Redacción Canal Abierto | Para Javier Milei, el debate y votación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados se presentaba como el escenario perfecto para estrenar la nueva conformación -mucho más afín al oficialismo- del Congreso.
Sin embargo, lo que parecía iba a convertirse en una demostración de poder casi absoluto, terminó en triunfo agridulce y políticamente costoso tras el rechazo del Capítulo XI, que contenía las medidas fiscales más controversiales y, con ello, el núcleo del plan económico del Ejecutivo.
El eje en cuestión incluía, entre otros puntos sensibles, la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, modificaciones a subsidios, ajustes en coparticipación y recortes a derechos sociales.
La votación final marcó 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones, lo que significó una derrota clara del oficialismo en uno de los centrales para el oficialismo.
El revés para La Libertad Avanza tiene varios niveles, pero el que más preocupa en Casa Rosada es el fiscal. «Este Presupuesto así no nos sirve», fue el comentario de la mesa chica que rodea al Presidente, que incluso evalúa vetar su propio proyecto en caso de que el Senado lo ratifique como salió de Diputados.
El ridículo supuesto llega a tal punto que ya hubo consultas con varios constitucionalistas sobre la viabilidad o no de un veto a un presupuesto presentado y aprobado por el propio oficialismo.
Otra clave de lo sucedido en la madrugada del jueves es que, pese a la creciente presencia mileista tras las elecciones de octubre de este año, el Gobierno no logró disciplinar al Parlamento.
En los días previos a la sesión, el Gobierno desplegó una estrategia de negociación para nada inusual, pero que no por ello vale la pena normalizar: las transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a gobernadores de diversas provincias consideradas claves para asegurar el acompañamiento legislativo.
Se calcula que el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, repartió unos 100 mil millones de pesos para construir la frustrada base de apoyo. Lo cierto es que gobernadores de distintas provincias, incluso algunos que recibieron fondos, optaron por no respaldar el Capítulo XI o se abstuvieron, evidenciando fracturas internas y límites en la capacidad de la Casa Rosada para comprar disciplinamiento parlamentario.
La aprobación de designaciones en organismos claves, como la Auditoría General de la Nación (AGN), también provocó malestar en bloques aliados, según comunicados y pronunciamientos posteriores a la sesión. Sectores del PRO expresaron duras críticas, incluso denunciando supuestos acuerdos entre La Libertad Avanza y el peronismo para facilitar ciertos respaldos a cambio de cargos o concesiones parlamentarias.
Esta dinámica revivió fricciones dentro de la coalición gobernante que, hasta ayer, parecían superadas, y el propio Cristian Ritondo amenazó con ir a la justicia para impugnar la maniobra.
La crisis en el sistema de alianzas provocada por la torpeza o el exceso de confianza debería poner en alerta a los Milei, los Menem y compañía: El gobierno no tiene quórum propio.
El impacto de la derrota parlamentaria se sintió también sobre otras iniciativas clave del Gobierno. La Reforma Laboral, que el Ejecutivo buscaba aprobar en paralelo al debate presupuestario, fue postergada en el Senado, ante la falta de consenso y el clima político enrarecido por la votación del Presupuesto.