Redacción Canal Abierto | Siete meses después de que en una protesta frente al Congreso, el fotógrafo Pablo Grillo recibiera el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, la justicia federal dictó el procesamiento de Héctor Jesús Guerrero, el cabo de Gendarmería que le disparó. El fallo de la jueza María Servini determinó que Guerrero fue el autor del disparo y que lo hizo de manera deliberada y en contra de todos los protocolos de uso de esas armas.
En la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital Federal, la jueza entiende que Guerrero cometió los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por ser miembro de una fuerza de seguridad. También sostiene que además del disparo contra Pablo, el gendarme tiró otras cinco veces de manera prohibida, poniendo en riesgo a otras personas que estaban en la protesta.
Según precisó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el procesamiento de Guerrero es sin prisión preventiva. El gendarme debe mantener el domicilio fijado, avisar al Juzgado en caso de ausentarse por más de 72 horas y presentarse en los primeros cinco días de cada mes en la delegación de la Policía Federal más próxima. Además, la jueza impuso un embargo de 203 millones de pesos y le mantuvo la prohibición de salir del país.
“Actuaciones como las que llevó adelante Gendarmería el 12 de marzo”- apuntaron desde el organismo de Derechos Humanos que patrocina a la familia en la causa- “están directamente ligadas con la aplicación del protocolo anti protesta que impulsó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich”.
“Desde que se puso en práctica, las fuerzas de seguridad desplegaron operativos ilegítimos sobre quienes salen a la calle a manifestarse. En los últimos casi dos años, el protocolo amenazó derechos constitucionales como el de protestar, el de libertad de expresión, de petición y reunión”, denunciaron en un comunicado de prensa.
Cabe recordar que la identificación del gendarme Guerrero fue posible gracias al trabajo del colectivo Mapa de la Policía, red de cuidado ciudadano para contrarrestar la violencia policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encargó de reconstruir el hecho a partir del aporte de los registros de los fotorreporteros y ciudadanos que participaron de la manifestación. Tan solo 5 días después del hecho, ya estaba individualizado el autor del disparo y la reconstrucción realizada junto de los peritos científicos Rodolfo Guillermo “Willy” Pregliasco y Martín Onetto fue aportada como prueba a la causa que lleva la justicia federal.
Como explicó el CELS, los registros audiovisuales y la reconstrucción también permitieron observar que Guerrero disparó contra el joven fotógrafo “sin respetar las normas sobre el uso de las llamadas armas menos letales, que prohíben disparar este tipo de lanzagases en línea recta hacia personas, especialmente a la cabeza o rostro”. Esto, pese a que “Guerrero estaba capacitado y formado para disparar correctamente (a 45 grados, hacia o hacia abajo) este tipo de armas”, como destaca la jueza Servini en el dictamen.
Tal es así que “nueve días después del ataque, el cabo dio instrucción de tiro a otros gendarmes”.
En paralelo, “la resolución de Servini demuestra que Guerrero disparó varias veces de forma antirreglamentaria sin que ninguno de sus jefes interviniera para frenarlo”.
“Ellos también deben ser investigados”, subrayaron desde el organismo que, junto a la LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre), asumieron la representación legal de la familia de Pablo en la causa para que se investigue el ataque, y también, las responsabilidades jerárquicas y políticas de lo que ocurrió el 12 de marzo.
Foto: Kaloian Santos