Redacción Canal Abierto | Desde que asumió la presidencia, el gobierno de Milei promovió una agenda de ajuste y desguace de organismos estatales. Entre ellos, el INTA -organismo público clave para el agro, la investigación y la extensión técnica en el país- quedó en la mira.
Según informes recientes, el plan oficial para el INTA prevé una reducción de personal de hasta 1.700 trabajadores mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, no renovación de contratos o cesantías.
A esto hay que sumar el remate de inmuebles y cerca de 27.000 hectáreas productivas distribuidas en distintas estaciones experimentales del país, además de campos, sedes, tierras que forman parte del patrimonio del instituto.
El plan implicaría además el cierre de agencias de extensión, estaciones experimentales, áreas de consultoría, direcciones nacionales, gerencias y la reconfiguración institucional del INTA, con menos recursos y menor presencia territorial.
La “reorganización” pretende transformar al INTA en un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, dependiente del Ministerio de Economía, lo que implicaría la pérdida de autonomía institucional que tenía como entidad descentralizada.
Julieta Boedo, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), denuncia las distintas embestidas que viene sufriendo el organismo, el historial de fallos judiciales adversos que acumulan Milei y sus funcionarios, y cómo se prepara el gremio para resistir este desguace.
A la justicia
Uno de los inmuebles del INTA, situado en la esquina de Cerviño y Ortiz de Ocampo, en Palermo, fue adjudicado por USD 18,5 millones en una subasta pública realizada el 23 de diciembre.
Por la venta del edificio de la calle Cerviño 3101/67 (Palermo, Ciudad de Buenos Aires), ya fueron denunciados el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y el presidente de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz. Son acusados de “estafa, administración fraudulenta y abuso de autoridad”.
Se trata de una denuncia anónima que se hizo el sábado pasado en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal cuya descripción del presunto hecho señala que es por “sacar a remate bienes sobre los que no tienen derecho con la participación del presidente del INTA para concretar una venta a precio por debajo del valor del mercado”. De la denuncia también se desprende que “la acción encuadra en estafa” por el artículo 172 del Código Penal, administración fraudulenta, por el artículo 173, inciso 7 del Código Penal, y abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal).