Por Nahuel Croza | “En la zona de los incendios en Chubut se investigan hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego”, sostiene en un posteo en X, del 11 de enero, el Ministerio de Seguridad Nacional —sí, cambiaron su nombre en febrero 2025 a través del DNU 58/2025, ahora llevan el título de la doctrina que en los 70 regó de sangre popular el continente y que Trump reedita— que conduce Laura Monteoliva.
“Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”, continúa el mensaje impunemente sin siquiere sugerir una evidencia. Una nueva muestra de la enorme creatividad de los creadores de la RAM: siempre que hay un problema o es necesario distraer a la opinión pública toman mano del enemigo mapuche —o “autodenominado mapuche”—.
En la misma línea, el gobernador Ignacio Torres, como lo hizo el año pasado cuando en medio de los incendios realizó doce allanamientos simultáneos en la zona de Esquel y alrededores a comunidades y familias mapuches, declaró a los medios en el contexto de la catástrofe en la zona de Epuyén: “Son grupos violentos que se embanderan en falsas banderas originarias para cometer delitos, tomar tierras de manera ilegal, no quieren turismo y son personajes que no queremos en la provincia, son delincuentes y tienen que estar presos”. Torres denunció que hubo llamadas anunciando los presuntos ataques incendiarios en Puerto Patriada a la vez que aparecieron en la zona media docena de viejas granadas militares sumergidas en las costas del lago Epuyén, que luego se atribuyeron al hundimiento de una lancha de Gendarmería muchos años atrás.
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“El fuego inició por una tormenta eléctrica, por un rayo concretamente, en Puerto Patriada. Ese foco, el que más nos preocupa y ocupa por la cercanía al pueblo, no fue intencional”, sostuvo Torres en una entrevista con Radio Mitre.
Según fuentes judiciales y peritajes de la Policía Federal, en los focos de Puerto Patriada y Cholila se encontraron rastros de acelerantes y material combustible, descartando por completo causas naturales o accidentales. Es difícil imaginarse cómo procedió tan rápido la Justicia cuando aún muchos focos siguen activos, pero mejor un chivo expiatorio que un avión hidrante.
La hipótesis de la mano fantasmática de la RAM —que la exministra Bullrich se apuro a poner en escena en las últimas horas en un posteo en X— o de cualquier otra organización originaria como señalaron Monteoliva y Torres fue descartada por el fiscal general de la provincia Carlos Díaz-Mayer, que investiga el origen de los incendios y sostiene la hipótesis de la intencionalidad.
“Somos parte del territorio”
Frente a los ataques de los gobiernos nacional y provincial, Orlando Carriqueo, referente del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, sostiene en diálogo con Canal Abierto: “Es una irresponsabilidad política del Gobernador de Chubut que en una conferencia de prensa acusó a comunidades mapuches de está situación. Sin pruebas nos señala, en lo que ya es una tradición de los gobiernos patagónicos. La idea es generar un escenario, junto al gobierno nacional, para continuar la persecución y en búsqueda de generar un enemigo interno”, destaca. Esta escena tiene su correlato en el discurso mediático y en el accionar de las fuerzas de seguridad.
En un comunicado, la organización rionegrina se solidarizó con la comunidad de la Comarca Andina -que abarca zonas de ambas provincias, aunque las llamas no cruzaron a Río Negro- y explicitó que estos incendios tiene un sólo motivo: el desalojo “con el objetivo de poner a disposición del negocio inmobiliario las tierras arrasadas por el fuego, tal como lo establecieron los gobernadores y el gobierno Nacional en el Consejo de Mayo y anunciado por Adorni en diciembre del año pasado”.
A este respecto, cabe aclarar que la Ley de Manejo del Fuego (26.815) que establece la prohibición de venta, loteo, subdivisión o realizar modificaciones en el uso y destino que esas superficies tenían antes de un incendio por un plazo que va de entre los 30 y los 60 años, aún no ha sido derogada o modificada, pero sí anunciada la intención por parte del presidente Milei y del mencionado Consejo.
“Nosotros venimos diciéndolo, cuando nos acusan de incendiar nuestro propio territorio, que no es posible dentro de la cosmovisión mapuche. El pueblo mapuche es parte del territorio. Nosotros entendemos que el bosque, el cerro, la montaña, el lago, el río son elementos sagrados, que la Mapu (Tierra) es un elemento sagrado y que nosotros somos parte de ese territorio”, advierte el werken.
“Es como atacarnos a nosotros mismos. Estas acusaciones buscan desconocer las pautas culturales de los pueblos indígenas, no sólo del pueblo mapuche y tehuelche; los pueblos indígenas tenemos una relación no de propiedad privada, sino de ser parte de los territorios. Por eso nos preocupa tanto y por eso lo defendemos. Por eso no queremos minería, no queremos proyectos energéticos. Por eso reclamamos por las hidroeléctricas, por eso reclamamos por el fracking, la contaminación del agua y contra la apropiación de los territorios”.
El Estado argentino utiliza el fuego
Carriqueo historiza estos fuegos y acusa: “El incendio y el fuego ha sido uno de los elementos históricos que ha tenido el Estado Argentino para correr a las familias mapuches. En la ‘Conquista del Desierto’, y luego también, cuando se llegaba a un lugar se deshabitaba: se subían las cosas a los carros de la gente, si no se las detenía, y se incendiaban la casa y la cosecha. Era una manera de correr a las familias y dejarlas sin sustento, impidiéndole volver a ese territorio”.
“El fuego siempre ha sido un elemento que ha puesto el Estado, en la Conquista y después, en los tiempos en que actuaba la Policía Fronteriza —creada en 1911 y vigente hasta 1914, para mantener la “seguridad” en los territorios nacionales, particularmente en la zona cordillerana de lo que hoy son Chubut y Río Negro—. Toda esa zona ha sido escenario de hechos como los que te estoy contando”, describe Orlando quien llegó esta mañana a su ciudad Fisque Menuco, proveniente del centro oeste de la vecina Chubut, de Pocito Quichaura, una reserva indígena en cercanías de José de San Martín, “de dónde es la familia del ministro de Seguridad chubutense, Héctor Iturrioz. Y donde su padre, un comerciante, se apropió de territorios indígenas que hoy están a su nombre. Ese es el ministro que acusa al pueblo mapuche”, sostiene el vocero indígena.
En estos días, el funcionario mencionado declaró a la prensa que “la hipótesis respecto del incendio es que fueron los mapuches, porque es lo que muestra la historia”.
“Estas policías fueron exitosas en “limpiar” o “depurar” las zonas fronterizas (nacionales y entre las gobernaciones) de pobladores considerados “indeseables” para el proyecto colonizador estatal”, sostiene en un trabajo sobre estas policías la historiadora e investigador del Conicet Pilar Pérez. Hoy el estado trabaja despoblando el territorio para el inversor extranjero, llámese Benetton, Lewis o algún emir de Qattar.
“Nosotros no somos los que hemos utilizado el fuego como un mecanismo de corrimiento y de despojo. Es el Estado el que lo utilizó hace 100 años, hace 145 años y hoy lo vuelve a utilizar”, concluye Carriqueo.
Defender los bosques es defender la vida
Además de la histórica sequía, fue el año con menos nevadas en dos décadas en la región, hay gran cantidad de razones estructurales que favorecen al fuego, pero uno de los más importantes es la difusión de plantaciones de pinos.
“¿Por qué los gobernadores de las provincias patagónicas nada han hecho para erradicar las plantaciones de pinos (NdeR: impulsadas por estos mismos estados en décadas anteriores), frenar la invasión de sus renovales e implementar medidas que eviten el rebrote de esta especie en sectores que han sido afectados por incendios en años anteriores? Hace años, infinidades de voces, tanto académicas como populares aseguran que los pinos actúan como reservorios de dinamita en los incendios forestales; que sus pavesas encendidas se dispersan a gran velocidad en distintas direcciones generando nuevos focos de incendios pero los mandatarios provinciales hacen oídos sordos y la vista gorda y se encubren culpando al pueblo mapuche. Así lo hicieron los gobernadores de Río Negro y Chubut en los incendios de 2025”, sostiene el comunicado del Parlamento Mapuche. En 2026, el saldo ya es más catastrófico: según estimaciones preliminares, 12.000 hectáreas, la mayoría de monte nativo, fueron arrasadas.
Foto de portada: Matías Garay – Greenpeace Argentina