Redacción Canal Abierto | En un fallo alarmante para el ejercicio de derechos constitucionales, la Jueza Marcela Leiva condenó al docente Leandro Sánchez, del sindicato UTEM, y a la dirigente de la CTA Autónoma Mónica Gurina en el juicio por haber participado en el acampe por la educación en Posadas en 2024.
Tras casi dos horas de espera luego de la conclusión de los alegatos, el secretario judicial a cargo leyó la sentencia condenatoria: Gurina recibió 10 meses de prisión en suspenso y Sánchez 8 meses en la misma condición. Además, se les impuso la realización de tareas comunitarias.
El fallo generó inmediato repudio entre las organizaciones que acompañaron a ambos acusados, y en concordancia los sindicatos docentes no oficialistas de Misiones convocaron a un paro de 24 horas con asambleas zonales para este jueves 27/11.
Además, llaman a movilizar al Palacio de Justicia de Posadas el próximo lunes 1/12, cuando se darán a conocer los fundamentos del fallo.
La sentencia
Entre quienes presenciaron el debate llamó la atención el débil trabajo probatorio por parte de la Fiscalía, a cargo de la Dra. María Laura Álvarez. Ninguno de los testimonios de sus testigos, en su mayoría policías, respaldó la interpretación de los hechos presentados por la fiscal. Principalmente, la acusación se basa en atribuir a Gurina y Sánchez un poder absoluto de direccionamiento de las protestas de 2024.
Además, la acusación desconoce la prevalencia del derecho a la protesta por sobre otros derechos individuales.
La defensa ya anunció que apelará la condena en todas las instancias judiciales nacionales e internacionales competentes.
El “Misionerazo”: cuando el hambre fue más fuerte que el miedo
El conflicto que llevó a Gurina y Sánchez a los tribunales tiene su raíz en mayo y junio de 2024, cuando la inflación anual rozaba el 115% y los docentes misioneros recibían aumentos del 13%. “Nos mandaron a la escuela con hambre”, suele recordar Gurina. Fue entonces cuando las maestras, enfermeros y trabajadores estatales ocuparon las calles de Posadas y montaron un acampe frente a la Casa de Gobierno. El reclamo era elemental: comer, sostener la vida, defender el salario.
El gobierno provincial —encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua y alineado con la política de ajuste de Javier Milei— respondió con represión y causas judiciales. Treinta y dos trabajadores de la educación y la salud fueron imputados. Dos de ellos, Gurina y Sánchez, fueron seleccionados para ser los primeros en enfrentar un juicio oral. La acusación es “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal”.
Detrás de esa fórmula legal se esconde una operación política. “No es un juicio a Leandro o a Mónica —explica la propia dirigenta—, es un juicio a toda la docencia misionera que levantó la voz, que reclamó y que además ganó”. Porque la lucha, recuerda, no fue en vano: los salarios docentes pasaron de 200 mil a 450 mil pesos tras el conflicto. Esa victoria es, paradójicamente, la razón de la persecución.
Justicia de familia y disciplinamiento político
La jueza que llevará adelante el proceso, Marcela Leiva, es hermana de la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Cristina Leiva, una figura con vínculos estrechos con el oficialismo provincial. El mensaje de ese parentesco institucional es claro: el Poder Judicial en Misiones no actúa como garante de derechos, sino como brazo ejecutor del disciplinamiento político.
La elevación a juicio fue tramitada con inusual rapidez y sin pruebas que acrediten delito alguno. Según la defensa —a cargo de la abogada Roxana Rivas—, se vulneraron garantías básicas como el derecho a la protesta y a peticionar a las autoridades. La acusación, por su parte, se ampara en la idea de “entorpecimiento”, una figura penal utilizada históricamente para criminalizar cortes de ruta, piquetes o asambleas sindicales.
La maniobra no sorprende. Desde la asunción de Milei, los gobiernos provinciales han replicado el discurso oficial de orden y castigo. Misiones no fue la excepción: mientras se ajustaban salarios y se recortaban presupuestos, el aparato judicial se activó para desmovilizar a los sectores que resistían el empobrecimiento planificado.