Por Elisa Corzo* | Carola Pereyra hoy tiene 51 años. En 2023 vivía en Santa María del Valle de Punilla, en Córdoba, adonde se había mudado 15 años antes después de divorciarse, para empezar una nueva vida. Todo iba bien: llegó a ser presidenta del cuartel de Bomberos Voluntarios en el que prestaba servicios y tenía un buen trabajo como administrativa en la tradicional panadería “La Espiga”.
También se había hecho de un grupo de “Enduro”, una disciplina dentro del motociclismo que se caracteriza por circular en terrenos naturales desafiantes, como montañas, piedras y barro. En épocas de incendio, usaban las motos para llevarle agua a los bomberos o rescatar gente.
A fines de noviembre de ese año todo cambió. En la noche del 22, tres hombres armados ingresaron en la casa de su patrón, Carlos Caballero, para robarle y lo golpearon salvajemente. Como consecuencia del ataque, el hombre falleció horas después. A los días, la fiscal Paula Kelm pidió la detención de Carola. La acusó de aprovecharse de su puesto en la panadería y de su cercanía con el hijo del dueño para entregar datos para que se concrete el asalto. Le endilgó ser partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo y la envió directamente a la Unidad n°3 de Bouwer, el penal ubicado al sur de la capital cordobesa.
Recién un año y medio después de la detención, tras tener que vender su moto y hasta la heladera para pagarle a un abogado que “nunca movió un expediente”, rechazar un juicio abreviado y realizar una huelga de hambre por nueve días, Carola logró que se celebre el juicio oral y público, que era lo que ella quería para contar “su verdad”. El jurado popular que evaluó su caso le creyó: desestimó uno a uno los argumentos de la fiscalía -ahora a cargo de Fabiana Paula Pochettino– y pidió la absolución.
Por mayoría, concluyeron “que el hecho enrostrado a Carola Vanina Pereyra no existió, teniendo certeza de que no existe vinculación alguna entre los hechos investigados y la persona de la acusada Pereyra”.
El fallo, con fecha 4 de junio de 2025, tuvo la conformidad de dos de los tres vocales del Tribunal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje. El juez, por su parte, ordenó la inmediata liberación.
En diálogo con Canal Abierto, Carola habló de “la impunidad con la que la Justicia te juzga y te mete presa”, pero también, de la violencia que se vive en el penal de mujeres de Bouwer.
En particular, en el pabellón al que la trasladaron tras la detención de la esposa del exdirector del penal: al grupo alojado en el área de “familiares de las fuerzas”, en el que estaba gracias a que su hija también es bombera -miembro del ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes de la Policía de Córdoba)-, lo “tiraron” al sector al que envían a las acusadas por delitos contra menores de edad. En la jerga le dicen “el de las mata-niños”.
“Es el peor de los peores pabellones”, sostiene, y enumera uno a uno los hechos de violencia que sufrió por parte de otras internas ante la inacción del servicio penitenciario que, denuncia, se limitaba a hacerle firmar “acuerdos de convivencia” para devolverla al mismo pabellón donde era violentada.
El primer hecho ocurrió ni bien entró: “Me cortaron la cara con un cutter en el baño”, recuerda. De la herida cortante le quedó una cicatriz que todavía se puede ver. Dice que en esos días fue a ver a la directora del penal. “Me vas a decir que te chocaste una cama, ¿no?”, cuenta que le dijo para esquivar el asunto.
Con el tiempo la violencia recrudeció. En otra ocasión, la misma presa la manoseó. Cuando Carola quiso hacer la denuncia, las mismas penitenciarias la convencieron de que no lo haga. Mandarla a Villa María, donde no tenía a nadie, era otro argumento disuasivo que usaban las penitenciarias para convencerla de que desista con las quejas.
En otro hecho, le fracturaron el dedo del pie. Cuando ya no daba más, 30 días después, la atendieron en el servicio de salud.
El más grave, que ella nombra como “el día que casi me matan”– ocurrió el 8 de diciembre de 2024. “Mi hija tuvo que hacer la denuncia porque yo hacía hábeas corpus que no salían de la cárcel”.
En el escrito presentado ante la Cámara Correccional de Cruz del Eje, con fecha del 23 de diciembre, la joven denunciaba que su madre había sufrido una violenta golpiza, registrada por las cámaras de seguridad y constatada por las autoridades del penal, que le generaba vómitos de sangre, dolor de cabeza y hasta pérdida de conocimiento. Y que hasta ese día -o sea, 15 días después de ocurrido- aún no había recibido la atención médica adecuada. A su vez, advertía que seguía alojada en el mismo pabellón donde había sucedido la agresión. Hablaba de “lesiones físicas y psicológicas reiteradas” y de la inacción de las autoridades del penal.
Días antes, el 18 de diciembre, en la audiencia de juicio abreviado, el juez la vio golpeada y pidió medidas de resguardo y el cambio de pabellón. De nuevo, en el servicio intentaron convencer a Carola de que desista y firme en conformidad. Como se negó, la mandaron a una antesala, “que en verdad es una celda de castigo: no hay visitas, no tenés nada, ni colchón, ni frazadas, nada”, cuenta. En ese lugar pasó Navidad y Año Nuevo, hasta que finalmente la mandaron a un nuevo pabellón.
A 6 meses de haber recuperado su libertad, Carola dice que “le arruinaron la vida”. “Viví un año y medio un infierno que no tenía que vivir, encima la fiscal quiso apelar. Hay cosas que en la Justicia no tienen sentido”. “Nadie sabe lo que es estar un solo día en Bouwer”, agrega.
“Salí gracias a mis compañeras con las que hacíamos camarilla, hacíamos meditación y esas cosas, pero me arruinaron la vida. Salí sin trabajo, sin ropa, mi hija tuvo que vender todos mis bienes para pagarle al primer abogado”. “Tengo premios del Concejo Deliberante y de eso pase a estar presa, a no poder pisar Santa María y a perder todo, y todo por supuestos de una fiscal”.
“Córdoba aplica la prisión preventiva como una verdadera pena anticipada”
Inés León Barreto es docente universitaria (UNC), abogada especializada en Criminología e integrante de la Red de Derechos Humanos en Contextos de Encierro, una de las organizaciones que forma parte del flamante Mapa de la Policía de Córdoba. Desde hace 10 años, coordina proyectos de extensión con distintas actividades educativas en Bouwer, en particular en la Unidad N°3 de mujeres.
Explica que la pandemia fue una bisagra en el devenir del penal, en términos de la pérdida de derechos para las personas allí alojadas. Algo que nunca se retrotrajo: “Al no ingresar las instituciones públicas a la cárcel, se perdió la porosidad. Es decir, que el afuera esté mirando, controlando, supervisando. Eso facilitó volver a la sociedad cerrada que es la cárcel, donde las lógicas son las de la seguridad, y donde se exacerban determinadas características no tan democráticas de los servicios penitenciarios”.
“En el caso de Córdoba -señala- éstos dependen de un único estatuto direccional, verticalizado, militarizado”, que alcanza a todos los profesionales que ingresan a trabajar al penal, como médicos, psicólogos o trabajadores sociales, que adquieren “estado penitenciario” y están igualmente “sometidos a las órdenes y prácticas de ese funcionamiento”.
“Eso tiene un montón de problemas con las instituciones que trabajamos desde una perspectiva de derechos”, apunta la especialista. Y también en relación a cuestiones como las que denuncia Carola: poder hacer que una denuncia, presentar un hábeas corpus y que traspase los muros de Bouwer.
Ese cerramiento mayor de la cárcel también impactó en las condiciones de detención. En Bouwer destacan el “sobrehacinamiento” -cinco personas durmiendo en espacios preparados para dos-, la falta de agua potable en verano, la escasez de alimentos, un menor acceso a la educación y a los servicios de salud, con particular gravedad en lo que refiere a salud mental.
También, el aumento de las muertes bajo custodia, y la presencia de situaciones de torturas y malos tratos. León Barreto afirma: “El gran problema es que acá han habido muchas causas por eso y siempre terminan con lesiones leves. Nunca ningún juez se atreve a castigar por torturas”. Y aclara que el organismo que sí da cuenta de casos compatibles con torturas ocurridos en la provincia es el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT).
Recientemente hubo un hecho que llegó a los medios nacionales: el de diez penitenciarias que fueron imputadas por golpear, por turnos, a un joven trans alojado en la Unidad 3 de Bouwer. Que intervenga la Justicia, señala León Barreto, fue algo excepcional. “No lo podíamos creer”, asegura.
La política local también reaccionó y sancionó de manera exprés una ley para crear una Procuración Penitenciaria Provincial, algo que las organizaciones de Derechos Humanos cuestionaron duramente. Porque crea un cargo vitalicio que no se elige por concurso, porque tiene un costo millonario y porque, además, no salda una deuda histórica que tiene Córdoba: la creación de un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
La especialista explica que se trata de un órgano integrado por actores de disintos ámbitos (del Ejectuvo, las universidades, la sociedad civil, entre otros), con financiamiento independiente, protección internacional, y facultad de inspección y denuncia, que permitiría hacer visitas sin previo aviso -incluso con cámaras- observar situaciones irregulares y de violación de los derechos humanos, y sobre todo, denunciarlas.
Otra problemática fundamental de la situación de encierro en la provincia es el abuso de la prisión preventiva, es decir, la presencia de personas como Carola Pereyra, que están privadas de su libertad sin condena. En la cárcel de mujeres de Bouwer, esa situación alcanza al 60% de la población, apunta León Barreto, citando el último informe del CNPT.
El documento da cuenta de cómo la problemática afecta a las cárceles de todo el país: en 2023 -último dato disponible- hubo “un nuevo récord histórico de encierro penitenciario en el país”, que solo desde 2014 creció un 64%.
León Barreto señala que “esa situación, que en cualquier otro lugar del mundo daría lugar a un escándalo, en Córdoba se ha naturalizado. Y acá es interesante recalcar -agrega- que esto no es sólo una consecuencia del servicio penitenciario. Esto tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Es decir, con aquellas personas que deciden que esas personas estén allí, que son las responsables de que ese juicio no haya sido hecho en tiempo y forma”.
El actual abogado defensor de Carola, Marcos Arnoldt, también pone el foco en el rol del Poder Judicial. En el caso de su defendida, afirma, “se manejó de forma totalmente arbitraria”. “Carola estuvo casi dos años con preventiva, que es el límite que una persona puede estar detenida sin ser juzgada. Y ella estuvo detenida por indicios, que son pequeñitos elementos de prueba que unidos y concordantes pueden llevarnos a una conclusión de culpabilidad”.
“Uno lee la sentencia -agrega- y parece un teatro. Tenían un libreto ya armado. Es claro que la parte querellante ha preparado a los testigos para que declaren contra ella. Por eso el rol del jurado popular, totalmente sano, porque no tiene presiones”. “Y la percepción que han tenido es que los testigos estaban inducidos para culparla, y que los indicios de ninguna manera permitían arribar a una condena”, recapitula.
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Por eso, “sin dudas, el accionar de la Justicia en el caso de Carola fue arbitrario”. “Como es muy común -acota-: mantener detenida a una persona sin una argumentación rigurosa y sin prueba real de que haya un peligro de fugarse o entorpecer”.
“Córdoba aplica la prisión preventiva como una verdadera pena anticipada”, sentencia Arnoldt. “Un reciente fallo de la Corte Suprema ha cuestionado estas prácticas de las justicias provinciales. Porque si hay real peligro de entorpecimiento, está bien prisión preventiva, pero si no, debe haber celeridad de ser juzgado, en un plazo razonable, y se debe determinar si es culpable o inocente”.
A Carola, por el contrario, “se le hizo sufrir dos años privada de su libertad para terminar absuelta en un juicio, en un proceso en el que nunca debió estar detenida”, lamenta el abogado.
*Producción y diseño: Nahuel Croza