Redacción Canal Abierto | Como en cada inicio de cuatrimestre desde que asumió Javier Milei, otra vez el inicio de las cursadas en las universidades nacionales está en peligro. Así lo advirtieron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado publicado ayer en respuesta a una operación mediática orquestada desde el Ministerio de Capital Humano para -denunciaron- desviar la atención de la grave crisis que continúan padeciendo las casas de altos estudios en todo el país.
En un posteo en redes sociales, que luego fue replicado por La Derecha Diario y distintos funcionarios libertarios, entre ellos, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, la cartera a cargo de Sandra Pettovello dijo que las afirmaciones del CIN respecto a que habían renunciado 10.000 trabajadores del sistema universitario eran “falaces” y que, por el contrario, ahora había “más cargos que antes”.
En respuesta, desde el CIN expresaron: “En lugar de atender y ocuparse de la crítica situación que atraviesan las universidades, sin siquiera responder formalmente una nota elevada por los canales institucionales para advertir las dificultades que atravesamos, el gobierno nacional intenta correr el eje de la discusión”.
“Pretende -denunciaron- poner en duda que se fueron del sistema 10.000 docentes, calificados, con prestigio y con historia que, por supuesto, afectan la calidad y la excelencia educativa que distingue a nuestras universidades”. “Docentes con vocación, que defienden la universidad pública, pero a los que les es imposible sobrevivir con los bajos salarios que perciben. En algunos casos ni siquiera les alcanza para cubrir el transporte”, afirmaron.
Y aclararon: “Por supuesto que esos cargos tuvieron que tener un reemplazo para poder garantizar la cursada de los estudiantes. Pero la premura y la urgencia no es la mejor solución para estos casos. Y deberían saberlo, un recurso humano formado que se pierde no se recupera solo en un acto administrativo, son años de formación”.
“Como deberían saber también -agregaron- que hay carreras nuevas en marcha que para completar sus años de dictado exigen la designación de personal docente a cargo de cada materia. Para esas carreras no hay un solo fondo de financiamiento y, en algunos casos, los que estaban previstos para su puesta en marcha se han dejado de transferir”, alertaron.
Emergencia salarial
En la misma línea, los rectores de las universidades nacionales se refirieron a la grave situación salarial que atraviesa a los docentes, y que -paradójicamente- es reconocida en el propio comunicado firmado por el Ministerio de Capital Humano. “Es grave que la ministra y el subsecretario reconozcan en su propia nota que los docentes tuvieron una pérdida del 35 % del poder adquisitivo de los salarios y no hagan nada al respecto”, lamentaron.
“Es esa una de las principales causas que afecta el desarrollo del segundo cuatrimestre de 2025. Las cifras que presentamos desde las universidades reflejan fielmente esa realidad”, advirtieron.
En esa línea, señalaron que el documento del ministerio “estima los valores salariales de 2023 a diciembre de 2024 de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, lo que implica, en los hechos, una coincidencia con los principios básicos que sostiene el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, dictaminado favorablemente ayer en la Cámara de Diputados”.
Dice Capital Humano: “Según el Anuario de Estadísticas Universitarias 2023, la ejecución presupuestaria en gastos de personal financiados por el Tesoro Nacional ascendió a $1.156.794.874.718, con una planta total de 220.660 personas, lo que representa un costo promedio anual de $5.242.431 por persona. Se se hubiera reducido en 10.000 personas, ello implicaría un excedente de $52.424 millones a valores de 2023, que actualizado a diciembre de 2024, supera los $119.000 millones. Ninguno de esos montos aparece como superávit en los presupuestos universitarios actuales”.
Dictamen para un nuevo proyecto de financiamiento
Mientras, el martes 8 de julio, el plenario de Comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados le dio dictamen de mayoría, con 49 firmas, al nuevo proyecto sobre Financiamiento Educativo elaborado de forma conjunta por las federaciones docentes, la nodocente y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
La propuesta contó con los apoyos de los diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal, y con el rechazo de La Libertad Avanza y sus aliados, que alegan -al igual que respecto al aumento a los jubilados, la Ley de Emergencia en Discapacidad, o los fondos para las provincias- que pone en jaque el equilibrio fiscal.
Sin embargo, el proyecto que busca “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina” establece la fuente de financiación sin crear nuevos impuestos y manteniendo el equilibrio fiscal del Estado nacional, explicaron desde el CIN.
En esa línea, el presidente de esa institución, Oscar Alpa, precisó que la propuesta “implica, básicamente, una reorientación de prioridades del gasto del gobierno nacional”, porque “la inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado, sino que, también, constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país”.
Así, el artículo 6 prevé como fuente de financiamiento la “Coparticipación federal de recursos federales”, a partir de programas ya existentes como el de “Desarrollo de la Educación Superior”, o la “Proporción Universitaria”. Esto, “sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece”.
En paralelo, prevé la creación de un Fondo especial para Carreras Estratégicas de $10.000.000.000, que además tendrá como fin el financiamiento de las becas. Y, asimismo, una ampliación progresiva de la participación del presupuesto universitario “hasta alcanzar, en el 2031, como mínimo, una participación del 1,5 % (uno coma 50/00 por ciento) del Producto Bruto Interno (PBI) presupuestado en cada año», indica el artículo 10.
Otros puntos fundamentales del texto tienen que ver con proteger las paritarias y los fondos operativos necesarios. Así, establece paritarias trimestrales para docentes y no docentes, con aumentos mensuales atados a la inflación, y una recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023. Además, prevé que los gastos operativos de las casas de estudio se actualicen automáticamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se fija una meta de inversión educativa equivalente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2031, con subas progresivas a partir de 2026.
Portada: Archivo (Marcha Federal Universitaria, 2024)