Redacción Canal Abierto | El Gobierno nacional avanzó por decreto sobre uno de los núcleos más sensibles del sistema democrático argentino: el control civil de la inteligencia estatal. A través del DNU 941/2025, el Poder Ejecutivo modificó de manera sustancial la Ley Nacional de Inteligencia sin demostrar necesidad ni urgencia, legislando además sobre materia penal, algo expresamente prohibido por la Constitución.
Desde su experiencia en la gestión y análisis del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otros archivos de inteligencia producidos durante la última dictadura cívico-militar, la Comisión Provincial por la Memoria advierte que esta reforma habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina: concentración extrema de poder, secretismo, espionaje político, ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia y detenciones ilegales sin orden judicial.
La CPM alertó que la reforma no sólo vulnera derechos civiles y políticos básicos, sino que afecta de forma directa el principio republicano de gobierno, al consolidar un esquema de opacidad, secretismo y concentración de poder en la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Según el organismo, el decreto “pone en jaque los más elementales estándares democráticos y garantías constitucionales” y coloca a la Argentina en “un peligroso camino de restricciones a derechos constitutivos de nuestra democracia”, con impactos directos sobre la libertad individual, la libertad de prensa y el ejercicio de los derechos políticos.
Sin urgencia y con retrocesos
La CPM sostiene que el Gobierno utilizó de manera abusiva la herramienta del DNU para reformar una ley estructural del sistema democrático. El texto oficial invoca como fundamentos la existencia de atentados terroristas pasados y la evolución del crimen organizado, pero sin demostrar una emergencia concreta que justifique eludir al Congreso.
“El decreto no da cuenta de una necesidad y una urgencia real que permitan sustraer del tratamiento en el Congreso esta regresiva modificación a una ley tan relevante como es la ley de inteligencia nacional”, advierte el documento, y remarca que los argumentos oficiales se apoyan en “meras hipótesis utilizadas para justificar el uso ilegal y arbitrario de atribuciones legislativas que no son propias del Poder Ejecutivo”.
La CPM recuerda además que el propio atentado a la AMIA, citado por el Gobierno, expuso el uso ilegal de fondos reservados de la SIDE para desviar la investigación judicial.
Más poder, fondos sin control y una SIDE dominante
Uno de los ejes centrales del documento es el incremento del poder y la discrecionalidad de la SIDE, que pasa a ocupar una posición dominante dentro de una ampliada “Comunidad de Inteligencia Nacional”, integrada por fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos civiles y hasta dependencias como el RENAPER o Migraciones.
“La SIDE tendrá el control de toda la información personal de cualquier organismo estatal, la que también podrá ser compartida con cualquier Servicio de Inteligencia del mundo de manera secreta y sin control alguno”, advierte la CPM.
El decreto, además, consolida un sistema presupuestario opaco, con partidas exceptuadas de auditorías externas, profundizando una lógica de financiamiento sin controles democráticos.
Inteligencia encubierta, espionaje y libertad de prensa en riesgo
Otro punto crítico es la consagración del carácter “encubierto” de todas las actividades de inteligencia, lo que institucionaliza el secretismo como regla general.
El documento alerta que el nuevo marco legal abre la puerta al espionaje político y a la persecución de periodistas y comunicadores:
“La reforma habilita a los agentes de inteligencia a detener personas sin orden judicial ni control alguno y a perseguir a cualquier persona que difunda información que afecte al gobierno, como casos de corrupción o violaciones de derechos humanos. Esto afecta directamente a la libertad de prensa”.
El organismo provincial de derechos humanos subraya que la vaguedad de conceptos como “contrainteligencia” o “investigación de inteligencia” crea un terreno fértil para arbitrariedades, abusos y prácticas ilegales ya conocidas en la historia reciente.
Detenciones sin orden judicial y una “policía secreta”
El punto más alarmante del decreto es la habilitación expresa a los agentes de inteligencia para aprehender personas, sin orden judicial ni plazos establecidos.
El artículo incorporado establece: “En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas”.
Para la CPM, esta facultad constituye “un grave riesgo a la libertad de las personas”, especialmente de manifestantes, opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. El documento advierte que se trata, en los hechos, de la creación de una policía secreta, con agentes sin identificación pública, lugares de detención desconocidos y ausencia de garantías básicas.
Fuerzas Armadas y ecos de la dictadura
La reforma también devuelve a las Fuerzas Armadas funciones de inteligencia interna, violando la Ley de Defensa Nacional y borrando límites construidos desde la transición democrática.
“La posibilidad de espiar organizaciones no estatales que no se definen ni describen, habilita a las Fuerzas Armadas al espionaje político interno”, señala la CPM, que vincula estos cambios con prácticas propias de regímenes autoritarios y experiencias históricas de policías secretas en Europa y América Latina.
Congreso ausente y Justicia en retirada
El documento cierra con una crítica severa al rol del Poder Judicial y del Poder Legislativo. La CPM denuncia el cierre sistemático de causas por espionaje ilegal y la falta de conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia, órgano clave de control parlamentario.
Ante este escenario, el organismo reclama al Congreso el rechazo del DNU 941/2025 y al Poder Judicial la declaración de inconstitucionalidad de la reforma, para frenar lo que define como una expansión ilegítima y peligrosa del poder punitivo estatal.
“A fin de revertir esta reforma de enorme gravedad institucional, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires solicita al Congreso Nacional la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el rechazo al DNU 941/2025 y al Poder Judicial de la Nación la declaración de inconstitucionalidad de esta reforma y el cumplimiento de su rol de garante de derechos y contralor de este poder punitivo estatal ilegal”.