Redacción Canal Abierto | El derrumbe de un edificio en Parque Patricios, construido como parte del Plan ProCreAr que dejó a unas 150 familias sin techo aviva la pregunta respecto del funcionamiento de los controles, en este caso edilicios, y de las políticas de construcción de viviendas que se dan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La referencia al plan de viviendas emblema del kirchnerismo viene a colación para subrayar que se trata de un edificio reciente. En este caso, había sido adjudicado en 2021. En este caso, el programa nacional fue ejecutado por la Constructora Sudamericana y los créditos se dieron a través del Banco Hipotecario.
Eva Koutsovitis es ingeniera hidráulica, coordina la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, es fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y, consultada por Canal Abierto planteó que “cuando suceden este tipo de tragedias, siempre estamos frente a una multicausalidad”. Y observó que “si bien estamos hablando de un importante complejo habitacional construido por Nación, los controles le corresponden al Gobierno de la Ciudad”.
La especialista, que también es parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad, señaló que “los edificios o las estructuras suelen dar aviso antes de colapsar. En particular, acá estamos hablando de un entrepiso sin vigas. La losa que se derrumbó es la que los vecinos vienen mencionando que desde hacía tiempo sufría filtraciones continuas. Esas filtraciones sobre ese entrepiso sin vigas seguramente generaron corrosión en los hierros de las armaduras. Cuando eso sucede, esas armaduras aumentan su volumen y muchas veces quedan a la vista. En este caso, por el tipo de losa, los hierros estaban colocados del lado de arriba y como arriba había un jardín, es muy probable que esa señal de aviso no haya podido verse”.
Kotsovitis remarcó que “hay un montón de interrogantes que van a ser esclarecidos a partir de la pericia técnica. Lo primero que uno podría preguntarse es si desde el inicio del proyecto estaba previsto colocar un jardín sobre la losa del estacionamiento y si el espesor de la tierra era el del diseño de la estructura. También hay que ver si el jardín se colocó con posterioridad al cálculo del edificio y si esas filtraciones son consecuencia de una falla constructiva, porque uno también se pregunta por qué una construcción nueva tiene filtraciones en el corto plazo. La falta de mantenimiento es otro dato clave”.
Y apuntó a distintos responsables de la situación: “la empresa constructora, la empresa que administra el edificio, el Gobierno de la Ciudad, porque uno se pregunta si realizó los controles adecuados. También aparece como interrogante si hubo una construcción próxima a este complejo que pudiera haber afectado las condiciones estructurales. Esto pone en evidencia el nivel de improvisación del gobierno porteño, que es quien tiene que estar a cargo de esta contingencia. Hoy las familias no saben a dónde van a dormir”.
La ingeniera recordó que “durante la gestión del PRO, en estos casi 20 años, la construcción no se ha detenido. La construcción de nuevos edificios ha sido alimentada y fomentada desde el gobierno sin planificación y sin controles. En un momento se planteó que la ciudad de Buenos Aires tenía que ser una ciudad para 6 millones de habitantes, en lugar de para 3 millones, como lo es desde la década del 50. Para duplicar la población, se autorizó la sobreconstrucción y la sobredensificación sin importar si en esos edificios iban a vivir personas, iban a ser activos financieros o un mecanismo de lavado de dinero. Esta sobreconstrucción se llevó adelante sin evaluar los impactos ambientales, el colapso de los servicios públicos y, en particular, sin ningún análisis de la seguridad estructural de los edificios linderos, sobre todo los antiguos”.
“Es importante reflexionar, en el marco de esta tragedia, que tenemos un gobierno porteño que impulsa la sobreconstrucción desplanificada a través de ir cambiando las reglas del juego. Esa sobreconstrucción está colapsando servicios, destruyendo la identidad de los barrios, perjudicando la calidad ambiental y eliminando el patrimonio cultural”, expuso Koutsovitis.
Mientras tanto, las familias que fueron evacuadas están parando en hoteles a costa de Constructora Sud. Sin embargo está la incertidumbre de cómo proseguirán sus vidas y cuándo podrán volver a sus hogares.
Canal Abierto dialogó con Juan Bautista Canavesi Sosa, uno de los afectados, quien contó que “todos los vecinos que estaban en ese momento tuvieron que evacuar inmediatamente, alrededor de las 5 de la mañana. Desde entonces, no se pudo volver a entrar más que un minuto por persona, acompañados por bomberos, para retirar unas pocas cosas mínimas. Hoy estamos en distintos hoteles y alojamientos con apenas un puñado de ropa. En muchos casos, con hijos pequeños y otros con mascotas, a quienes les fue muy difícil encontrar lugar, sobre todo al principio, porque el hotel que había provisto la empresa junto con el Gobierno de la Ciudad no recibía mascotas”.
Por lo pronto, han decidido presentar una demanda colectiva y tener una representación única, a cargo de Fernando Burlando. Canavesi señaló que “no tenemos canales claros de comunicación. Se acercó la apoderada de la empresa, que dio las primeras informaciones y avisó que en la nos podíamos anotar para los alojamientos. Desde ahí empezaron a circular un teléfono de WhatsApp para confirmar las reservas, pero después no hubo más comunicaciones. Hoy no las tenemos, ni con la empresa, ni con el Banco Hipotecario, ni con el Gobierno de la Ciudad. El único canal medianamente activo es el de nuestro administrador, y la información llega muy a cuentagotas”.
El afectado planteó que si bien el administrador es una persona elegida por los habitantes y “a quien ya le habíamos hecho reiterados reclamos por infracciones que se veían en la cochera y por la necesidad de hacer intervenciones. Esos reclamos no fueron escuchados en tiempo y forma, y se fueron arrastrando distintos problemas hasta que ocurrió lo que pasó”.
A modo de ejemplo, dijo que ante reclamos por daños a los autos que se encontraban en el estacionamiento, la única respuesta fue reparar los daños de los vehículos, peor sin atacar la causa.
“Hoy no hay ninguna respuesta cierta sobre qué pasó, cómo está el edificio ahora ni qué acciones se van a tomar para garantizar que podamos volver lo antes posible. Al contrario, hay mucha incertidumbre, mucha especulación y, sobre todo, mucho temor. Somos 150 departamentos, 150 familias, y no sabemos si vamos a poder volver a nuestras casas en el corto plazo, ni siquiera si vamos a poder volver en algún momento”, agregó Canavi Sosa.
Entre las respuestas que han recibido de forma escueta, no queda claro si el apuntalamiento les permitirá volver en el transcurso de meses o de algunos años.
En este sentido, también preocupa el aspecto económico, ya que se trata de personas que continúan pagando el crédito y no saben si, además, deberán afrontar el pago de un alquiler. “Ninguna autoridad del Banco Ciudad ni del Banco Hipotecario nos ha insinuado la posibilidad de suspender el pago del crédito hasta que se solucione la situación. Por ende, si no continuamos con los pagos, acumulamos deuda”.
“Si uno se detiene a pensar en el riesgo que hay, en la cantidad de instituciones involucradas —el Banco Hipotecario, el Estado nacional, el Estado de la ciudad, la administración del edificio— se vuelve más complejo tener una respuesta clara y rápida. Y si nos ponemos a pensar en los servicios, que están suspendidos, y que no sabemos si los caños de gas están rotos o si se podrán poner en marcha pronto, todo eso nos genera un escenario en el que probablemente estaremos meses o tal vez años hasta poder volver. En el medio, está nuestra vida”, concluyó el propietario.
