Redacción Canal Abierto | El conflicto en torno a la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sumó un nuevo capítulo tras la reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas de este jueves.
“Si los aumentos se calculan desde bases que arrastran deudas, nunca se va a poder lograr el objetivo. Claramente la situación va a ser peor”, advirtió el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre los incrementos arancelarios definidos por el organismo.
La Ley de Emergencia en Discapacidad —aprobada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo, insistida por el Legislativo y actualmente atravesada por intervenciones judiciales que buscan garantizar su implementación— apunta a proteger los derechos de las personas con discapacidad, sosteniendo el funcionamiento del sistema de prestaciones de salud, educación, albergue y transporte.
En ese sentido, en el Foro remarcan que uno de los puntos centrales para que esto ocurra es la recomposición económica de los prestadores, quienes atraviesan una situación “económica crítica, al borde del cierre, por falta de adecuación de los aranceles que fija el Estado Nacional al costo de vida de estos años”.
Luego advierten que los aumentos recientemente otorgados no resuelven el problema estructural, incurren en inconsistencias técnicas y no logran “recomponer las deudas generadas por este gobierno”.
Frente a ese escenario, la entidad plantea que “el Gobierno tiene que establecer un aumento del 40% para recomponer la situación y garantizar los derechos de las personas con discapacidad”.
Finalmente, el Foro expresa su preocupación por el impacto social del conflicto y sostiene que los incrementos otorgados “no cumplen con el espíritu de una Ley que reconoce una emergencia provocada por funcionarios que no tuvieron en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y de quienes les brindan servicios”.