Redacción Canal Abierto | Según constató el proyecto Mirar -que desde 2020 monitorea la implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)- durante 2024, el gobierno nacional discontinuó completamente la provisión de insumos anticonceptivos y tratamientos para el aborto, lo que afectó negativamente el acceso equitativo a estos servicios, “trasladando la respuesta a las provincias”.
El último informe de la iniciativa en el que participan el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto al Ibis Reproductive Health, precisa que la falta de planificación de este traspaso de responsabilidades y la poca flexibilidad del mercado de insumos para negociar precios complicaron aún más la situación, lo que se refleja en las diferencias de precios en compras de insumos a nivel provincial.
El estudio agrega que si bien muchas provincias mostraron voluntad de comprar insumos y realizaron compras durante el año, en otras “se observó una débil capacidad de respuesta”.
Según reporta el medio local La Nota, esta es la situación en Tucumán, donde los testimonios de mujeres y personas gestantes que necesitan acceder a una IVE y les dan turno para dentro de tres o cuatro meses, o les dan una orden y las mandan a comprar el misoprostol a la farmacia, se multiplican por decenas. Y es que al corte de suministro desde nación, se agrega una clara falta de voluntad política del gobierno provincial para comprar los medicamentos.
“Con un test de embarazo positivo en mano y una economía familiar estallada por las políticas de ajuste, M., madre de dos hijos, acude al hospital del Este en Banda del Río Salí. Allí, la respuesta es fría: “No hay medicación disponible; tenés que comprarla en la farmacia”. “El misoprostol, fármaco esencial para la IVE, tiene un precio que oscila entre los 160.000 pesos, una cifra inalcanzable para muchas”, apunta la autora del artículo, Milagros Mariona.
Otro de los testimonios cuenta lo que vivió una joven de 19 años, estudiante universitaria, a quien en la Maternidad le otorgaron un turno para la intervención en marzo, a pesar de que su solicitud fue en diciembre. “Aún sigue sin poder acceder a su derecho”, remata la periodista especializada, quien también recata el rol del activismo feminista para poder sortear los obstáculos en muchos de los casos.
Laura Sánchez, referente en Tucumán de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, detalló el panorama en la provincia. “Desde abril del año pasado las partidas presupuestarias no se están enviando a las provincias. El Ministerio de Salud de Tucumán se estuvo haciendo cargo de la compra de misoprostol y mifepristona, pero a partir de agosto dicha compra se suspendió dejando a criterio de directores de hospitales la adquisición de los insumos necesarios para poder garantizar IVES e ILES en nuestras provincia”.
La responsable de la situación es de una estirpe conocida: es sobrina de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Sin embargo, en la provincia cuentan que ni siquiera le conocen la cara. Se trata de Mara Pérez Reynoso, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Condiciones negativas
El panorama que se constata en Tucumán podría estar replicándose en otras jurisdicciones, ya que los recortes del 100% en el envío de medicamentos para garantizar la IVE y la ILE, y de insumos anticonceptivos, afectan a todo el territorio nacional. En Neuquén, por ejemplo, la histórica organización de socorristas de aborto “La Revuelta” le dijo en enero a Canal Abierto que estaban detectando un aumento en las consultas por falta de respuesta estatal a los pedidos de acompañamiento, tanto para casos de violencia de género como en lo referido al acceso al aborto.
En ese sentido, desde el Proyecto Mirar, explicaron que, a nivel nacional, el problema de los insumos no fue el único eslabón quebrado de la política integral de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, “pero fue protagónico”. “Adicionalmente, el desmantelamiento del Plan Enia y el clima adverso sobre el aborto que el Ejecutivo Nacional también resintió el escenario, creando condiciones negativas para el sostenimiento y -más aún- el fortalecimiento de la política pública”.