Redacción Canal Abierto | Un grupo de diputados presentó este lunes una acción de amparo para impugnar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025. De esta manera, queda en manos de la Justicia Federal habilitar o no la reforma por decreto de la estructura y las funciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incorporando facultades que, a juicio de los legisladores, vulneran principios constitucionales fundamentales.
La presentación fue promovida por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto con Esteban Paulón, del Partido Socialista. En su escrito ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 4, solicitaron no solo que se suspendan de inmediato los efectos del decreto, sino que la Justicia declare su inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable.
En primer término, el escrito sostiene que el Gobierno incumplió con los requisitos exigidos para dictar un DNU, ya que se publicó cuando el Congreso estaba en condiciones de sesionar y sin que existieran motivos de urgencia o necesidad que justificaran la utilización de ese mecanismo, lo que consideran una invasión de las funciones del Poder Legislativo.
Además, los legisladores cuestionan que el DNU modifique de manera sustancial la Ley Nacional de Inteligencia 25.520, una materia que —según los amparistas— no puede ser objeto de regulación mediante decreto, especialmente cuando introduce facultades vinculadas a materia penal, tales como la capacidad de aprehender personas, una atribución tradicionalmente reservada a las fuerzas de seguridad bajo orden judicial.
El recurso también alerta sobre el impacto de estas reformas en la división de poderes y el estado de derecho. Los diputados advierten que centralizar funciones estratégicas y operativas en la SIDE, además de calificar “todas las actividades de inteligencia como encubiertas”, puede debilitar los mecanismos de control democrático y abrir la puerta a abusos de poder y persecuciones políticas, especialmente en contextos de protesta social o disenso político.
Publicado en el Boletín Oficial este viernes 2 de enero, el DNU 941/2025 establece que la Secretaría de Inteligencia del Estado –que comanda el asesor monotributista Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra– será el órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional.
Asimismo, crea una nueva oficina dependiente de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni llamada Centro Nacional de Ciberseguridad. Este organismo tendrá la misión de “planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del Sector Público Nacional”.
También crea la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, cuyo fin es compartir información entre la secretaría de inteligencia y otras áreas, y disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Diniem) del Ministerio de Defensa.
La presentación judicial se enmarca en un amplio rechazo opositor al DNU 941/2025. Sectores del peronismo y de otras bancadas críticas al Gobierno también han denunciado que las modificaciones introducidas constituyen un avance hacia un “Estado policial”.