Redacción Canal Abierto | El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó ayer por la tarde a cinco militares, policías y prefectos retirados por crímenes de lesa humanidad en el Regimiento de Infantería 8 “General O’ Higgins”, el principal centro clandestino de esa ciudad de Chubut durante la dictadura y otros claustros represivos en Santa Cruz, en lo que fue el primer juicio de este tipo en la ciudad.
En la “Causa 8008” se analizaron secuestros, torturas, homicidios, desapariciones y delitos sexuales cometidos en 1976 en “Las Casitas” del RI 8, y en las sedes de Prefectura y Policía provincial.
La sentencia incluyó la identificación de los lugares del sector de kilómetro 11 como espacios de memoria.
Para la comunidad de los derechos humanos en la zona se trató de un fallo es histórico.
El juicio, que se inició en agosto pasado, abordó los crímenes cometidos contra 23 personas que fueron secuestradas en la ciudad de Comodoro Rivadavia y en las localidades santacruceñas de Güer Aike, Pico Truncado y Caleta Olivia, así como en la capital bonaerense, La Plata. Varias de las víctimas fueron trasladadas a los centros clandestinos involucrados desde las unidades penitenciarias de Rawson y Trelew. Entre las víctimas se encuentra el militante universitario Guillermo Silvera, quien permanece desaparecido.
Los condenados
Mario Enrique Pérez – Expolicía de la Policía de la Provincia de Santa Cruz – 7 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y costas. El tribunal lo encontró autor de allanamientos ilegales y privaciones ilegítimas de libertad agravadas (con agravantes por torturas).
Francisco Olegario Sevilla – Expolicía de la Policía de la Provincia de Santa Cruz – 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y costas, como partícipe necesario de privaciones ilegítimas de la libertad agravada y vejaciones.
Raúl Pantaleón Cruz – Miembro del Ejército Argentino – 11 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y costas, como partícipe necesario de privaciones ilegítimas de la libertad agravada por imposición de tormentos en múltiples hechos.
Alfredo Pablo Lisseri – Exprefecto de la Prefectura Naval Argentina – 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación para ejercer funciones públicas, por privaciones ilegítimas de la libertad agravadas.
Eduardo Alberto Rodríguez – Miembro del Ejército Argentino – 3 años y 6 meses de prisión, como partícipe secundario de privación ilegítima de la libertad.
Absueltos
Rafael Augusto Manuelides – Expolicía de la Policía de la Provincia de Santa
Fernando Julio Pedernera – Miembro del Ejército Argentino
Por esta misma causa estaban imputados, pero fallecieron antes del inicio del debate, los siguientes acusados: Jorge Alberto Chanfreau, exintegrante del Ejército Nacional; el exprefecto Carlos María Gómez Coll; el exmiembro de la Policía Federal Carlos Daniel Moreno; y Roberto Francisco Blumetti, José Mercedes Muñoz y Carlos Alberto Seguel Páez, exefectivos de la Policía de Santa Cruz.
El tribunal estuvo presidido por la jueza Ana María D’Alessio y conformado por los vocales Enrique Baroneto y Alejandro Cabral. El Ministerio Público Fiscal intervino a través del fiscal Teodoro Nürnberg.
En su fallo, los jueces establecieron que los hechos juzgados constituyen crímenes de lesa humanidad conforme al derecho internacional. Para ello se apoyaron en resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, el Estatuto de Roma y el artículo 118 de la Constitución Nacional. En ese marco, rechazaron los planteos de prescripción presentados por las defensas.
