Redacción Canal Abierto | A través de las resoluciones 9, 10 y 11/2025 publicadas en el Boletín Oficial este miércoles 5 de febrero, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con firma de Claudio Avruj, dejó sin efecto las carpetas técnicas de relevamiento territorial aprobadas por el mismo organismo en 2023 a las comunidades Suyai Leufú y Lof Limay Kurref del paraje Los Molles, en Malargüe, y Lof El Sosneado, de San Rafael, todas en la provincia de Mendoza.
Las resoluciones se sustentan en el recurso administrativo presentado por la Provincia de Mendoza en referencia al reconocimiento realizado por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas ordenado por la Ley 26.160 -y sus sucesivas prórrogas-, de la ocupación preexistente al Estado nacional y provincial de estas comunidades originarias del pueblo mapuche.
“Según el derecho administrativo, un acto administrativo, como una resolución publicada en el Boletín Oficial, no puede ser dejado sin efecto por otro acto administrativo de igual tipo. En realidad tiene que haber una serie de acciones previas para fundamentar cuáles eran los actos que estaban mal, los vicios”, explica en diálogo con Canal Abierto Gabriel Jofré, werkén (vocero) de la organización Identidad Territorial Malalweche que agrupa a veintiséis comunidades mapuches del sur mendocino.
Las resoluciones “firmadas por Claudio Avruj son mamarrachos jurídicos que no resuelven nada, se parecen más a un panfleto político de un agente inmobiliario con cara de funcionario estatal”, sostiene un comunicado publicado esta mañana por la agrupación indígena.
“La medida administrativa la vamos a impugnar en el marco de la justicia federal”, continúa explicando Jofré. “Primero, porque no se ajusta a los procedimientos administrativos. Un segundo punto es que toda medida administrativa, sobre todo que lleve adelante el INAI, debe tener procesos de participación y consulta a las comunidades. El mecanismo mínimo, y más clásico, es que hay un cuerpo de delegados que se llama Consejo de Participación Indígena (CPI) donde tenemos dos delegados desde hace muchos años. Es una instancia colegiada del Instituto en el marco de la participación indígena. Eso, no se hizo”.
Por otra parte, la Ley 24.071 que ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, establece que toda medida administrativa o política que se tome con los pueblos indígenas debe ser consultada. “El relevamiento territorial es un procedimiento con consulta. El INAI de Avruj lo que tendría que haber hecho es avisarnos a las comunidades afectadas y a la organización territorial, y después de ser notificadas mínimamente, podrían haber generado algún tipo de acto administrativo. Lo generaron igual. Entonces, nosotros lo vamos a impugnar”, explica el werkén.
Las resoluciones recientes esgrimen como fundamento que la provincia no participó del proceso de relevamiento territorial. “Desmentimos eso. Lo tenemos fundamentado en varias causas. El anterior director de Tierras (y Registro de Comunidades Indígenas del INAI), Martín Plaza, hizo público en sus redes sociales todo el procedimiento que se realizó, nota por nota y eso fue presentado en febrero del 2023 cuando fue el debate en la Legislatura de Mendoza (N. de R.: se refiere al infame debate negacionista que votó la “inexistencia” del pueblo mapuche en la provincia). Inclusive, constan en las actas y en las audiencias de la legislatura todas las comunicaciones que se le hicieron a la provincia. Por ejemplo, el registro de catastro y el registro inmobiliario de la provincia fueron consultados y dieron sus informes”.
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El relevamiento territorial
El relevamiento territorial es una herramienta para identificar y documentar el territorio ocupado ancestralmente por una comunidad originaria que no cuenta con escrituras, ya que la mayoría de las veces su ocupación es anterior a la existencia de los Estados y garantizar los derechos de estas comunidades. Esta instancia se creó para satisfacer derechos consagrados en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA y otras normas nacionales y provinciales.
“A pesar de estas resoluciones, no se vuelve a foja cero: hay un trabajo realizado por el INAI, que ya se hizo, un relato antropológico, los georeferenciamientos, todo el trabajo de terreno y todo lo que lo que admite la carpeta técnica. En todo caso, si llegáramos a una situación forzada de que la provincia tenga que participar, la provincia tendría que poner un equipo propio y con participación indígena revisar lo realizado. Los estamos esperando para que vengan y vean dónde estamos, cómo estamos y terminen nuevamente el acto administrativo”, sostiene Jofré.
“Vemos con mucha preocupación el grado de violencia institucional y el nivel de presión sobre los ámbitos judiciales, donde hay jueces que aplican el derecho indígena y resisten esta coerción, pero hay otros que son proclives y es posible que tomen la decisión de incorporar esas resoluciones a las causas judiciales, que son varias, e intenten avanzar con medidas, como desalojos”, advierte el referente mapuche. “Frente a esta posibilidad, en cada causa, vamos a pedir medidas cautelares, medidas de amparo ante la posibilidad de que quieran intentar esto. Una salvedad final: judicialmente no estamos denunciados por usurpación en ninguna causa. Todas las causas que tenemos son civiles y comerciales ninguna es penal. Nosotros no hemos usurpado un territorio, no estamos denunciados por usurpación”.
Terrorismo gubernamental y mediático
El bobocero presidencial Manuel Adorni calificó de “terroristas” a las tres comunidades mendocinas a las que se les revocó la carpeta técnica. “Están forzando una vinculación con la RAM, una organización que, lo hemos dicho públicamente en conjunto con la Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, no existe. Hay expresiones de algunas autoridades mapuche y algunos dirigentes mapuches que se hacen responsables de lo que dicen. Particularmente nos quieren vincular con Facundo Jones Huala quien está viviendo y sufriendo una persecución tremenda, a esta altura no lo dejan ni descansar”, explica Gabriel.
Definir como terrorista a una organización comunitaria, a un grupo ambientalista o cualquier otro actor social molesto, le permite al Estado y a los grupos que lo dominan criminalizarlos e instrumentar su persecución y represión. “Nosotros, acá en el territorio no tenemos en todo este proceso organizativo, en los últimos 15 años, una acción directa, un corte de ruta. No tenemos ningún antecedente para que ellos puedan sostener que hicimos una acción violenta, no hay ningún justificativo. Incluso, en muchas ocasiones nos han corrido por izquierda, porque no hacemos esas acciones para evitar la penalización, evitamos llegar a la condición de la criminalización”.
Andrés Klipphan e Infobae: Carne podrida S.A.
En una nota publicada hoy en Infobae, el periodista Andrés Klipphan sostiene que la organización Malalweche recibió 380 millones de pesos a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario del INAI. “Los fondos que recibieron un montón de organizaciones indígenas en todo el país estaban vinculados a la ejecución de la ley 26.160, que entre otras cosas estableció un fondo de servicio jurídico para asistir a las comunidades que en su mayoría no tenían cómo costear la asistencia jurídica. Es una forma de garantizar las condiciones de acceso a la justicia. El Estado se tuvo que hacer responsable y entregarle fondos a las organizaciones indígenas para contratar a sus abogados autónomos que en ocasiones tuvieron que litigar contra el propio Estado”, explica Jofré.
“Que yo haya recibido esos fondos es totalmente falso. Por otra parte, los fondos para la ley fueron aprobados por el Congreso en cada periodo presupuestario”, concluye el referente de la organización política mapuche.
“Nosotros no somos terroristas, estamos haciendo un reclamo histórico. Somos productores ganaderos, puesteros trashumantes, pastores que vivimos en la cordillera y durante cientos de años venimos desarrollando actividades y viviendo en esos territorios. Seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace miles de años”.