Redacción Canal Abierto | Tras la renuncia de Marco Lavagna por oponerse a demorar más la actualización de los índices inflacionarios, la Junta Interna de ATE en el INDEC emitió un comunicado donde cuestiona la decisión de continuar con la vieja medición y denuncia posibles interferencias políticas en el funcionamiento del organismo.
A través de una declaración pública, el gremio expresó su “más enérgico rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la actualización de las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18), cuya aplicación había sido comprometida para la publicación del dato de enero el próximo 10 de febrero”.
El pronunciamiento de los trabajadores ocurre luego de la salida del director del instituto y las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció sin sonrojarse que su renuncia se debió a que tanto él como Javier Milei “tenían la visión de que había que implementar un cambio cuando el proceso de desinflación esté consolidado”. En otras palabras: que son ellos, y no el titular del organismo estadístico, quiénes definen cómo se miden los indicadores sociales.
En este sentido, ATE-INDEC destaca que la decisión oficial se produjo “a pocos días de una difusión estadística clave para la vida económica del país”, que Lavagna ya había confirmado, y estuvo acompañada por “movimientos institucionales y decisiones que alteran el normal desarrollo de procesos estrictamente técnicos”.
Las estadísticas también pesan en los bolsillos
Desde la Junta Interna sostienen que los hechos “no pueden interpretarse como aislados” y advirtieron que “constituyen una señal de intromisión política en decisiones metodológicas que deben ser exclusivamente profesionales y científicas”.
“La comparabilidad se puede garantizar sencillamente expandiendo la serie con los nuevos ponderadores hacia el pasado o incluso publicando ambas metodologías en paralelo”, aseguran desde el organismo. En contraposición, afirmaron que “lo único que se logra con esta medida es debilitar la confiabilidad del instituto y sus publicaciones, utilizando patrones de consumo desactualizados para esconder el costo real del ajuste”.
El planteo tiene asidero. De haberse actualizado la ENGHO con la que se mide la inflación, el nuevo IPC le hubiese dado más peso a las tarifas energéticas, ya que representan un gasto mucho más importante hoy que en 2004, fecha de la Encuesta que el Ejecutivo decidió seguir utilizando.
En concreto, según datos de Eco Go Consultores, el costo de las tarifas constituiría un 14,5% del total de los gastos del hogar, en vez del 9,8% del IPC actual. Con los aumentos del gas (16%) y luz (3,6%) pautados para febrero, los futuros índices inflacionarios se hubieran disparado.
Para el Gobierno, la relevancia de no actualizar el índice no consiste sólo en poder continuar con la narrativa de que la inflación “está bajando” —aunque lleva 7 meses consecutivos en alza—, sino en las implicancias que un IPC artificialmente bajo tiene en los bolsillos de los argentinos.
“Las estadísticas públicas son un bien social estratégico: de ellas dependen salarios, jubilaciones, convenios colectivos, políticas sociales, presupuestos y decisiones productivas —explica el comunicado de los trabajadores del INDEC—. Manipular, demorar o condicionar su actualización deteriora la credibilidad del organismo y lesiona el derecho de la sociedad a contar con información confiable”.
Sobre las declaraciones de Caputo, el documento también señala que, desde el Decreto 927/2009, “el INDEC funciona como organismo desconcentrado bajo la órbita del Ministerio de Economía”, lo que “contradice el principio básico de autonomía que todo instituto estadístico moderno requiere y facilita presiones e interferencias sobre decisiones técnicas”.
Asimismo, exige “la publicación inmediata del IPC con las nuevas ponderaciones, tal como estaba previsto”, el “respeto irrestricto a la autonomía técnica del INDEC” y la revisión del marco legal vigente para avanzar hacia “una nueva ley orgánica que garantice independencia funcional y autarquía”.
Ilustración: Marcelo Spotti