Redacción Canal Abierto | En la noche del lunes, finalmente la Oficina del Presidente anunció el envío al Congreso de la Nación del proyecto para modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, algo que venían reclamando con insistencia las empresas del sector minero y, entre otros, Estados Unidos.
En el comunicado, en el que pide “un pronto tratamiento”, el Gobierno replica los argumentos de esos sectores que, vale decir, rápidamente salieron a expresar sus apoyos.
Así, señala que el objetivo es “ordenar el marco normativo vigente” y “poner fin a interpretaciones arbitrarias”, en referencia a los límites de las áreas protegidas. Apunta que las “graves falencias interpretativas” generaron “inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales»”.
En esa línea, les habla directamente a los gobernadores de las provincias más ricas en esos recursos. Indica que la reforma “da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo, avanzando hacia un modelo de desarrollo federal, responsable y sostenible en el tiempo, y da respuesta al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan”.
En el texto insiste así con el latiguillo de “liberar las fuerzas productivas” y con la promesa de no descuidar el ambiente, algo poco creíble cuando viene de alguien como Javier Milei que llegó a decir que “una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera”.
¿Qué cambia?
Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas difundieron un trabajo con un primer análisis del texto enviado al Congreso. “El proyecto del gobierno introduce cambios estructurales que alteran por completo la letra y el espíritu de la ley vigente”, advierten.
“En primer lugar, todos los glaciares podrían ser destruidos. La reforma elimina la protección automática que hoy establece la ley y la reemplaza por un sistema discrecional: mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas”, afirman.
“En segundo lugar –añaden- el proyecto elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial. La Ley de Glaciares vigente reconoce que glaciares y periglaciares conforman un sistema único, indispensable para la regulación del agua. Desproteger el periglacial implica, en los hechos, permitir la destrucción del glaciar. Es como proteger el hielo pero apagar el freezer: el resultado es su desaparición”.
En el documento, incluyen además un cuadro comparativo que muestra cómo es el texto actual de la ley, cómo queda con la reforma y cuál es el impacto de la modificación:
Los Abogados Ambientalistas también alertan que desfederalizar la protección del agua es “una falsa solución”. “La reforma propone que cada provincia decida qué glaciares y qué ríos pueden ser entregados a la megaminería y a la exploración hidrocarburífera. De este modo, se eliminan los presupuestos mínimos ambientales nacionales, que hoy garantizan un piso común de protección en todo el territorio argentino”, explican.
“La Ley de Glaciares no bloquea el desarrollo”
Días atrás, más de 25 organizaciones de todo el país -entre las que figuraba AAL y otras como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace o Fundación Vida Silvestre-, difundieron un comunicado conjunto en el que expresaban su preocupación por la posible reforma a la ley 26.639.
En el mismo, reafirmaban “los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que dieron origen a la Ley de Glaciares” y rechazaban “cualquier modificación que reduzca los niveles de protección ya establecidos”.
En ese sentido, señalaban que la protección que otorga la ley aprobada en 2010 es clave tanto en las áreas glaciares como periglaciares. Se trata de “reservas estratégicas de agua dulce que hacen posible la vida y el desarrollo en gran parte del territorio, en particular en las zonas áridas, en las que la provisión de agua es crítica”, explicaban.
“En un contexto marcado por el agravamiento de la crisis climática y el retroceso sostenido de los glaciares a nivel global y nacional”, desaconsejaban “cualquier reforma que disminuya los niveles de protección establecidos por la normativa vigente”.
El documento, además, discutía el argumento central de esta y otras iniciativas que impulsan proyectos que ponen en peligro recursos tan claves como el agua: el del desarrollo económico.
“La Ley de Glaciares no bloquea el desarrollo, sino que lo ordena, garantizando que ninguna actividad avance sobre zonas donde el daño sería permanente y donde el agua —ya de por sí escasa y cada vez más vulnerable— cumple funciones ambientales y sociales irremplazables”, señalan las organizaciones entre las que se encuentran”, sostenían.
Por último, las organizaciones adviertieron que modificar la ley sería una acción ilegal e inconstitucional. “Así lo establece el principio de no regresión incluido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que impide retrocesos en la protección ambiental vigente”, remarcaban.
Foto: Olmo Calvo Rodríguez / Subcoop