Por Federico Chechele | Los casos de corrupción del gobierno brotan en cada tramo de tierra que se remueve, mientras algunos periodistas andan en bicicleta en los estudios de televisión. La baja de la inflación no alcanza para evitar que la mayoría de la población deba restringir cada vez más el acceso a sus necesidades básicas. Las reformas laborales que impulsa el Gobierno en beneficio de los empresarios apuntan contra derechos laborales, y la injerencia explícita de Estados Unidos en la economía argentina profundiza la sensación de un país sin rumbo propio. En estas condiciones, la democracia no funciona.
El propio juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti dijo ayer que “la democracia no está funcionando bien, es un verdadero fin de ciclo”. Analizó además las dificultades globales de los sistemas democráticos y señaló la necesidad de reformas que los revitalicen: “Hoy se ganan elecciones con un veinte o treinta por ciento de un sesenta. Es lo contrario a la democracia”. Sus palabras cuestionan de manera directa la legitimidad que la Casa Rosada exhibe tras su triunfo en las últimas legislativas.
Pero hay algo más profundo.
El balotaje -sistema creado por Napoleón III en 1852- se incorporó en la Argentina en 1972, durante la dictadura de Agustín Lanusse, pocos meses antes del regreso de Juan Domingo Perón. Su intención fue siempre la misma: dificultar la llegada de gobiernos populares al poder. El balotaje funciona como una emboscada liberal que permite a las distintas fuerzas de derecha unificarse con apoyo mediático y asegurar sus victorias.
La segunda vuelta del 24 de diciembre en Chile será otro ejemplo: Jeannette Jara ganó la primera ronda por poco, pero es casi un hecho que en el balotaje confluirán todas las variantes de derecha que sobrevuelan el país vecino detrás de José Kast.
“Prisioneros de la democracia”, el libro publicado en 2021 por el abogado y exdirigente de Montoneros Roberto Perdía, analiza justamente estas limitaciones: una democracia que restringe la participación popular y que, por consiguiente, perpetúa las desigualdades. El texto examina las contradicciones internas del sistema y propone formas de ampliar la participación más allá del ritual electoral. También enfatiza el rol del Poder Judicial, hoy cuestionado como herramienta de lawfare. Un ejemplo reciente fue la destitución de la jueza Julieta Makintach tras el mediático juicio por la muerte de Diego Maradona. Luego de ser notificada, al salir del juzgado, expresó: “A mí me destituyen por mostrar las piernas, y a los jueces que se fueron de joda pagados por Clarín a Lago Escondido ni los amagaron con un jury, y eso que tenían chats hablando de adulterar facturas”. Hoy la Justicia es el lawfare a merced del poder.
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Si bien son diferente tipo de elecciones, entre el balotaje de 2023 y las recientes elecciones legislativas, La Libertad Avanza perdió en estos dos años 5 millones de votos: 14.554.560 en la segunda vuelta de 2023 contra los 9.437.860 votos el 26 de octubre pasado. Hay un enojo manifiesto, pero no se asume al enemigo.
La corrupción ya no solo desborda al Gobierno, sino que empieza a ser admitida. Según informó el diario La Nación, la Casa Rosada designó abogados para negociar con los inversores perjudicados por la estafa de la criptomoneda $LIBRA, escándalo que involucra al presidente Javier Milei y a su entorno. A esto se suma el Informe Final de la Comisión Investigadora de Diputados, que atribuye responsabilidad política directa al Presidente de la Nación.
Otro caso significativo es el hallazgo de 700.000 dólares en la casa de Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía. Su padre, Miguel Ángel Calvete figura en chats donde se registraban pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, algunos supuestamente destinados a “KM” (Karina Milei). En esas conversaciones, un colaborador prometía que “después nos vamos todos a Tenerife”, mientras Ornella ofrecía “un lambo” (que significa un auto Lamborghini) si conseguían determinadas reuniones.
Calvete es todo lo oscuro que La Libertad Avanza permite en sus filas. Comenzó su carrera política en el MODIN con Aldo Rico, fue concejal de Macri en La Matanza y durante años representó a los supermercadistas chinos. Hoy, como presidente de un Instituto de Consumo Masivo, es parte del equipo acusado de las coimas que involucran a Karina Milei y el clan Menem. La trama parece sacada de una novela, pero no ocupa un lugar central en la agenda mediática.
Quizás el caso más alarmante, con impacto geopolítico, sea el reciente acuerdo comercial firmado con Estados Unidos. Mientras el gobierno de Trump no cede nada, Milei pone en remate sectores estratégicos del país. Scott Bessent lo expresó sin rodeos: “Estamos recuperando América Latina sin balas”. El verbo “recuperar” revela una concepción colonial evidente, y “sin balas” sugiere que hoy no hacen falta dictaduras ni desaparecidos cuando existen gobiernos dispuestos a entregar recursos en nombre de una democracia debilitada.
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Más allá de estos casos de corrupción que no calaron hondo en la ciudadanía a la hora de votar, la vida cotidiana se deteriora cada vez más. Esta semana aparecieron dos datos alarmantes. Según el CEPA, desde que Milei asumió se perdieron 276.000 empleos registrados y cierran unas 30 empresas por día: 432 personas quedan en la calle cada 24 horas. Mientras que otro informe de la CELAG demuestra que Argentina tiene hoy los salarios más bajos de la región, con un salario mínimo inferior al de 2001. Es de apenas 225 dólares, por debajo de Bolivia y Paraguay, y lejísimos de Costa Rica, que alcanza los 729.
Justamente, esta semana se reunirá el Consejo del Salario que, tras la insistencia de las dos CTA la justicia obligó al Gobierno a convocarlo. Mientras en la Casa Rosada asegura que 12 millones de personas abandonaron la pobreza, la mentira se cuenta simple: el salario mínimo, congelado en 322.000 pesos, está por debajo de la línea de indigencia del INDEC. Allí están esos millones de pobres que la estadística oficial oculta bajo el argumento de la caída de la inflación.
Se llega a estos extremos y la precarización se vuelve palpable: un repartidor debe hacer 461 pedidos al mes para cubrir gastos básicos; 126 pedidos para alcanzar el salario mínimo; y 271 para pagar un alquiler promedio en CABA. Y mientras en el CyberMonday de 2020 los productos más vendidos fueron celulares, hoy lo es el papel higiénico: un símbolo de cómo se achican las expectativas de consumo.
A la gente se la ve cansada y abatida, encadenada a dos o tres trabajos o changas para apenas sostener lo básico. Las horas se vuelven mercancía, y la vida, una sucesión de obligaciones que apenas deja lugar para la familia y la recreación.
En las calles, en los medios de comunicación, en los discursos, la democracia se nombra como un estandarte, una conquista irrenunciable. Pero en la práctica, para gran parte de la población es una promesa que no termina de cumplirse. Se vota, pero se decide en otros ámbitos. No se transforma lo esencial que son las condiciones en las que se vive y se trabaja y se acumula un cansancio que no es sólo físico, sino también de hartazgo.
Casi 12 millones de argentinos prefirieron no ir a votar en octubre. Un gesto silencioso que expresa la pérdida de confianza en un sistema que no se siente propio.
Federico Chechele en X: @fedechechele