Redacción Canal Abierto | El 3 de marzo de 2016, el homicidio de la líder social, defensora de los Derechos Humanos y el medioambiente, Berta Cáceres, sacudió a Honduras y a la región. La mujer de 43 años, perteneciente a la comunidad lenca y madre de cuatro hijos, se había convertido en un emblema internacional de la resistencia de los pueblos indígenas al extractivismo, y en particular, a la instalación en sus territorios de la hidroeléctrica Agua Zarca, impulsada por la empresa nacional Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Como señala el Grupo de Expertos y Expertas para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) que el pasado lunes 12 de enero hizo entrega de su Informe Final en un acto el Tegucigalpa, el crimen de Berta no fue un hecho de violencia común, ni fortuito. Por el contrario, “fue la culminación de un proceso prolongado de persecución, vigilancia, criminalización y violencia ejercida contra la lideresa indígena que, durante años, encabezó la defensa del territorio lenca frente a la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”.
“Berta Cáceres era una figura de proyección nacional e internacional. Como coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), articuló la resistencia de comunidades indígenas frente a proyectos concesionados sin consulta previa, libre e informada, en violación de obligaciones constitucionales e internacionales del Estado hondureño”. “Su liderazgo –recuerdan desde el GIEI- fue decisivo para frenar el avance de la represa Agua Zarca, promovido por la empresa DESA, y para visibilizar, dentro y fuera del país, los impactos sociales, ambientales y culturales de estos proyectos”.
Esto no paso desapercibido para los directivos de DESA, quienes “desde etapas tempranas del proyecto Agua Zarca” identificaron a Berta como “un obstáculo estratégico para la consolidación del emprendimiento hidroeléctrico”. “Esta condición –destacan- la colocó en una situación de riesgo previsible y ampliamente documentada. En efecto, “pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no adoptó medidas eficaces para proteger su vida ni para desactivar los factores de riesgo asociados al conflicto territorial”.
Los resultados de la investigación
A casi diez años del crimen y tras once meses de trabajo, el Grupo de Expertos y Expertas que fue conformado tras la firma de un acuerdo con el Estado hondureño a principios de 2025, presentó un informe de 524 páginas con aportes fundamentales y actualizados para la investigación de los hechos, y con recomendaciones dirigidas a garantizar la reparación integral y la no repetición.
Entre los principales hallazgos, destacan:
-Que el asesinato de Berta Cáceres fue el resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación que incluyó sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), así como redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado.
-Que el crimen fue previsible y prevenible: Los Expertos afirman que existía “información concreta en manos del Estado y en tiempo real que alertaba sobre su planificación, incluyendo interceptaciones telefónicas en las que se discutía explícitamente el asesinato, se negociaban pagos, armas y logística, y se hacía referencia a decisiones adoptadas por niveles superiores (…)”. “Pese a contar con esta información en tiempo real”- destacan en el informe- “las autoridades estatales no activaron mecanismos de prevención ni adoptaron medidas oportunas para impedir el crimen, omisión que el GIEI califica como una violación grave del deber de debida diligencia”.
-Que el crimen fue financiado a partir del desvío de fondos internacionales: El GIEI determinó que “los fondos desembolsados por bancos internacionales de desarrollo —principalmente el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO)—, destinados formalmente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, fueron desviados de su finalidad original y utilizados para financiar un conjunto de actividades ilícitas vinculadas a la gestión violenta del conflicto territorial, incluyendo operaciones de vigilancia e inteligencia ilegal, incursiones armadas, logística y pagos asociados a dichas operaciones, así como, en última instancia, el asesinato de Berta Cáceres” .
Entre otras cuestines, el GIEI identificó operaciones financieras realizadas inmediatamente después del asesinato, mediante las cuales se cobraron cheques en efectivo por un monto equivalente a, por lo menos, parte del pago ofrecido a la célula sicaria para ejecutar el crimen.
-Que integrantes de la familia Atala, dueña de DESA, daban órdenes directas al Gobierno en pos de sus interesas: El informe determinó que éstos “participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial”. “En particular, se identificaron gestiones destinadas a articular intervenciones estatales —incluidos desalojos— a través de contactos de alto nivel en el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional, con el objetivo de neutralizar la oposición comunitaria al proyecto”.
-Desde el GIEI también constataron el accionar de la empresa DESA para: financiar actividades de vigilancia e inteligencia ilegal, estructuras parapoliciales y logística represiva; cooptar autoridades públicas y municipales; influir en fuerzas de seguridad estatales; manipular la narrativa pública; y blindar financieramente un proyecto inviable e ilegal, asegurando la continuidad del financiamiento internacional.
Cuando los privados cooptan al Estado
En el extenso informe, el Grupo de Expertos y Expertas de la CIDH permite analizar, de manera documentada, la trama financiera y el modus operandi de los actores que impulsan proyectos extractivos en Honduras, pero también, en casos de criminalización y persecución a las comunidades que resisten a este modelo en otros países de la región.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca instalado en el territorio indígena lenca de Río Blanco –concluye el informe- constituye un caso paradigmático de un modelo “marcado por la violencia, la militarización, la corrupción, la concentración del poder económico y una institucionalidad progresivamente capturada por intereses privados”.
“Su autorización se sustentó en licencias irregulares, contratos administrativos viciados y procesos de titulación individual que desconocieron derechos colectivos. La implementación del proyecto se realizó mediante la militarización del territorio, la cooptación comunitaria, el uso de violencia, y la criminalización sistemática de quienes defendían el río Gualcarque como espacio sagrado, cultural y de subsistencia”.
Pero además, sostiene el GIEI, “su implementación fue posible gracias a financiamiento internacional otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) en 2014, pese a la existencia de un conflicto territorial conocido, una oposición comunitaria sostenida y riesgos evidentes para las personas defensoras del territorio”.