Redacción Canal Abierto | El debate parlamentario del Presupuesto 2026 vuelve a exponer una tensión central del gobierno de Javier Milei: la voluntad de consolidar un esquema de ajuste estructural y de largo plazo.
La discusión oscila entre oficialistas y bloques aliados resignados a la obediencia debida y una oposición que no sólo cuestiona el contenido del proyecto, sino también algunas maniobras “al filo de la Constitución” por parte del Ejecutivo.
La premisa del proyecto es clara: garantizar el superávit financiero, “cueste lo que cueste”. Sin embargo, según advierte un extenso informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esa meta se sostiene sobre supuestos macroeconómicos frágiles, recortes profundos en áreas sociales estratégicas y una regla fiscal que vaciaría de sentido el rol del Poder Legislativo.
Pero no son todos perdedores, como demuestra el incremento del 19% respecto de 2023 para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Una regla fiscal procíclica y discrecional
Uno de los ejes más controvertidos del debate es la llamada “regla de estabilidad fiscal”, que acompaña al Presupuesto 2026 como proyecto complementario. Bajo esta norma, el resultado financiero debe ser equilibrado o superavitario, habilitando al Jefe de Gabinete a modificar partidas presupuestarias durante la ejecución si la recaudación cae o los gastos superan lo previsto.
Lejos de tratarse de una regla anticíclica —como recomiendan los organismos internacionales—, el CEPA señala que se trata de un “mecanismo procíclico que profundiza el ajuste en contextos recesivos”.
En los hechos, si la economía no crece como proyecta el Gobierno (lo más probable, según la mayoría de los analistas), el recorte automático recaerá sobre el gasto discrecional: salud, educación, ciencia y políticas sociales.
Además, la norma avanza sobre atribuciones constitucionales del Congreso e incluso prevé sanciones penales para legisladores que voten leyes sin fuente de financiamiento, una disposición calificada como “absurda” desde el punto de vista jurídico y duramente cuestionada en las comisiones parlamentarias.
Supuestos macroeconómicos bajo sospecha
El Gobierno proyecta un crecimiento del 5% del PBI para 2026 y una inflación anual del 10,1%, con una tasa mensual inferior al 1%. Sin embargo, estas cifras se ubican muy por debajo de las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central y contrastan con la evolución reciente de la economía.
Según el informe de CEPA, para que se cumplan las metas inflacionarias del Presupuesto, diciembre de 2025 debería cerrar con deflación, algo que no ocurre en décadas.
La apreciación cambiaria prevista —con un dólar oficial que se movería por debajo de la inflación— agrava las inconsistencias: el propio Presupuesto anticipa déficits comerciales consecutivos entre 2026 y 2028 por más de 16 mil millones de dólares.
La pregunta que atraviesa el debate parlamentario es inevitable: ¿cómo se financia ese rojo externo sin acumulación de reservas ni acceso genuino al crédito internacional?
Superávit “dibujado” y advertencias del FMI
El Presupuesto prevé un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,3%. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional cuestionó abiertamente esas cifras.
En su Staff Report de agosto de 2025, el FMI advirtió que el Gobierno excluye del cálculo fiscal los intereses capitalizados de la deuda en pesos (LECAP, BONCAP), lo que transforma el supuesto superávit en un déficit financiero del 1,2% del PBI. Lejos de desmentirlo, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, relativizó el análisis del organismo, reforzando la idea de que el equilibrio fiscal se sostiene más en decisiones contables que en una mejora estructural de las cuentas públicas.
Ajuste a las provincias y desfinanciamiento federal
En el proyecto oficialista la asistencia financiera a provincias y municipios prácticamente desaparece, mientras que la obra pública continúa en niveles históricamente bajos, con una Dirección Nacional de Vialidad que acumula un recorte superior al 70% desde 2023.
Este esquema reavivó las críticas de gobernadores de distinto signo político, que denuncian un modelo de “federalismo de ajuste”, donde el superávit nacional se construye a costa del desfinanciamiento territorial.
Hay algunos distritos que sí se verán beneficiados: La Libertad Avanza acordó con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires agregar en el Presupuesto 2026 el pago de la deuda de coparticipación, que al día de hoy suma $274 mil millones. De confirmarse, representaría una asignación extraordinaria para el distrito más rico de la Argentina.
Educación, ciencia y políticas sociales: los grandes perdedores
El capítulo más sensible del debate fue el social. El artículo 30 del proyecto elimina garantías legales históricas: el piso del 6% del PBI para educación, la meta del 1% del PBI para ciencia y tecnología y el Fondo Nacional para la Educación Técnica.
Las universidades nacionales, el CONICET, el INTA, el INTI y la CONAE acumulan recortes de entre el 40% y el 60% desde 2023. Las becas estudiantiles caen un 76% en términos reales y los comedores comunitarios pierden casi la mitad de su presupuesto.
En materia de ingresos, el Presupuesto avanza en la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares y habilita al Ejecutivo a congelar o licuar prestaciones, replicando la lógica aplicada a los bonos jubilatorios.
Un Presupuesto que redefine el rol del Estado
En las comisiones del Congreso, la discusión dejó en claro que el Presupuesto 2026 no es sólo una planilla de gastos e ingresos. Es la cristalización de un modelo económico que subordina todas las políticas públicas al objetivo fiscal, reduce estructuralmente el Estado y concentra poder en el Ejecutivo.
Como advierte el CEPA, incluso un eventual rechazo del Presupuesto podría favorecer al Gobierno, que quedaría habilitado a administrar recursos mediante prórrogas y decisiones administrativas, sin control parlamentario efectivo.
El ejemplo más palpable de este avance del Ejecutivo sobre el Congreso es la introducción a último momento del artículo 75, con el cual Milei pretende derogar las leyes de financiamiento para las Universidades nacionales, Discapacidad y el Garrahan.
El interrogante que sobrevuela el debate es político antes que técnico: ¿el Congreso está dispuesto a convalidar un esquema que lo relega a un rol meramente decorativo? La respuesta, aún abierta, definirá no sólo el Presupuesto 2026, sino el equilibrio institucional de los próximos años.