Por Leo Vázquez | Este mediodía, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a analizar la continuidad de la prisión preventiva de Carlos “Indio” Castillo, uno de los condenados por su participación en la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y actualmente imputado en el juicio conocido como “1 y 60 / Comisaría 8va”. La revisión se realiza tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó al tribunal evaluar nuevamente los argumentos que sostienen su detención.
Durante la audiencia, organismos de derechos humanos, familiares, sobrevivientes, querellas y equipos de acompañamiento pudieron explicar a los jueces sus argumentos para alertar la gravedad que podría implicar la suspensión de la prisión en este caso.
La resolución que adopte Casación no sólo impactará en la situación procesal de Castillo, sino que marcará el alcance práctico del reciente pronunciamiento del máximo tribunal. En el sistema judicial, el movimiento será leído como una señal sobre cómo deberán actuar los jueces frente a otros imputados por crímenes de lesa humanidad que aún no tienen sentencia firme.
Durante una conferencia de prensa brindada en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py, la abogada Josefina Rodrigo, de la APDH La Plata y de la CTA Autónoma, explicó que el objetivo de participar en la audiencia es “aclarar el riesgo que implica que estas personas vuelvan a circular por la calle”. “Venimos de una ciudad que tienen un testigo desaparecido”, recordó, en relación a Jorge Julio López.
“Este criterio que oportunamente se quiere modificar, no lo vamos a dejar pasar, el proceso de juzgamiento tiene que ser progresivo y no regresivo”, advirtió.
También habló Carlos Zaidman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
La audiencia
Ya en la sala, la propia Rodrigo explicó: “Que sean juzgados en tiempo razonable no solo es una manda constitucional sino que es un reclamo histórico de la sociedad, y ahí entran en juego las obligaciones del Estado, que no son poner en libertad a represores sino investigar y castigar delitos, es la obligación que debe prevalecer para que el Estado de derecho no se degrade a sí mismo, como dice la resolución de la Corte”.
“Otro de los puntos que argumentó la Corte para poner en duda la prisión de Castillo es que la premisa del único objetivo de la preventiva es evitar el entorpecimiento de la Justicia, y Castillo justamente ya se ha profugado”, alertó la letrada.
En la audiencia también hablaron Verónica Bogliano por la Subsecretaría de DDHH de la Provincia de Buenos Aires, Guadalupe Godoy por la LADH, integrantes de la querella compuesta.
Al finalizar la jornada, Rosario Hasperue, secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, destacó: “Fue muy positiva la convocatoria y la exposición de los argumentos y esperamos que prime la valoración de lo que esto podría significar si se concede lo que pide la defensa”.
“Nuestra presencia hoy no solo representa el repudio y rechazo al nefasto fallo de la Corte, sino que también nos convoca una vez más a reafirmar que el único lugar para un genocida es la cárcel y que la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, es inclaudicable”, agregó María José Cano, de la CTA Autónoma Nacional.
Estuvieron, entre muchos otros, Myriam Bregman (CeProDH), Victoria Montenegro (diputada FP y Abuelas), María Elena Naddeo (APDH), Juan Carlos Giordano (diputado IS/FIT), Liliana Mazzea (abogada), Alejandrina Barri (legisladora PTS/FIT, hija de desaparecidos), Adriana Taboada (Comisión Memoria-Zona Norte), Emiliano Hueravilo (CTA Autónoma La Plata e HIJOS), Daniel de Santis (escritor PRT-ERP) y otros representantes del colectivo Justicia Ya.
Dicen los organismos
En un comunicado, los organismos y las querellas denunciaron la gravedad de la situación. Advirtieron que el fallo de la Corte Suprema “podría significar una catarata de pedidos de cese de prisión preventiva en todo el país”, en un momento político marcado por el avance del discurso negacionista y la revisión regresiva de estándares de persecución penal a responsables del terrorismo de Estado. En la gacetilla difundida aseguraron que la decisión del máximo tribunal constituye “un giro oportunista de la Corte y un peligro para las víctimas”.
Castillo, integrante de la CNU y vinculado a la Triple A, fue condenado en 2017 por secuestros, torturas y asesinatos cometidos entre 1973 y 1976, y actualmente cumple pena en Campo de Mayo. Además, está imputado en el juicio “1 y 60”, donde se investigan delitos contra 299 víctimas. Allí mantiene prisión preventiva, ahora sometida a revisión.
Los activistas remarcaron que la Corte ordenó revisar esa medida “contradiciendo las decisiones de todos sus tribunales inferiores y su propio criterio, establecido en el fallo Acosta”. Según señalaron, el alto tribunal justificó su resolución en la supuesta ausencia de riesgos procesales, a pesar de que el represor “estuvo prófugo hasta 2011, cuando fue capturado y extraditado de Brasil”.
Para las organizaciones, el pronunciamiento no sólo afecta este expediente: “podría provocar un efecto dominó en tribunales de todo el país”, generando que las defensas de otros represores reclamen decisiones similares. “La Corte minimiza la gravedad de los delitos de lesa humanidad, tratando a los autores del plan sistemático de apropiación, tortura y exterminio como delincuentes comunes”, denunciaron.
Los firmantes también enmarcaron este fallo en una serie de retrocesos: “No es la primera vez que la Corte contradice el criterio de todos los tribunales inferiores”, recordaron, mencionando el 2×1 dictado en 2017 durante el macrismo. Afirmaron que las señales actuales se dan en un clima donde “el gobierno de Milei y Villarruel fomenta el discurso negacionista, desarma organismos de derechos humanos y relativiza los crímenes de la dictadura”.
El comunicado advierte además que la revisión de la Corte se suma a una dinámica judicial ya compleja, con procesos fragmentados, demoras investigativas superiores a diez años y represores que llegan a la etapa de debate en libertad o con domiciliarias. Mientras tanto, “las víctimas mueren esperando justicia”, recordaron.
Finalmente, los organismos convocaron a sostener la presencia pública en defensa de las políticas de memoria: “Llamamos a la sociedad a enfrentar y repudiar este fallo aberrante, como lo hicimos siempre, con organización, información, debate y movilización en las calles. La lucha por Memoria, Verdad y Justicia se encuentra en plena vigencia. Ni un paso atrás”.
