Por Nahuel Croza | Cinco países de América Latina elegirán a sus presidentes en 2026, entre ellos Brasil y Colombia, dos de las tres mayores democracias de la región. Perú, Costa Rica y Haití completan la lista de las naciones que van a comicios generales este año. Mientras tanto, el 11 de marzo asumirá en Chile José Antonio Kast, retoño (más exactamente, engendro) del pinochetismo que regresa al poder luego de 36 años, tras perder el plebiscito en 1988 que determinó la salida del poder del dictador.
Así se ordena el calendario electoral latinoamericano:
• Costa Rica: acude a elecciones presidenciales y legislativas el 1º de febrero. Si ningún candidato supera el 40% de los votos el balotaje presidencial será el 5 de abril.
• Perú: elecciones presidenciales y legislativas el 2 de abril; balotaje el 7 de junio.
• Colombia: legislativas el 8 de marzo; primera vuelta de las presidenciales el 31 de mayo; balotaje previsto para el 21 de junio.
• Haití: elecciones generales el 30 de agosto; balotaje el 6 de diciembre.
• Brasil: elecciones generales el 4 de octubre; balotaje el 25 de octubre.
Costa Rica, el primer turno
El 1 de febrero de 2026, la ciudadanía de la otrora “Suiza de Centroamérica” elegirá a el o la presidenta, a dos vicepresidentes y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.
Rankeada entre las democracias más estables y funcionales de la región, Costa Rica está siendo sacudida en los últimos años por factores políticos que muestran cierto desgaste del sistema representativo, reflejado en la apatía que se observa en las encuestas donde priman quienes aún no definen su voto; dificultades económicas que se agudizan en determinadas regiones y sectores de la economía del país; y, aunque sigue siendo uno de los países más seguros del continente, una crisis de inseguridad: ha duplicado la cantidad de homicidios -de 8,7 cada 100 mil habitantes en 2012 a 16,7 en 2024, según cifras del Poder Judicial-.
La violencia criminal, derivada de la incidencia del narcotráfico que utiliza el territorio costarricense como vía de tránsito y producción ilícita de drogas, es una de las mayores preocupaciones en la ciudadanía. Una encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica de septiembre de 2025, detectó que la inseguridad y delincuencia con un 45% de las menciones es señalada como el principal problema del país. En segundo lugar, con un 15,5% se destaca la corrupción y recién en tercer lugar la situación económica, con un 6,9%.
En un informe publicado en septiembre por la Casa Blanca, el gobierno estadounidense incluyó a Costa Rica en la lista de 22 naciones señaladas “como importantes países de tránsito o de producción de drogas ilícitas” -junto a Colombia, Afganistán, Bolivia, Venezuela, entre otros-.
Pese al cambio de rumbo de la administración Trump-Rubio que viró el eje de su política exterior hacia el continente, o como ellos llaman, “el hemisferio occidental”, renovando el “América para los americanos” de la Doctrina Monroe, por el “América para mí”, de la Doctrina Trump; en esta primera cita del calendario electoral latinoamericano, la Casa Blanca parece declararse prescindente. Es cierto que la inclusión del país en la lista de países implicados en el narcotráfico, inclinó a una agenda electoral y a una opinión pública ya permeadas por el tema.
Campaña embarrada
El pasado 13 de enero, una bomba mediática estalló en una campaña inusitadamente conflictiva para la tradición democrática del país centroamericano: el Gobierno denunció un supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves Robles, a poco más de dos semanas de unas elecciones en las que el oficialismo es favorito.
La candidata del Gobierno es la exministra Laura Fernández Delgado que lidera con ventaja la intención de voto -recoge el 30% de las preferencias según las encuestas- con una campaña centrada en la mano dura para enfrentar la inseguridad. Sin embargo, la postulante del Partido Pueblo Soberano, pierde frente al 45% de los ciudadanos que aún no definen su voto en los sondeos.
Previo a esta denuncia, el presidente Chaves, que apoya expresamente a Fernández, sorteó dos procesos en los que el Congreso intentó quitarle la inmunidad presidencial para que responda por las 24 denuncias por beligerancia política ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y más de 40 causas en la Fiscalía. A pesar de ello, el economista termina su gobierno con un alto índice de aprobación social y sus fueros intactos.
Fernández debe alcanzar el 40% de los votos para ganar en primera vuelta. Entre los 20 postulantes, sólo ella acumula un número de dos cifras en los sondeos. Una encuesta de Opol Consultores, del 23 de diciembre de 2025, señaló que la candidata oficialista recibe el respaldo del 39,45% de los votantes, frente a 5,64% de Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional), y 3,13% de Ariel Robles (Frente Amplio). Esta misma encuesta señaló un 33% de personas indecisas.
Fotos: larepublica.net