Redacción Canal Abierto | Estados Unidos impondrá sanciones contra el personal del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, que haya participado en causas contra “personas de EE UU y algunos aliados, incluido Israel”.
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump plantea como un “peligroso precedente” la orden de arresto emitida por esta corte meses atrás contra Benjamín Netanyahu.
Sucede luego de que el primer ministro israelí visitara Washington, donde en conferencia de prensa el mandatario norteamericano habló de “tomar el control de Gaza” y expulsar a los cerca de dos millones de palestinos de la Franja, lo que para el derecho internacional calificaría como crimen de guerra.
El argumento principal del gobierno de Trump es la “defensa de la soberanía nacional” ante posibles “intromisiones injustificadas en sus decisiones políticas y militares” . En concreto, persigue la impunidad ante los presuntos delitos cometidos por ciudadanos estadounidenses en lugares como Afganistán o bien el genocidio en Palestina.
La reticencia de Estados Unidos a aceptar la jurisdicción del TPI no es nueva: al hecho de que Estados Unidos e Israel no hayan ratificado el Tratado de Roma que da origen al tribunal, hay que sumar una orden ejecutiva de 2020 en la que el propio Trump imponía prohibiciones de viaje y la congelación de activos contra la entonces fiscal jefe, Fatou Bensouda.
Al enmarcar este blindaje a propios y amigos como una defensa de la soberanía, Trump ignora una realidad clave: la existencia de crímenes de guerra no está sujeta a las fronteras nacionales. Las atrocidades cometidas en conflictos internacionales, ya sea por parte de potencias globales o por actores locales, deben ser investigadas y juzgadas por organismos internacionales imparciales, cuya función es garantizar que los derechos humanos prevalezcan por encima de los intereses geopolíticos.
En diciembre, el presidente del tribunal, el juez Tomoko Akane, advirtió que la imposición de sanciones estadounidenses “socavaría rápidamente las operaciones de la corte en todos los casos y situaciones, y pondría en peligro incluso su propia existencia”.
Integrado por 124 Estados miembros, el TPI fue establecido para procesar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y el crimen de agresión cuando los Estados miembros no quieren o no pueden hacerlo por sí mismos.
Entre los países miembro se encuentra la Argentina, cuya diplomacia hoy se ve afectada por la incontinencia verbal de su Presidente, quien ya afirmó su respaldo irrestricto a la actual administración de la nación hebrea.