Redacción Canal Abierto | El gobierno nacional quiere que el Congreso apruebe antes de las fiestas de fin de año el Presupuesto 2026. Para lograrlo, este lunes enfrenta una primera batalla durante la reunión de la nueva comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados.
El plan es obtener un dictamen este martes, para discutir el proyecto en el recinto este mismo miércoles, o a más tardar el jueves, lo que representaría un verdadero tratamiento express.
Más que una administración de recursos, el proyecto oficial implica una virtual reforma del Estado. No sólo porque elimina pisos mínimos de financiamiento, retira la movilidad de prestaciones sociales y deja vía libre a recortes discrecionales: incorpora una “regla fiscal” que obliga al presupuesto a cerrar con resultado financiero equilibrado o superavitario y crea un mecanismo formal para que el Ejecutivo recorte partidas si se detecta un desvío.
Ese mecanismo otorga al Poder Ejecutivo -a través del Jefe de Gabinete- facultades para ajustar por decreto partidas presupuestarias en curso del ejercicio, transformando el equilibrio contable en una herramienta de gestión con alto grado de discrecionalidad. El propio articulado del proyecto lo deja explícito.
En los números, de aprobarse, sigue la misma línea austericida que viene implementando Milei, con fuertes reducciones en programas en ciencia, educación, vivienda, energía y protección social.
Educación, ciencia y desarrollo
El proyecto deroga los objetivos de financiamiento previstos por leyes anteriores, como el piso del 6% del PBI para el sistema educativo, el 0,52% del PBI para ciencia y tecnología (con una senda a 1% a 2032), o el 0,2% para la educación técnico-profesional.
Esa eliminación no solo reduce recursos inmediatos: quita anclajes legales que protegían incrementos futuros. A nivel programático, se registran recortes fuertes en investigación espacial, proyectos nucleares y en el INTI, que ve limitado su rol a metrología mientras se suprimen líneas de extensión y servicios.
El proyecto incluso reduce o cancela inversiones emblemáticas como el CAREM.
Sin red social
El articulado elimina la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares, dejando su actualización en manos discrecionales del Ejecutivo.
En términos prácticos, se vulnera un mecanismo de indexación que protegía los ingresos más bajos frente a la inflación y se transfiere la presión presupuestaria hacia decisiones puntuales del Gobierno.
Antifeminista
Un informe de ELA y ACIJ presentado ante la Comisión de Género y Diversidad de la Cámara de Diputados arroja una conclusión demoledora: el ajuste iniciado en 2024 en políticas clave para la igualdad de género va a profundizarse en 2026.
El estudio hace hincapié en las partidas presupuestarias asignadas a las tres políticas que funcionan como eje del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, al que el Estado se encuentra obligado por la Ley 26.486.
El más recortado fue el Programa Acompañar, cuyo presupuesto se redujo un 90% en 2024 respecto a 2023 y cuya cobertura cayó de más de 100.000 personas a sólo 434 en un año. “Desde 2025, el Programa dejó de figurar como partida presupuestaria identificable, su sitio web permanece desactualizado y el tablero de monitoreo fue dado de baja”, asegura el informe.
En el ranking de desfinanciamiento le sigue la Línea 144, canal principal de atención a personas en situación de violencia, que perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y redujo un 45% su planta de trabajadoras.
En lo que refiere a la Educación Sexual Integral (ESI), bajo la órbita de la Secretaría de Educación, el Proyecto de Presupuesto 2026 asigna $30 millones, apenas el 2% de lo ejecutado en 2023.
Energía, tarifas y subsidios
El proyecto limita instrumentos como la ampliación del régimen de “zona fría” y establece topes y mecanismos específicos para el precio del gas en el ingreso al sistema —además de preverse recortes en subsidios energéticos— y un esquema de compensación para distribuidoras que aleguen perjuicios por leyes de emergencia.
Vivienda y hábitat
Se eliminan programas claves de política habitacional (programa “Producción Integral y Acceso al Hábitat” y otros vinculados a la Secretaría de Vivienda), y se reduce la estructura del organismo encargado de ejecutar políticas de vivienda social. El recorte operativo implica que muchas obras y líneas de crédito social puedan interrumpirse o demorarse.
Seguridad y prevención
El análisis del proyecto detecta reducciones importantes en partidas relacionadas con patrullaje de fronteras y prevención de delitos complejos (narcotráfico, ciberdelitos, trata), con caídas de entre 20% y 40% respecto a ejercicios anteriores en ciertos programas.
Falsas promesas
El Gobierno acompañó el envío del Presupuesto con anuncios de aumentos para jubilaciones, salud y educación en términos nominales. Sin embargo, múltiples observadores señalaron que las cifras macro (inflación proyectada, tipo de cambio y crecimiento) están dibujadas de modo optimista y que buena parte del equilibrio esperado responde a maniobras contables —por ejemplo, la capitalización y reemisión de intereses— más que a una verdadera recomposición del gasto social o productivo.
La macro dibujada
Para el año próximo el Gobierno espera un aumento del PBI del 5%, un objetivo demasiado optimista dada la actual recesión; una inflación anual del 10,1%, un tercio de la acumulada en este 2025; y un dólar que en diciembre del próximo año cerraría en $ 1.423 (inferior a la cotización actual) y un superávit primario del 1,5% del PBI.