Redacción Canal Abierto | El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de reforma laboral que envió al Congreso la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), una norma sancionada en 1946 que regula funciones, condiciones, derechos y garantías de los trabajadores de prensa y establece protecciones específicas para el ejercicio periodístico en Argentina. Esta eliminación está contemplada en el capítulo de “Derogaciones” del texto enviado, junto con otras normas que el Ejecutivo busca suprimir como parte de su agenda de “modernización” laboral.
La cuestionada iniciativa, tal el estilo del oficialismo, no fue consultada ni mucho menos consensuada con ninguno de los sectores afectados.
En las últimas horas, periodistas de diferentes medios de comunicación, con diversas miradas sobre la realidad política y económica del país y con distintas situaciones laborales difundieron un texto en el que reclaman a las y los legisladores del Congreso Nacional que rechacen el intento de derogación del Estatuto del Periodista Profesional y del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, que consagran derechos individuales, profesionales y colectivos.
“Su derogación significaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática de nuestro país”, advierten.
Para eso pusieron a disposición una campaña de junta de firmas que será presentada al parlamento.
Se puede participar completando el siguiente formulario.
Ya expresaron su contundente rechazo varias entidades, sindicatos y organizaciones vinculadas a la comunicación como la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), la Mesa Sindical de las Comunicaciones (Córdoba / CISPREN), la Colectiva Periodistas Argentinas, la Facultad de Periodismo de la UNLP, entre otros.
Contra todos los derechos
La Ley 12.908 no es un simple convenio: contiene artículos que amparan la libertad de conciencia, pensamiento y expresión de los periodistas, fijan criterios sobre estabilidad laboral, escalafón profesional, jornadas, licencias e indemnizaciones especiales, y buscan blindar al oficio frente a despidos arbitrarios o presiones políticas y empresarias. Sus defensores señalan que este estatuto funciona como un pilar de la libertad de prensa y un resguardo democrático, dado que sin derechos laborales concretos es más fácil que la precarización y la autocensura limiten la capacidad crítica del periodismo.
La reacción crítica proviene de distintos sectores del campo periodístico y académico, que consideran que la derogación no solo implica perder derechos laborales sino que también representa un ataque a las libertades públicas y al rol social del periodismo como contrapeso. Organizaciones como FOPEA están evaluando el impacto y coinciden en que la precarización podría “agudizar la crisis del periodismo”; desde medios y trabajadores se sostiene que no se trata solo de actualizar normas sino de eliminar un cuerpo legal que ha funcionado como dique frente a presiones económicas y políticas.
En términos más amplios, algunas voces opinan que el avance oficial refleja una disputa mayor: la de transformar la información en mercancía y condicionar al periodismo crítico en un contexto de concentración mediática y tensiones institucionales. En ese sentido, la polémica no es únicamente técnica o laboral, sino que entra en la arena de las luchas por la autonomía de la prensa, la calidad informativa y el derecho de la sociedad a ser informada de manera libre y sin condicionamientos.
“Quienes firmamos esta solicitada estamos abiertos a cualquier debate sobre las normas laborales en prensa y nunca tuvimos objeciones en discutir en un ámbito democrático su modernización. Pero nos oponemos tajantemente a una derogación, sin mediar ningún tipo de debate en el que quienes ejercemos el periodismo tengamos participación”, dicen los impulsores del rechazo.