Redacción Canal Abierto | Los incendios en el sur patagónico ya llevan consumidas aproximadamente 20 mil hectáreas: en el Parque Nacional Nahuel Huapi se quemaron 10 mil hectáreas, en El Bolsón 2400, 5500 hectáreas la región del Lago Epuyen y 3800 hectáreas en otras áreas. Según informan los brigadistas comprometidos en la lucha contra los incendios, al día de hoy ya son 800 los vecinos evacuados y se quemaron aproximadamente 120 casas.
La temporada de incendios patagónicos se ve alimentada con la implantación sin ningún tipo de control de una especie exótica, el llamado pino maderable, ligada a la ambición económica del sector empresarial forestal, sin dejar sectores del territorio despejados como cortafuegos. Esto hace que el fuego se propague de manera incontrolable. El incendio es de una enorme magnitud y está descontrolado en la mayoría de sus focos
Ante el avance del fuego, la cantidad de brigadistas requeridos para aplacarlo no puede ser cubierta por quienes allí trabajan, por lo que se hace necesario el traslado de personal que pertenece a otros parques nacionales. Sólo resta cruzar los dedos porque sus detinos de origen no corran la misma suerte.
Gabriel Brizuela trabaja en el Parque Naiconal Quebrada del Condorito, Córdoba, es delegado de ATE y, junto a una compañera, se movilizó a Río Negro para contribuir en la lucha contra los incendios, a los que calificó como “de interface que ingresan a los poblados y producen estos desastres”.
“En este momento grupos forestales de todo el país están contribuyendo y colaborando con los equipos de brigadistas de incendios forestales de Parques Nacionales, como del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de la provincia de Río Negro”, agregó Brizuela.
“Esto ocurre en el marco de una absoluta incertidumbre porque todos estos compañeros y compañeras que colaboran para apagar los incendios están con contratos trimestrales. En algún momento tuvieron contratos anuales y ahora con el cambio de gestión retrocedieron en su estado de precarización laboral. Es decir que van a luchar contra el fuego y no saben si después van a seguir siendo contratados o despedidos, como ha venido ocurriendo. A fin del 2024, en la última revisión trimestral, 30 compañeros –desde administrativos a personal científico técnico- fueron despedidos. Diez de ellos, brigadistas de incendios forestales”, describió el delegado.
Brizuela aporta un dato que grafica la injerencia que en este escenario tienen las políticas de ajuste desplegadas por el gobierno nacional. En el marco del plan motosierra del que se jacta Milei, quedaron sólo 400 los brigadistas de incendios forestales en todo el país. Según el especialista, no sólo es una cifra baja para cubrir el territorio nacional, sino que hay que considerar que las temporadas de incendios son dispares: En la región central, que incluye Córdoba, la temporada arranca en junio y termina en noviembre o diciembre con las primeras lluvias; pero en la Patagonia se inician en enero y se prolongan hasta abril.
“A esos 400 compañeros, que forman parte de la áreas de incendios, comunicaciones y emergencias, los van llevando de un lado a otro porque es un personal escaso y muy capacitado. Todos ellos tienen en común la falta de estabilidad laboral después de años de pelear el pase a planta permanente”, afirmó Brizuela.
Brizuela, también señaló el impacto de las condiciones de trabajo contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo. En tal sentido, expuso que “el CCT tenía como primer objetivo el pase a planta permanente de todo el personal precarizado, pero no aconteció. Tampoco el reconocimiento de su actividad como de riesgo de vida y para la salud. Por ende, ni se cobra ítem de insalubridad ni tampoco la jubilación anticipada que está prevista en el CCT. Hemos retrocedido a contratos trimestrales que aumentan la incertidumbre y la angustia de no saber si van a seguir trabajando o no a cumplirse el contrato trimestral”, cuenta el delegado.
Otro aspecto que padecen los trabajadores de Parques Nacionales es el de los sueldos, que se encuentran congelados. El 31 de enero pasado, las y los trabajadores del escalafón nacional, sean guardaparques, brigadistas o SINEP, cobraron prácticamente el mismo sueldo que el Estado pagó el 31 de junio de 2024. “Hubieron recomposiciones que van del 1% al 2%. Eso ha sido todo”, alerta.
“En el caso de los brigadistas de los incendios forestales la situación es aun más grave por el hecho que las brigadas que no cobran el ítem ‘zona fria’, las que no pertenecen a la patagonia, recibieron un salario de 561 mil pesos. Es el caso de los brigadistas de nuestro parque que están ahora colaborando en Río Negro”, denuncia Brizuela.
Gabriel Brizuela también relacionó la situación con el DNU 70/23, que modificó los artículos donde se establecía que no se podía construir nada durante 60 años, y la Ley Bases, modificando a su vez el articulado de la Ley Nacional de Manejo del Fuego 26815.
Además, se suma la ausencia evidente de los estados provinciales en el control territorial. De hecho han promovido sus propias “leyes bases”, como lo hizo el Gobernador Martín Llaryora en Córdoba, completando un cuadro siniestro donde los estatales, los vecinos y brigadistas de todo el país son quienes ponen el juego su vida y su salud para combatir el actual desastre ambiental.
“Desde diciembre se redujo en un 43% el presupuesto del programa de manejo del fuego a nivel nacional, de ese total solo ejecutaron el 27%. En consecuencia de cada 100 pesos solo destinaron 3 pesos al plan de manejo del fuego”, lamentó.
“Mientras buscan culpables, acusando a las organizaciones del pueblo mapuche, detrás de cada fuego prosperan los negocios extractivistas, avanza la frontera agropecuaria, la minería y el mega turismo empresarial, que ahora se verán intensificados a partir del RIGI. Los gobiernos provinciales donde se producen estos incendios son cómplices de la aprobación de la Ley Bases como de todas las modificaciones a las leyes que protegen el ambiente”, concluyó Brizuela.
Fuente: ATE Córdoba