Redacción Canal Abierto | El pasado 20 de diciembre dos mujeres privadas de la libertad que estaban alojadas en el Establecimiento Penitenciario N° 3, de la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba, murieron producto de un incendio, por causas que aún están en investigación. Flavia Ramallo y Guadalupe Agostina Pedraza se encontraban en la antesala del núcleo “C”, un espacio que es descripto como una verdadera celda de castigo.
En ese marco, distintas organizaciones de Derechos Humanos difundieron un duro comunicado titulado: “El Estado mata y la justicia provincial es cómplice”. Lo firman el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red de Derechos Humanos en contexto de encierro Córdoba, la Asociación Civil de Familiares de Detenidos, ANDHES (Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos, Xumek – Derechos Humanos (Mendoza), Red Abrir la Prisión (Rosario) y el Mapa de la Policía (Córdoba).
“Según informó el Servicio Penitenciario -indica el documento- por causas que investigará la justicia, se produjo una riña entre las reclusas que originó un foco de incendio dentro del sector que culminó con el fallecimiento de ambas mujeres: una en el momento, y otra tras ser hospitalizada”. “Responsabilizamos al Servicio Penitenciario de Córdoba por esta muertes, ya que debería ser el custodio y garante de sus vidas, pero en lugar de eso, ni siquiera contaban con los elementos básicos para combatir un incendio: se demoraron en concurrir y abrir las celdas, los matafuegos disponibles no funcionaban y carecen de colchones ignífugos”.
“Para sumar a esto, como ya hemos denunciado con muchos, no había agua en el establecimiento al momento del hecho, ya que cortan el suministro de agua durante horas”, subrayaron los organismos. En ese marco, “denunciamos ‘abandono de persona’ por parte de las autoridades e informamos que el incendio se produjo en el marco de reclamos, entre otras cosas, por la falta de agua en el establecimiento”, expresaron.
Sobre la situación de Flavia y Guadalupe, las dos fallecidas, informaron que “ambas estaban en aislamiento, situación que se prolonga en múltiples casos durante meses, pese a ser una práctica que va en contra de toda la normativa vigente y las recomendaciones realizadas en los informes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, por ser espacios extremadamente reducidos y con limitaciones a derechos básicos como la visita y la salida al patio”.
Además, “según relatan otras internas, ambas mujeres estaban en la misma celda de aislamiento, lo que da cuenta del terrible hacinamiento en el que se encuentra el EP. N°3”.
“Guadalupe además también estaba reclamando porque había sido trasladada, sin su consentimiento, dos días antes, desde Villa María. Los traslados compulsivos que ejecuta el servicio penitenciario son utilizados como mecanismo de castigo hacia las internas, trasladándolas constantemente a distintas cárceles de la provincia, separándolas de esta forma de sus familiares y seres queridos, quienes pueden pasar hasta semanas sin saber el paradero de la persona privada de su libertad”, señalaron.
“Hacemos también responsable al Poder Judicial, ya que desde hace meses ambas internas solicitaron la prisión domiciliaria que les corresponde por ser madres de niñes menores de 5 años. No se explica por qué este derecho no les fue otorgado: Flavia tenían una hija de 2 años”.
La situación en Bouwer
Desde los organismos además denunciaron que estas dos muertes no son hechos aislados y recordaron el hecho de tortura que sufrió una persona trans hace menos de un mes por parte de un grupo de oficiales, por el que están detenidas al menos 10 de ellas. “La particular situación de la cárcel de mujeres es un contexto de sistemática vulneración de derechos (además de la falta de agua y cortes de luz, se suman las condiciones de hacinamiento y falta de acceso a la salud, la educación y las visitas restringidas, sin posibilidad de comunicación)”, sostuvieron .
Desde Canal Abierto, días atrás publicamos un informe sobre el calvario que vivió Carola Pereyra, una mujer que siendo inocente estuvo un año y medio presa en Bouwer, donde sufrió todo tipo de violencias.
“Este suceso trágico en la cárcel de Bouwer -añadieron desde el CELS, la RED y el resto de los organismos- ocurre pocos días después de la creación por Ley de la Procuración Penitenciaria Provincial, dedicado a controlar el funcionamiento de cárceles, alcaidías y cualquier otro espacio donde se ejecute una medida restrictiva de la libertad. Reclamamos su inmediata intervención y que convoque a la sociedad civil para monitorear y prevenir más situaciones, esta institución no tiene funciones ni prevé en su integración la participación de la misma ni posee las garantías legales requeridas para que la independencia necesaria para prevenir este tipo de hechos”.
Por último, informaron que “en este marco de vulneración de derechos, la familia de Guadalupe Agostina Pedraza se presentó ayer en Tribunales a denunciar lo sucedido, y a constituirse como querellantes ante la Fiscalía 1 Distrito 3. Al día de la fecha no le dieron respuesta ni le entregaron el cuerpo”.
“Organizaciones de la sociedad civil de todo el país, que venimos trabajando desde años en la defensa de los derechos humanos, exigimos justicia y nos solidarizamos con los familiares”, concluye el documento.
*Portada: Protesta de familiares de las dos mujeres fallecidas tras el incendio en Bouwer.