan en la calle, sino que eso se traduce además en una crisis de funcionamiento en toda la cartera”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, previo a la protesta.
“Tampoco es culpa de los trabajadores que a partir de los salarios de pobreza se hayan otorgado complementos para dignificar sus ingresos”, agregó el dirigente al cuestionar la quita de incentivos. Además, advirtió que “si el ministro Cúneo Libarona no revisa esta decisión, con el correr de las horas las medidas van a ir en aumento y sin lugar a dudas en los últimos días del año será peor”.
¿Dónde va ir la gente a resolver sus problemas?
“El tema no es solo los despidos masivos, el desguace del Estado y el abandono de la política pública, sino que también hay una extorsión por parte del ministro”, denunció por su parte Silvina Silva, delegada de ATE en el Ministerio de Justicia, en diálogo con Canal Abierto.
La trabajadora se refiere al esquema que proponen desde el Gobierno para que los trabajadores adhieran al retiro voluntario, que implica aceptar hasta un 50% menos de lo que correspondería por indemnización. A los que acepten -explica la trabajadora- les ofrecen la posibilidad de ser recontratados bajo artículo 9 (planta transitoria), ganando la mitad de los sueldos actuales. Algo que claramente alguien solo aceptaría bajo coacción, apunta.
Y es que como señalan desde ATE, “el asedio por parte de la cartera que conduce Cúneo Libarona fue constante durante todo el año”. Previo a la resolución 379, los despedidos ya llegaban al millar, y en noviembre el Ejecutivo había ofrecido el retiro voluntario a más de 2800 empleados del área, hecho que el sindicato catalogó como “intentos de despidos encubiertos”.
Silva además aclara que ese esquema de posibles recontrataciones deja afuera a muchos trabajadores, sobre todo los del interior. “En el caso, por ejemplo, del programa de Acceso a la Justicia, hay 80 centros (CAJ) que estarán cerrando. Van a dejar 2 o 3 en provincia de Buenos Aires, 2 o 3 en CABA, y uno por provincia. Imaginate un trabajador de Bahía Blanca, si cierra el CAJ no se puede venir a Sarmiento o a la Ex Esma a cumplir horario, mucho menos si el sueldo es de $700.000”, precisa.
La delegada de ATE también se refirió a cómo la medida va a impactar en la ciudadanía. Porque en paralelo al desguace, “no hay una contrapropuesta por parte de la gestión” para reemplazar la política pública que están desarmando. Mientras, los cierres y despidos afectan centros de atención integral (interdisciplinarios) y territoriales como los CAJ, pero también, a la Línea 137 de Atención “a la Violencia Familiar y Sexual”, a la secretaría de Derechos Humanos, a la de Justicia, entre otras.
“Hay que visibilizarlo -plantea- porque esto es algo que va a repercutir en toda la sociedad: ¿Dónde va ir la gente a resolver sus problemas?, ¿Dónde va a denunciar si el poder judicial no está garantizando el acceso a la justicia? ¿Dónde, si los hospitales no los atienden o no les entrega los medicamentos de PAMI? Esto es lo primero que le preguntamos a los funcionarios”, señala.
Portada: Archivo ATE Nacional