Redacción Canal Abierto | En lo poco que duró su mandato, Manuel García-Mansilla se dio el gusto de intervenir en fallos llegados a la Corte, a pesar de que la legitimidad y legalidad de su firma estaba entonces y está ahora ampliamente cuestionada.
Uno de ellos es el sobreseimiento al juez de la dictadura Pedro Cornelio Federico Hooft, que estaba imputado por no haber investigado los casos de los abogados secuestrados en la Noche de las Corbatas.
El exmagistrado había sido sobreseído en la causa por el secuestro y la desaparición de abogados laboralistas en 1977. Los supremos, incluyendo al recientemente renunciado, dejaron firme el sobreseimiento.
La decisión se tomó el jueves, horas antes de que el Senado le dijera que no a Mansilla por amplia mayoría.
La Corte Suprema cerró así a una causa que se inició en marzo de 2006, impulsada por el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde.
El diario Página/12 adelantó que los familiares y sobrevivientes llevarán el caso a los tribunales internacionales.
Hooft estuvo imputado por 17 casos de víctimas de homicidios, desapariciones forzadas, torturas y secuestros. Para la fiscalía, esos delitos “no hubiesen podido perpetrarse, o al menos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior, sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft, quien tramitando los hábeas corpus presentados en beneficio de las víctimas y las causas en las que debieron investigarse las privaciones ilegales de la libertad y los homicidios de algunas de ellas, proporcionó adecuada cobertura judicial a los autores de tales hechos, evitando a la vez que los sucesos fueran investigados en los estrados competentes”.
El viernes la Corte Suprema también rechazó por unanimidad que el crimen de Diana Sacayán sea considerado un travesticidio. El Ministerio Público Fiscal había pedido en 2020 que se incorporara el agravante de “odio a la identidad de género” en el fallo que condenó al asesino de la activista trans y defensora de los derechos humanos.
En octubre de 2020, la Cámara de Casación ratificó la prisión perpetua a Gabriel Marino como uno de los dos responsables del asesinato de Diana, pero entendió que el delito debía ser calificado como femicidio, tal como está contemplado en el artículo 80 del Código Penal. La apelación llegó a la Corte que ahora, con participación de García Mansilla, confirmó la condena pero negó el calificativo reclamado.
Según la acusación fiscal, la brutalidad del homicidio y la particular violencia perpetrada por los femicidas son prueba concluyente de que el crimen fue concretado por o con odio a la identidad de Sacayan.
Ambos casos fueron resueltos por unanimidad, con la firma de los 4 cortesanos, lo que, de antemano, impediría que se reviertan a pesar de que finalmente el voto de García-Mansilla sea anulado.
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