Redacción Canal Abierto | Javier Milei firmó este lunes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para sellar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), esquivando el debate y la aprobación del Congreso Nacional, como exige la legislación vigente.
De esta manera, aprobó operaciones de crédito público en el marco de un Programa de Facilidades Extendidas con el supuesto objetivo de cancelar deudas del Tesoro con el Banco Central y refinanciar compromisos previos.
Sin embargo, todos los analistas –incluso aquellos afines al oficialismo- reconocen que el dinero forma parte del intento gubernamental por contener el dólar y evitar una devaluación que podría disparar nuevamente la inflación, el único indicador que La Libartad Avanza exhibe como logro.
Por estas horas, la maniobra ha sido señalada como ilegal e inconstitucional, y que al momento incluso valió una denuncia penal contra el Presidente.
Mientras tanto, el FMI guarda silencio sobre los detalles del acuerdo, limitándose a señalar que la aprobación final dependerá de su Directorio.
En principio, la decisión de Milei de recurrir a un DNU para concretar este acuerdo choca frontalmente con la Ley 27.612, conocida como “Ley Guzmán”, sancionada en 2021. Esta norma establece en su artículo 2 que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
El artículo 75 de la Constitución Nacional refuerza esta obligación, otorgando al Congreso la facultad exclusiva de “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior”.
Es decir que, al optar por un decreto, el Ejecutivo no solo usurpa funciones legislativas, sino que sienta un precedente peligroso para la democracia argentina.
El argumento oficial y sus grietas
Desde Casa Rosada justificaron la urgencia del DNU alegando que la “volatilidad económica” y la necesidad de “fortalecer el balance del Banco Central” no permiten esperar el trámite legislativo ordinario.
Según el texto del decreto, los fondos –cuyo monto no se especifica– serán destinados a cancelar letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central y a saldar vencimientos del acuerdo de 2022 con el FMI.
Increíblemente, el gobierno aseguró que la operación no incrementará la deuda neta, sino que simplemente cambiará de acreedor. Un argumento que no soporta el menor análisis.
La falta de transparencia sobre los términos del acuerdo –montos, plazos exactos y condiciones impuestas por el FMI– genera sospechas sobre las verdaderas intenciones del Ejecutivo. En segundo lugar, la vía del DNU no cumple con los requisitos de “necesidad y urgencia” establecidos por la Corte Suprema en fallos como el de “Verrocchi” (1999), que exige que el Ejecutivo demuestre la imposibilidad de usar el trámite legislativo normal.
Nada indica que el Congreso, que ya ha tratado acuerdos con el FMI en el pasado, no pudiera haber abordado este tema con celeridad si el gobierno lo hubiera remitido como proyecto de ley.
La urgencia por cerrar este acuerdo parece responder a la crítica situación de las reservas del Banco Central, que han caído drásticamente en los últimos meses: solo en las últimas semanas, se estima que se perdieron miles de millones de dólares.
Una historia que se repite
La relación de Argentina con el FMI es un capítulo recurrente de su historia económica, marcada por ciclos de endeudamiento, ajustes y crisis. Desde el ingreso al organismo en 1956, el país ha firmado más de 20 acuerdos, ninguno de los cuales resolvió estructuralmente sus problemas.
El préstamo récord de 2018, negociado por Mauricio Macri y Luis Caputo –hoy nuevamente al frente del Ministerio de Economía–, dejó una deuda de 44 mil millones de dólares que el gobierno de Milei ahora busca refinanciar con más deuda. La paradoja es evidente: un presidente que llegó al poder prometiendo “volar por los aires” al Banco Central y romper con las ataduras del sistema financiero internacional recurre al mismo FMI que criticó en campaña.
Un camino incierto
El decreto de Milei no solo adolece de dudosa legalidad, sino una apuesta arriesgada que podría terminar en los tribunales o en las calles. Si el Congreso no logra rechazarlo –lo que requiere mayorías en ambas cámaras–, el DNU quedará vigente, consolidando otro precedente autoritario de la actual gestión.
En un país donde la confianza en el gobierno se erosiona –golpeada por escándalos como el de la criptomoneda $Libra y una economía en recesión–, el decreto 179/2025 aparece como un nuevo eslabón en una cadena de promesas incumplidas. La “libertad” que Milei pregona parece ser, cada vez más, la libertad de unos pocos para decidir el destino de todos.