Redacción Canal Abierto | El Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un período de 12 meses, mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial. La medida fue oficializada el 22 de enero de 2026, en pleno funcionamiento de la temporada de cruceros 2025-2026.
La notificación a las autoridades provinciales se realizó en la madrugada del 21 de enero, a las 00.03, con la presencia masiva de la Gendarmería en las inmediaciones del Puerto.
La intervención se justificó por la detección de irregularidades financieras y fallas en la infraestructura portuaria.
Sin embargo, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego emitió una dura respuesta rechazando las excusas de la Casa Rosada y anticipó que recurrirá a la Justicia para cuestionar la intervención. En un comunicado, la gestión de Gustavo Melella expresó su postura ante “la abrupta intervención del puerto de Ushuaia”.
El texto dice que la decisión se tomó “sin razones”, ya que el puerto “crece y funciona con total normalidad” y “en las últimas dos semanas se registró récord de arribo de barcos que fueron recibidos con una operatoria sincronizada”. La posición provincial advierte sobre “narrativas preocupantes” al respecto de las “intencionalidades geopolíticas o económicas —no explicitadas— que trascienden la realidad del puerto y que parecieran estar detrás de una medida de esta magnitud”, refiriéndose sin nombrarlas a las múltiples denuncias por acuerdos comerciales y hasta militares con Estados Unidos.
Finalmente, Tierra del Fuego anunció que reclamará judicialmente por la situación.
La denuncia administrativa que utilizó Milei para justificar la intervención la realizó Juan Avellaneda, titular del sindicato Unión de Personal Superior Ferroviario. La intervención autoriza solamente a los trabajadores afiliados a ese gremio a operar en el puerto.
Hace dos semanas, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, advertía: “Quieren intervenir el Puerto de Ushuaia para entregarlo a Estados Unidos. Están avasallando el federalismo de las provincias. Llama la atención que por una denuncia realizada por un empleado del puerto y representante sindical que es afín a la Agencia Nacional de Puertos, nos hayan iniciado auditorias técnicas y económicas, cuando son temas específicos de la provincia”.
