Redacción Canal Abierto | En un contexto de creciente militarización, el Gobierno autorizó a las Fuerzas Armadas (FFAA) a detener civiles en la frontera norte del país, específicamente en el marco del “Operativo Julio Argentino Roca”. La disposición fue anunciada y publicitada por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien aclaró que las aprehensiones transitorias sólo se podrían llevar a cabo en casos de flagrancia.
Sin embargo, la propia Constitución Nacional -en su artículo 75 inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos- prohíbe explícitamente la participación de los militares en tareas de seguridad interior.
También la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, que establece claramente que las FFAA no pueden intervenir en asuntos de seguridad pública, salvo en casos excepcionales declarados por el Congreso, como un estado de sitio. O bien la Ley de Defensa Nacional N° 23.554, la cual limita su rol a la defensa contra agresiones externas, excluyendo cualquier función de policía o control interno.
“Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, EEUU lo acaba de anunciar en enero, ¿por qué acá algunos se escandalizan?”, apuntó Petri en la red social X (ex Twitter).
La iniciativa, además de ilegal, abre la puerta a potenciales violaciones de derechos humanos. La historia reciente de América Latina –México, Colombia y Perú, por mencionar algunos ejemplos– demuestra que la militarización de la seguridad interna tiende a agravar la violencia, debilitar a las instituciones democráticas y fortalecer a las organizaciones criminales.
Entre otras cosas, estas “reglas de empeñamiento” contemplan el uso de técnicas físicas, químicas o mecánicas, así como disparos de advertencia en situaciones de riesgo.
Aunque se prohíbe disparar contra personas o vehículos en fuga, la ambigüedad de estas directrices y la falta de claridad sobre la cadena de mando generan preocupación entre los propios militares, quienes temen enfrentar juicios por posibles excesos durante los patrullajes. En un contexto salarial que apenas alcanzan para la subsistencia, los efectivos se ven expuestos a riesgos legales y físicos sin el respaldo adecuado.
No fueron pocos los que en las últimas horas señalaron las similitudes entre medidas como esta y las tomadas por María Estela Martínez de Perón hacia el final de su gobierno, y que luego serían funcionales para la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.