Redacción Canal Abierto | En la víspera de una movilización convocada por las tres centrales obreras que se anuncia masiva y con cortocircuitos entre el oficialismo y el peronismo, la Comisión de Trabajo del Senado comenzó el tratamiento de la nueva reforma del régimen laboral, cuyo contenido se muestra frondoso en cuanto a las necesidades patronales y escuálido para los derechos laborales.
El primer chispotazo se dio entre el senador peronista José Mayans y el tándem conformado por el secretario parlamentario, Agustín Giustiniani y la senadora hoy libertariana Patricia Bullrich, que ocupó, según la óptica del justicialista de facto, la presidencia de la comisión.
Es que Mayans alertó que la comisión fue conformada en una reunión de Labor Parlamentaria de la que sólo participaron oficialistas, aliados y la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel. Esto transgrede el artículo 14 del reglamento de la Cámara, que establece que “en su primera sesión el Senado, por sí, o delegando esta facultad en el presidente, nombra o integra las comisiones”.
Al momento de la asunción de Bullrich, Mayans manifestó su disconformidad con la situación fiel a su particular estilo. “Me siento yo también en la Presidencia, si acá es cualquier cosa, usted no puede hacer lo que está haciendo. No puede estar votando una comisión ilegítima”, vociferó el formoseño al tiempo que se sentaba en el lugar correspondiente a la autoridad.
Desde el llamado a sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo se supo que urge la sanción de esta ley y del Presupuesto 2026 antes que termine el año. Se especula con sesiones en día sábado y hasta recurrir a Aerolíneas Argentinas para que sus naves colaboren con la logística de legisladores que irán a pasar las fiestas a sus pagos.
Esto explica que se haya sorteado la sesión para conformar las comisiones. Es que la alternativa para que la ley salga es su tratamiento sobre tablas. Pero para la media sanción serían necesarios dos tercios de las bancas, 44 senadores, cuando el Gobierno se contenta con sacarla por mayoría simple, para lo que es necesario el dictamen de comisión.
Pero amén de lo que ocurra con la comisión esta situación podría sumarse como argumento a la hora de impugnar judicialmente la ley. El propio Mayans lo había advertido al momento de su ingreso al Congreso. “Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral, esto va derecho al Poder Judicial porque nace en forma torcida”, señaló.
No es el primer integrante del legislativo que advierte sobre la deriva judicial de la gran batalla que da el Gobierno en el Congreso tras el fortalecimiento que siente luego de las elecciones de octubre. Su colega de cámara Carolina Moisés y los diputados Esteban Paulón y Guillermo Michel ya hicieron planteos en este sentido, en este caso por la ilegalidad que constituye que un proyecto con capítulos tributarios eluda a Diputados como cámara de origen.
Todo esto se da antes de la convocatoria de las centrales obreras a una movilización que tendrá lugar mañana y que se vaticina masiva. No sería la primera vez que la contundencia de una marcha encarrila las voluntades de quienes deben representar al pueblo.
