Redacción Canal Abierto | Este 30 de diciembre se cumple el quinto aniversario de la conquista de una ley histórica: la de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en 2020. En ese marco, la Asociación por los Derechos Sexuales y Reproductivos de San Luis dio a conocer los resultados de un nuevo “monitoreo social y feminista” sobre su implementación, que da cuenta de una realidad preocupante y que sirve como muestra de lo que ocurre en las provincias.
“Me hicieron sentir que estaba haciendo algo malo”. “Cuando pedí información me dijeron que lo pensara mejor, que iba a arrepentirme”. “Me cambiaron de médico tres veces. Nadie me dijo si podía o no abortar”. Estos son algunos de los testimonios recogidos por las operadoras que realizaron el estudio, en particular, de pacientes que iban a los centros de salud a solicitar una IVE.
El estudio, “una herramienta política de control ciudadano”, que “no reemplaza las auditorías ni los informes estatales”, también se propuso evaluar la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Identidad de Género, la de Salud Sexual y Procreación Responsable.
La realización de monitoreos “no es nueva: forma parte de una estrategia que sostenemos desde hace dos décadas”, recordaron desde ADEM, organización cofundadora de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina. “Ya en 2005, en el marco de las luchas por la salud sexual y la autonomía, comenzamos a monitorear el acceso a anticonceptivos junto al grupo Conders. Desde entonces, el monitoreo es para nosotras una herramienta, colectiva y política, que se transforma con cada contexto”, recapitularon.
Resultados
El monitoreo se llevó adelante en el primer semestre de 2025, en tres hospitales de la provincia: en el Hospital Cerro de la Cruz, ubicado en una zona periférica de la capital, en el Juana Koslay y en la Maternidad Provincial Dra. Teresita Baigorria.
En el primero, se constataron malas condiciones de atención, limpieza e infraestructura: falta de cartelería, baños sucios, una guardia llena, sin sillas ni ventilación. Las monitoreantes, además, dieron cuenta de claros obstáculos al acceso a derechos:
“Preguntamos por métodos anticonceptivos. Nos dicen ‘capaz que hay pastillas, pero tenés que esperar a la médica’”. “Vimos a una mujer llorando. Estaba embarazada y no la atendieron porque no había obstetra. Se fue sola, con angustia”, anotaron entre las observaciones.
En el Hospital Juana Koslay, con buenas condiciones edilicias y de limpieza, los testimonios de las monitoreantes también hablan de barreras al acceso y de “conversaciones muy condicionadas por la objeción de conciencia institucionalizada, sin garantía de derivaciones efectivas”, señala el informe. En efecto, el ambiente de censura sobre aborto y derechos sexuales es tal que el monitoreo debió interrumpirse debido a la “resistencia de médicos/as y autoridades de la institución”, denunciaron desde ADEM.
“Una chica trans esperó una hora. Nunca la llamaron por su nombre. Nos dijo que se fue sin atenderse porque ya no quería ‘ser maltratada’”, observaron las monitoreantes. También, que: “Una mujer embarazada pidió IVE. La médica le dijo que no era urgente. Le dieron turno para 10 días después. No le explicaron nada”.
Asimismo: “Vimos a una médica increpar a una residente por dar información sobre IVE. ‘Vos no sos quién para ofrecer eso’, le gritó”. “Una enfermera nos dijo en voz baja: ‘Yo trato de ayudar, pero me retaron por hablar del tema. Me da miedo perder el trabajo’”, registraron en el informe.
Desinformación
Además de las tareas de observación, el monitoreo incluyó la realización de encuestas a usuarias. Los resultados sorprenden y dan cuenta de los enormes desafíos que aún hoy tiene la implementación de las distintas leyes sobre salud sexual y reproductiva:
- 56% desconoce que puede abortar legalmente hasta la semana 14 sin justificar causa.
- 41% no recibió nunca información sobre anticoncepción en centros de salud.
- 38% no sabe qué es la ESI Educación Sexual Integral o si la ley de salud sexual se aplica en hospitales.
- 68% sintió vergüenza, juicio o miedo en consultas ginecológicas.
- 19% fue maltratada o discriminada por querer abortar.
- 14% recibió trato respetuoso sin que pesará su identidad de género.
“Ni misoprostol ni turnos”
El estudio también incluyó entrevistas con el personal de salud de los hospitales. De la encuesta realizada surge que el 60% cree que no tiene suficiente formación sobre aborto legal. Además, el 72% señala falta de insumos y recursos básicos, el 48% ve que la objeción de conciencia se usa como barrera sistemática, y el 35% fue testigo de maltratos a pacientes por parte de colegas.
A pesar de eso, hay un dato alentador: El 87% quiere recibir capacitación en ESI con enfoque de género.
Así lo reflejan también algunos comentarios recogidos en el informe: “No tenemos ni misoprostol ni turnos. Y encima, si ayudás, te miran mal”. “Quiero acompañar, pero me dicen que me calle. Hay miedo”, aseguró otra profesional.
Llamado a la acción
Como cierre, el monitoreo social y feminista eleva recomendaciones tanto al personal de salud como a la ciudadanía, y hace un llamado a la acción. A los primeros, aconseja dotar de insumos, medicación, preservativos y anticoncepción moderna; capacitar de forma obligatoria en aborto legal, Salud Sexual y Procreación Responsable, identidad de género y trato digno; garantizar las leyes mediante circuitos ágiles; supervisar el uso abusivo de la objeción de conciencia; y abrir espacios de consejería segura, con escucha activa y acompañamiento en todas las localidades.
A la ciudadanía, recomienda conocer los derechos y exigirlos, y organizar redes comunitarias para identificar barreras en el sistema de salud del barrio en articulación con las organizaciones sociales que trabajamos en el tema.
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“Este informe no es técnico”, expresaron desde ADEM. “Es profundamente político. Las violencias que vivimos no son errores: son parte de un sistema que no prioriza la vida, la libertad ni el deseo de las mujeres en toda nuestra diversidad, lesbianas, trans, no binaries ni adolescentes”.
En ese marco, “este monitoreo muestra que los derechos no se garantizan por decreto o por ley: se garantizan con voluntad, formación, insumos y decisión política. Lo que vimos una vez más es doloroso, pero también revelador”. En esa línea, realizaron un llamado a la acción a todas las organizaciones y movimientos, para que el informe sea “un puntapié para que los discursos polarizados dejen de ser la excusa perfecta para ver con indiferencia el dolor de tantas personas”.
“El presidente de la Argentina le habla a los ciudadanos de bien en sus discursos: nosotras/es sabemos que hacer el bien no es negar derechos”, concluyen.