Redacción Canal Abierto | La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) dio a conocer el informe La violencia estatal desplegada por el gobierno municipal de General Pueyrredón. Sin ningún impulso metafórico, a lo largo de 32 páginas se puede asistir a un exhaustivo relevamiento de situaciones de violencia verbal, física y psicológica por parte de integrantes del Cuerpo de Patrulla Municipal de Seguridad contra personas en situación de distintos grados de vulnerabilidad.
La CPM realizó este trabajo en tanto mecanismo local de prevención de torturas, en el que ubicó temporalmente “a fines de 2024 y en particular en los primeros meses de 2025” un accionar de la patrulla municipal con “prácticas asimilables a grupos de tareas: por la noche, en autos sin patente o agentes sin la debida identificación y encapuchados. Esas prácticas, además de ser un delito, adquieren elevados niveles de crueldad que se naturalizan y festejan: despiertan a la gente en situación de calle a los golpes, rompen y roban sus pertenencias, le tiran la escasa comida que le cuesta conseguir”.
El trabajo no se detiene en el accionar de la fuerza de seguridad municipal, sino que apunta al propio intendente Montenegro al advertir que “sin ningún tipo de atribución legal y por fuera de la normativa que establece la patrulla municipal, el intendente Guillermo Montenegro se arrogó la facultad de otorgar a funcionarios municipales la posibilidad de privar de la libertad, realizar cacheos y secuestrar pertenencias, todo bajo el objetivo declarado de colaborar con la prevención en materia de seguridad”.
Según la labor de la CPM, la responsabilidad del intendente no se limitó a un dejar hacer, sino que, además, “difundió en sus redes sociales (X e Instagram) una serie de videos donde se observa a personal de la patrulla municipal realizando detenciones, requisas y usando la fuerza física”.
Y subraya que “lejos de repudiar estos hechos y de cumplir con la obligación de denunciar los delitos que lleguen a su conocimiento, el Intendente difundió, defendió y promovió el accionar de los agentes municipales, haciendo apología de los delitos y utilizando definiciones discriminatorias y estigmatizantes”.
En el relevamiento se da cuenta de publicaciones realizadas por el propio Montenegro y hasta por la cuenta oficial del municipio de General Pueyrredón en el que se muestran desalojos violentos. Y el agregado del intendente, lejos de intentan pacificar, exacerba esas imágenes.
“Cuando se dice basta, es basta. Andá a boquear a la autoridad en otro país… Terminás preso o abatido”, bravuconea Montenegro desde su cuenta de X en uno de los ejemplos citados en el informe. Dicha publicación da pie al retweet de un video del sistio local Ahora Mar del Plata en el que se ve como un agente golpea.
En una publicación en Instagram, Montenegro sentencia que “ESTO NO ES TRABAJO” y comparte un video que compila registros de la fuerza local desalojando a personas que trabajan en la calle. Una vez más, lás buenas prácticas te las debo.
Entonces, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el organismo presentó una denuncia penal contra la máxima autoridad política del municipio.
La CPM advierte que “la política desplegada desde el gobierno municipal representa la puesta en marcha de un dispositivo específico, como es la patrulla municipal, en un contexto de difusión de discursos de odio orientados a estigmatizar a sectores vulnerados de la población. Esto reviste especial gravedad, ya que no sólo implica el aval de acciones ilegales por parte de agentes estatales sino también la generación de condiciones de posibilidad para la diseminación de esa violencia hacia otros sectores de la población”.
A partir del relevamiento realizado por la CPM mediante testimonios, denuncias y la propia información pública que brindan el municipio y el propio intendente, los integrantes de la fuerza municipal incurrieron en delitos como privaciones ilegales de la libertad, agresiones físicas, verbales y psicológicas, sustracción de pertenencias, expulsiones del ámbito de vida y subsistencia.
Entre los testimonios, de cuyos aportantes se resguarda la identidad mediante siglas para protegerlos se desprenden situaciones como esta: “estaba recostado sobre el pasto en la plaza pública situada en la calle Córdoba y diagonal Alberdi, cuando una mujer policía uniformada me grita ´negro de mierda levantate de acá, no podes estar´. Cuando le dije que estoy en situación de calle me responde ´¿qué pingo me importa?´ Le dije que si tenía un problema que se comunique con la fiscalía, me respondió ´no me importa un pingo, conmigo de espaldas contra el árbol´ (…) me da varias cachetadas fuertes en la cara y cuello. Ahí se acercaron los empleados municipales y me dijeron: ´Hay un decreto de la municipalidad que dice que usted no puede dormir en la calle y que la próxima vez le vamos a sacar las cosas o los vamos a poner en un tren y mandarlos para Buenos Aires; la mujer policía me dijo ´si te agarramos a la noche la vas a pasar mal, te vamos a hacer desaparecer´”.
Además de las propias víctimas, también aportaron relatos voluntarios que realizan una labor de entrega de alimentos, ropa, abrigos u otros elementos donados a las personas que viven en la calle. Ellos fueron quienes describieron que los operativos son llevados adelante por las noches, por un grupo de entre 15 y 20 agentes municipales que se desplazan en camionetas, ocasionalmente sin patente que permita identificarlas. Y que también forma parte de este operativo una persona que se desplaza en un Volkswagen Bora blanco y en apariencia es el responsable de estos operativos.
Uno de estos testimonios reproducidos en el informe de la CPM da cuenta de que “al encontrar a una persona durmiendo en algún espacio que ellos consideran no apto proceden a despertar a la persona y en todos los casos le sacan (´decomisan´) sus pertenencias (colchones, mantas, algunos elementos de trabajo, etc.); si la persona se resiste es golpeada por varias personas a la vez e incluso humillada y obligada a dejar pertenencias más esenciales como sus zapatillas o teléfono como modo de castigo adicional. Cabe resaltar que estas intervenciones se realizan en horario nocturno, sin ningún tipo de orden judicial. El único hecho detonante del accionar de esta patota es dormir en la calle, cajero, o zaguán donde este grupo decide discrecionalmente que ahí no se puede dormir”.
En el escrito, la CPM plantea que “la seguridad ciudadana es un derecho humano, y la preservación de la vida, la libertad y la integridad son obligaciones que el Estado debe cumplir. Sin embargo, el cumplimiento de esta obligación no puede realizarse en oposición al respeto de los derechos humanos y por fuera de las garantías elementales de la población”.
Y advierte que “las políticas de seguridad que implementa el gobierno municipal no resolverán los problemas de la inseguridad, por el contrario, los agravara”.
En el trabajo se señala que el ejecutivo comunal no es el único al que le cabe la responsabilidad por la situación expuesta. “A esto se agrega la negativa del Honorable Concejo Deliberante a ejercer sus funciones de investigar y archivar la presentación de la CPM sin tratamiento alguno, dando cuenta también de los déficits en el funcionamiento de esos controles republicanos indispensables para el fortalecimiento de la democracia”, expone.
Y concluye: “El Poder Judicial tiene ahora la responsabilidad de investigar y condenar a los responsables de estos delitos, y poner un límite a estas graves violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades y agentes del Municipio de General Pueyrredón”.